- personajes indispensables de la vida pública y privada
- necesaria revisión del modelo para obtener el Fiat
Nuestra larga tradición latina es el origen del notariado en América Latina, el canon establece que esta función que el Estado delega a un particular para que en su nombre realice y solemnice los actos cotidianos del mercado jurídico, en toda su amplia gama: actos de comercio, contratos de todo tipo, traslado de dominio de bienes inmuebles, legados, herencias, testamentos, certificaciones, creación de sociedades mercantiles, civiles, etcétera, tiene una serie de requisitos que, a últimos sexenios se ha puerilizado.
Cada fin de sexenio, los Abogados amigos del gobernador se agitaban en busca del Fiat, cada gobernante, al final de su sexenio otorgaba los pocos que podía en la ciudad capital, merced a que en las cabeceras municipales, eran los jueces de primera instancia los que funcionaban como Notarios por receptoría; situación que cambió con el gobierno del caudillo Emilio «eme» González, que modificó la Ley del Notariado, crearon las demarcaciones y otorgó una veintena de Fiat´s a sus amigos y ex funcionarios.
El ejercicio arbitrario y unipersonal que tiene el gobernador en turno para otorgar el ansiado «cuero de chivo con su sellito» no siempre cuenta con el beneplácito del gremio de Notarios y de Abogados suspirantes; hubo un gobernador a finales de los setentas en el siglo pasado que hizo notario a su secretario particular, sin contar con los requisitos que establecía la Ley del Notariado entonces vigentes, y nadie lo impugnó.
Luego, listillos que son los Notarios asociados en su colegio, crearon la figura de «notarios chiquitos» perdón, la de notarios suplentes para que solamente de éstos, que se supone ya estudiaron y tuvieron algunos años de experiencia de trabajo en una Notaría, pudieran salir las asignaciones a las nuevas notarías sexenales, figura que ha recaído en los hijos e hijas de los Notarios en ejercicio.
Vino con el gobierno de Antonio -el bigotón- una nueva Ley del notariado, que incluso la Asociación del Notariado mexicano la calificó y la puso como ejemplo en el país, la Ley «modelo» fue denominada, que estableció un rango superior para la creación de nuevas notarías, imponiendo un mínimo de controles para darle decencia y decoro al privilegiado derecho del gobernador en turno para ejercer esta facultad.
Empero, llegó a suceder a Antonio el sátrapa de la Mololoa y de entrada en uno de sus primeros actos autoritarios, fue modificar y darle en la madre a estos dispositivos de la Ley, para que sin requisito alguno pudiera acceder su hija a manejar su notaría que dejaba para ejercer el poder ejecutivo, ninguno de los agremiados dijo ni pío. ¿Porqué..? por la sencilla y poderosa razón de que el poder del gobernador en estos menesteres es omnímodo, así como otorga quita, y todos los ubicuos notarios tratan y lo logran de estar bien con gobernante en turno.
Y es que cada uno de ellos, en el paroxismo del poder hace lo que le da su real y chingada gana, así, los gobernadores han nombrado notarios a verdaderos burros enzapatados que no saben redactar ni una letra de cambio; se supone que con la Ley vigente, son los notarios por medio de los exámenes que deben practicar en el Colegio, los que determinan la primera parte del proceso de asignación de las nuevas notarías.
Y lo que ha prevalecido en las Notarías que han asignado los últimos gobernadores, es la falta de capacitación profesional y experiencia de los ungidos y sobre todo su dudosa calidad de Abogados, ya que egresaron de universidades privadas conocidas como «patito», siendo consustancial su ignorancia del amplísimo bagaje de cultura jurídica que se requiere para ser un verdadero letrado.
El ejercicio de acciones punitivas contra ex funcionarios del anterior sexenio, entre ellos varios notarios, es el patético descenlace de lo inopinado que resulta que un gobernador tenga un gobierno consolidado y no exista valladar político para que le detenga y le conmine a no hacer pendejadas, caprichos de imponer a sus incondicionales como Notarios sin tener el perfil, la experiencia y la capacidad que se requiere para tan delicada función fedataria.
En el mismo sentido y criterio gubernamental, que recién acaba de hacer el poder ejecutivo, mediante acuerdo administrativo publicado este 15 de agosto en el Periódico Oficial, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Nayarit, el secretario General de Gobierno, José Antonio Serrano Guzmán, declaró la cesación del ejercicio notarial del ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, preso en Estados Unidos por diversos delitos relacionados con la producción, trasiego y comercialización de narcóticos.
Edgar Veytia recibió el 23 de enero de 2016, de parte del entonces gobernador Roberto Sandoval Castañeda, la patente de notario titular de la notaría pública número 39 de la Primera Demarcación Notarial, con residencia en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, y el 29 marzo de ese mismo año se le concedió licencia para separarse de la función notarial para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado. En su lugar quedó su asociado Alonso González López.
El 7 de abril de 2017, el Congreso del Estado declaró por decreto la ausencia definitiva de Edgar Veytia, ante la imposibilidad formal y material de continuar desempeñando el cargo y la función de Estado para el cual fue designado, al encontrarse físicamente impedido por estar privado de su libertad.
Por tanto, el 8 de abril de 2017, Edgar Veytia dejó de ser Fiscal del Estado de Nayarit, concluyendo en ese momento la causa por la que se le otorgó la licencia notarial, sin que se hubiera reintegrado, de acuerdo con lo que establece la Ley del Notariado del Estado de Nayarit, a sus funciones correspondientes.
De esta manera, los otros sujetos ex funcionarios -y notarios- de procesos penales, si no salen indemnes seguirán el mismo proceso de «cesación del ejercicio notarial»; lo cual genera un desbordado optimismo en los hombres, mujeres y quimeras que se frotan las manos con fruición, en espera de que Toño Echevarría, cumpla lo que según ellos han dicho, que serán cuatro o cinco notarías las que va a otorgar el gobernador actual al final del cuatrienio.
El problema es, ¿de dónde va a sacar Toño, diez u once Abogados que lo sean de deveras..? porque tiene encima la impronta de nominar a siete nuevos magistrados en el TSJ en este mismo año, ante la reforma de su ley orgánica y la inminente que tienen que hacer para que la actual presidencia sorpresivamente eficaz y ejecutiva, pueda estar cuatro años más.
De ahí el porqué es menester revisar esta facultad unipersonal del gobernador y pensar en los concursos de oposición regulados por el propio poder ejecutivo, para que lleguen los más capaces. Digo…
Pero ése es otro divertido tema que se tiene que explorar en otras ediciones de esta columneja de opinión…
