Mesa de Redacción
- Intrusión del legislativo en investigación de feminicidios
- La sobrerregulación normativa de protección a mujeres
- Problema multifactorial, cultura y eficacia de la FGE
El voluntarismo de las diputadas que son parte integrante de la XXXIII legislatura las lleva a una peligrosa condición de no reparar en el sistema jurídico político que prevalece en nuestro país; este diseño tiene establecido su ámbito de competencias claramente definido; y al parecer existe una intrusión del legislativo en los otros poderes locales en la reciente iniciativa de la diputada Monts.
Tanto la denominada “Ley cero moches” como la iniciativa que se comenta han sido duramente criticadas por las asociaciones de Abogados, expertos en derecho, que con grados académicos indiscutibles y experiencia en procesos penales, tienen azoro por las singulares producciones legislativas, y hacen llegar sus preocupaciones a este portal por la carencia del proceso previo de consulta sobre temas polémicos que son de la competencia del poder judicial y de la Fiscalía general del Estado.
En México, merced a la forma constitucional de la división de poderes, el legislativo está impedido para usurpar funciones de procurar o administrar justicia, la entidad que se proyecta, invade funciones sustantivas de los otros dos poderes; es de esperarse que no se incurra en controversias constitucionales.
El boletín del congreso que informa de manera puntual no tiene desperdicio:
“Atender de manera exclusiva los asuntos de feminicidio en Nayarit será tarea de la Comisión Especial de Investigación en Materia de Feminicidios, propuesta por la diputada Laura Paola Monts Ruiz, integrante de la Fracción Parlamentaria de Morena.
La legisladora local argumentó que es necesaria la creación de nuevos mecanismos que intervengan más activamente en la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres, que coadyuven a la responsabilidad del Estado y de sus servidores públicos de asegurar y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
En su intervención, Monts Ruiz se refirió a que la violencia contra las mujeres y sus consecuencias han sido una preocupación recurrente a nivel internacional, nacional y local: “hemos de reconocer que los esfuerzos no han sido suficientes, es por eso que buscamos implementar nuevas estrategias jurídicas que abonen a resolver este problema que permanece en la sociedad”.
Mencionó que de acuerdo con datos proporcionados por el Centro Nacional de Información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, de enero a julio del 2020 se registraron 548 presuntos delitos de feminicidio en el país, y en los primeros siete meses de este año 564 casos: “en Nayarit la información que el semáforo delictivo proporciona del 2017 a la fecha, hay 28 casos de feminicidio confirmados”.
Monts Ruiz explicó que esta Comisión será enlace con las instituciones académicas, el Poder Ejecutivo y Judicial para la concertación de programas, actividades y acciones que aseguren y garanticen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en la entidad.
Esta propuesta fue remitida a la Comisión de Gobierno de esta Trigésima Tercera Legislatura para su estudio correspondiente”.
La recurrencia de la violencia contra la mujer en México, es un tema estructural de la sociedad, merced al atavismo machista que aún prevalece en la educación los hogares, en donde son precisamente las mujeres quienes como madres de familia actúan de manera permisiva en la educación temprana de sus hijos varones, orientada a la supuesta superioridad del macho respecto de la mujer.
Tema polémico que requiere sin duda un tratamiento multidisciplinario y con la obviedad de que se establezcan consultas previas con especialistas del ramo.
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