- pese a privilegios procesales, delinquen
- la camarilla de Roy «N» ante juez de control
Como Abogado, siempre he considerado y se los he dicho a varios gobernantes, que la legislación que tiene el Estado mexicano, para hacer acciones de auditorías y fiscalización gubernamental, y que regula la actuación de todo gobernador, presidente municipal, titular de instituciones de gabinete y de organismos autónomos, es privilegiada; me explico, esta legislación establece que cuando encuentran irregularidades, les otorgan plazos cómodos para que regularicen y corrijan sus desaguisados.
No siempre son vulneraciones administrativas y aplicaciones incorrectas del gasto; normalmente aparecen el ejercicio indebido de funciones y, la malversación y aprovechamiento ilícito de recursos públicos; es decir, se detecta un «hecho que la ley califica de delito» y les dan la oportunidad de resarcirlo, de esta manera, de facto existe una excepción a la norma penal, que los hace inimputables a quienes hayan cometido latrocinios.
Pero no es una permanente impunidad, la misma legislación establece que sin una vez vencido el plazo y no cumplieron las con las observaciones resarcitorias, es decir, que regresen lo robado al erario, entonces, aparece la siguiente etapa administrativa que le corresponde a los titulares de los órganos de fiscalización y a los diputados, presidente de la comisión de gobierno y de la comisión de hacienda, cuenta pública y presupuesto, que no es otra cosa que presentar querella ante el agente del Ministerio Público para que en ejercicio de sus funciones, se inicie el proceso penal en contra del aquel funcionario que tomó para sí, de manera indebida, dineros del erario.
Este sería el caso que recientemente sale a la luz pública, el anterior Órgano de Fiscalización de la Cámara de Diputados local, ahora denominado Auditoría Superior del Estado, a cargo de Roy «N», fue auditado por la comisión correspondiente del congreso local, y encontraron varias irregularidades, entre otras, la disposición indebida de recursos a su cargo.
La ambición los pierde desde que llegan, Roy aplicó una política dacroniana de restricciones extremas, a los empleados que trabajan, les quitó el bono de productividad, quitó viáticos, gasolinas, gastos para pago de casetas, así, los auditores y sus jefes de departamento a la hora de ir a hacer los trabajos de fiscalización fuera de la ciudad capital, tendrían de su peculio que pagar todos sus gastos de traslados y alimentos.
Hubo otras formas de hacer «ahorros» del presupuesto a su cargo, los dineros que la ASF remiten para contrataciones transitorias, y programas que no se aplicaron, en fin todo un catálogo que a los auditores del congreso aparece en la fiscalización obligada, hicieron una bolsa millonaria que se distribuyeron entre sí, dinero solo para los cuates. Les dieron la gracia de los plazos que la ley señala, y no regresaron los dineros que indebidamente dispusieron.
Ahora, a Roy «N» se le acumula otro proceso penal, lo enfrentará desde el Cereso local, y todos los que ahí aparecen como presuntos delincuentes,constituyen el núcleo cercano de empleados e incondicionales que durante seis años, hicieron el goljorio de dilapidar dineros, o quedárselos en cuentas bancarias, que hoy les va a servir para pagar los Abogados que requieren para enfrentar el largo brazo de la ley, que, al menos en este caso, justificadamente ejerce la Fiscalía General del Estado, a cargo de Petronilo Díaz Ponce.
Este proceso penal en ciernes, sin duda que constituye el mejor aviso para que el actual encargado del despacho de la ASEN, el famoso galán de Héctor Benitez, reflexione y corrija indebidos privilegios salariales que tiene y prodiga a las mesalinas que les heredó el gobierno de Roberto Sandoval, regrese el bono de productividad a quienes si trabajan de verdad y que como cada año, les sacan a tiempo los resultados de las auditorías.
O al menos a la persona que maneja los recursos financieros, le otorgue los mismos privilegios que algunos de su círculo de incondicionales tienen, y no cometa el mismo error de Roy «N» que a quien le movió todos los dineros que indebidamente dispuso, no le daba ni un peso de compensación.
Ahora, ya en serio, desde este espacio les decimos que es tiempo de que los diputados estudien y corrijan este mecanismo de las fiscalizaciones, deben de derogar privilegios, quien haya cometido un delito, de inmediato se le proceso, y no como ahora, que tienen bastante tiempo para corregir desaguisados e inclusive devolver lo robado para evitar las resultas de los delitos.
Ellos, los diputados tienen la palabra…
