Esta es una noticia que a nadie le agrada, por muchos cientos, miles de millones de pesos del presupuesto público para crear una cultura de legalidad, de transparencia y de adecuada rendición de cuentas en los funcionarios de los tres niveles de gobierno y de las entidades paraestatales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) afirmó que en los últimos 30 años —de 1983 a 2012— las políticas públicas de combate a la corrupción han fallado, pues a pesar de tener claridad sobre sus causas, no se avanza en sus soluciones ni en la generación de una cultura eficaz de respeto al uso de recursos públicos.
El miércoles retrospróximo, la ASF entregó a la Cámara de Diputados el informe de revisión de la Cuenta Pública 2011. El Auditor Juan Manuel Portal informó que se interpusieron 134 denuncias penales, principalmente en contra de servidores públicos del gobierno federal de las Secretarías de Agricultura; Reforma Agraria; Comunicaciones y Transportes; de las paraestatales IMSS; ISSSTE; CFE, y los gobiernos estatales, que desviaron o aplicaron indebidamente los recursos federalizados que ejercen, conforme al sistema nacional de participaciones federales.
La ASF indicó que en las últimas tres décadas los principales factores que se asocian a la corrupción son: la falta de control de la gestión pública, la carencia de un servicio civil de carrera para los servidores públicos y una escasa racionalidad en la aplicación del gasto.
Evidenció que el gobierno federal “no definió ninguna área de oportunidad en materia de la armonización legislativa con los convenios internacionales anticorrupción y con la protección del patrimonio nacional” a nivel federal, estatal y municipal, para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción.
De acuerdo con el análisis presentado, los mecanismos e instancias de control existentes presentaron un enfoque correctivo, porque no se orientaron a detectar específicamente las prácticas de la corrupción, sino a verificar el cumplimiento estricto de la normatividad.
“Además, la falta de controles preventivos eficaces impidió alcanzar niveles de eficiencia, eficacia, transparencia y honestidad en la administración pública federal”, dijo.
Sobre los órganos de control —dedicados a vigilar el actuar de los funcionarios de los dependencias de la administración pública federal— se reconoce que no tienen la capacidad para cumplir con sus fines dado que no se han desarrollado las capacidades para prevenir conductas irregulares ni para consolidar los objetivos anticorrupción que se les asignó; ello aunado a su falta de independencia debido a su relación jerarquizada al interior del Ejecutivo federal.
LOS CASOS DE NAYARIT
En este mar inmenso de cientos, miles de páginas, hay que saber bucear para conocer las auditorías que se hicieron a las dependencias del Estado de Nayarit, que ejercen los recursos federalizados, por una técnica absurda y anti didáctica la ASF utiliza un método terrible para que el ciudadano común pueda accesar a dicha información, no es para legos desde luego, y los dilectos diputados federales, se hacen patos y no mueven un dedo para traducir a lenguaje común las sanciones y fincamiento de responsabilidades que este órgano realiza.
Hay que buscar por fondo, por entidades y por municipios; así de principio, en el área de salud, que le correspondió el último cuatrimestre al gobierno de Roberto Sandoval, la muestra auditada representó un 71.7% y alcanzó una cantidad de de casi 750 Millones de pesos; los resultados de la evaluación del control interno señalan graves deficiencias en la administración de la SSN.
En la transferencia de recursos, la Secretaría de Administración y Finanzas (a cargo del inefable Florencio Román Mesina) abrió una cuenta bancara específica para la administración (y sus rendimientos financieros) del FASSA, sin embargo el titular de la SSN abrieron seis cuentas bancarias para administrar tales recursos, pese a que esto ya había sido observado por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública del 2010.
Es decir fueron reincidentes en el jineteo del dinero público.
En la documentación primera, hubo una irregularidad de registro de casi 67 Millones de pesos; y lo inaudito del uso patrimonialista de recursos públicos, ejercieron en 2011 recursos del FASSA por 377 Mil pesos, en alimentos! Gastos extraordinarios y ayuda extraordinaria ¿a quién..?
Total, un cochinero el manejo de los Servicios de Salud de Nayarit, no hay transparencia, gastos personal médico no titulado, y un daño patrimonial por más de 117 Millones de pesos, lo cuales se determinaron como recuperables; es decir que a la de a güevo se tienen que regresar al Fondo de Aportaciones a los SSN.
El Dictamen de la ASF es negativo; el gobierno del Estado de Nayarit en la SSN no cumplió con las normas, mas de 100 Millones de pesos desviados con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y recursos ejercidos y no comprobados por más de 9 Millones de pesos.
Esto visto a vuelo de pájaro a reserva de estudiar a fondo el dictamen; pero reparemos que el responsable tiene nombre y apellido y al parecer no tiene vergüenza alguna para seguir en el ejercicio público, se sabe o se siente impune; hoy es el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado.
Ya se jodió la credibilidad en este gobierno y habremos de ver si en las ciento treinta y tantas denuncias que presentó la ASF, están algunos de los dilectos ex funcionarios del régimen del sátrapa ney gonzález, o los actuales, todo es posible si se cumple con las últimas reformas hechas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ¿Veremos el principio del fin de la opacidad y del agandalle de los recursos públicos..?
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