Son variopintas; apenas hace un par de lustros tenían los poderes judiciales locales, un espectro específico de actividades que le son propias; la función del Estado, de dotar a los particulares de un escenario para dirimir sus contradicciones económicas y familiares; así como el monopolio del ejercicio de la acción punitiva en contra de personas que de manera culposa o voluntaria infringen las normas penales.
Empero, receptores de una corriente continental, merced a trascendentales modificaciones de las responsabilidades de los gobiernos para con sus gobernados, con la evolución de los derechos sociales, de las garantías individuales, la emergencia de los derechos humanos, que luego se trocan en derechos fundamentales, todo ello con el manto protector de la filosofía garantista, han determinado a nivel continental un nuevo rostro del poder judicial.
Sin embargo, en México ha sido tradición que los poderes judiciales de las entidades federativas, fuesen el “patito feo” de los gobiernos, el hecho de regatearle la asignación de recursos presupuestales para que evolucionasen al ritmo de las demandas que imponen los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano ha suscrito, ha determinado que hoy, se encuentren en la más difícil condición de su existencia, de cara a las exigencias de una sociedad que demanda puntual congruencia con sus fines sustantivos.
El gobierno de la república, el congreso federal, muy dado a las reformas estructurales ha olvidado una cuestión que debiera ser de previo especial pronunciamiento..! aparejado a las cargas jurisdiccionales que les imponen a los Estados, debiera ir asignado el presupuesto necesario para que funcionen las nuevas tareas de los poderes judiciales locales.
Veamos; vino la reforma, le imponen a los poderes estatales la jurisdicción del narcomenudeo. Posteriormente, sin que nadie en México lo pidiera (fueron los gringos) el Senado impone la oralidad para los juicios mercantiles; con Felipe Calderón la carta magna impone con trascendentales adiciones en el artículo 1° responsabilidades convencionales a todos los jueces de todas las materias del país; y, prepara la más grande reforma en el sistema de justicia penal que el país haya sufrido, desde la vigencia de la Carta de 1917.
Y ahora con Enrique Peña, se hace vigente el nuevo sistema de justicia penal y como cereza del pastel les quita jurisdicción a las entidades federativas en el derecho electoral y remodela los tribunales administrativos, y, lo significativo, siguiendo la corriente de la unicidad judicial, decreta la desaparición de las juntas locales de conciliación y arbitraje para que la justicia laboral pase a ser parte de los poderes judiciales de los Estados.
EL CASO NAYARIT
El presupuesto del poder judicial de Nayarit, no ha sido aumentado en la misma medida en que le han impuesto sus nuevas tareas. Así de simple, lo cual es un oceánico contrasentido, no basta que el gobernador Roberto Sandoval haya respetado la independencia operativa del poder judicial y haya fortalecido en grado sumo la procuración de justicia y la prevención contra el delito.
El sátrapa ex gobernador anterior, para proteger a Pedro Antonio Enríquez y al denso poder judicial que heredaba, modificó la cara local para establecer que el presupuesto que elaborase el CEJ no podría ser modificado por el ejecutivo y como se propusiera, de esta manera debía ser remitido al legislativo. Ambos poderes no han sido obsecuentes con el poder judicial.
El reciente caso del nombramiento de los tres magistrados para integrar el Tribunal de Justicia Administrativa, requiere con urgencia la atención de Roberto Sandoval; en la sala constitucional administrativa del poder judicial, ya con la vacatio legis encima, se tienen que fijar audiencias de los juicios administrativos que se llevan en dicha jurisdicción, y los magistrados que la integran les han mandado dos atentos llamados para que se junten y preparen la entrega recepción y determinen criterios para fijar las fechas de las audiencias.
¿Qué han hecho los flamantes magistrotes..? Edmundo, el genio que dicen es Jesús, ni la dilecta señora Catalina se han dignado contestar los dos llamados de la sala, uno de los cinco magistrados me dicen que emitió una propuesta, hacerle una atenta súplica al gobernante hegemónico: que nombre un secretario general de acuerdos del inminente TJA que sea ABOGADO (no solo que tenga título de licenciado en derecho) y que tenga experiencia, para que se encargue de lo urgente que les demanda la sala, mientras los tres magistrados nombrados adquieren la mínima experiencia para enfrentarse a los retos que les esperan en este tribunal.
Bromas aparte, lo que urge, es que tanto el gobernador como SU congreso local, tomen en serio, pero verdaderamente en serio! que para la operación del poder judicial, con la carga enorme de nuevas tareas, requiere un presupuesto acorde a la magnitud de estas funciones. No hay de otra, Roberto puede pasar a la historia como el gobernador que supo entender este escenario y dejarle al pueblo de Nayarit, el escenario óptimo de las funciones jurisdiccionales que el Estado debe prodigarle a sus gobernados.
Solo de esta manera, será procedente la exigencia ciudadana y del foro local para que el poder judicial optimice sus funciones, de manera pulcra, proba y expedita. Hoy en la disertación del presidente del TSJ y del CJE se tendrá que tocar estos temas, y de paso, Pedro Antonio Enríquez podrá entregar un poder judicial consolidado, acreditando en su patrimonio político que, para dentro de un lustro, será un hombre políticamente necesario…, digo.
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