México, por varios factores de carácter cultural, por el modelo de procuración y administración de justicia, que no solo en materia penal generó engendros e injusticias de toda índole, al igual que en las materias mercantil y familiar, está remodelando el sistema judicial, en concordancia con los nuevos paradigmas del derecho que devienen de las trascendentales reformas a la carta magna, en el 2008 y en el 2011.
Estamos de lleno en el rediseño de las normas y todos aquellos instrumentos de coerción que tiene el estado para garantizar el cumplimiento de la principal obligación, la tutela de nuestros derechos que han sido conculcados por un tercero o por alguna instancia del estado; hoy es imperioso la construcción de un nuevo sistema jurisdiccional que sea dinámico y eficiente, probo y transparente de cara a los justiciables, que nos permita transitar del actual sistema lento y corrupto a uno que sea eficaz, expedito y ejemplar.
La sociedad ha cambiado de manera inusitada, somos una comunidad global, las normas internacionales han mutado enormidades, las técnicas de la información y los sistema de comunicación han adquirido una dimensión nunca antes vista por el grueso de la humanidad, lo cual impuso la necesidad de producir nuevos bienes y servicios jurídicos del estado para con sus gobernados; aceptémoslo, nuestro derecho judicial se ha quedado retrasado en varias materias, penal, mercantil, civil y, sobre todo en el derecho familiar en donde las controversias hoy, son de una indignidad mayúscula.
Está latente ahí, en el tejido social, en los reclamos del fenómeno que inunda a nuestra sociedad en todos los estratos, la disolución de las familias y la falta de solidaridad jurídica y social de aquellos a quienes por ley son proveedores alimentarios, para con sus descendientes a quienes han abandonado, por la carencia de eficacia de los mecanismos del estado para proteger a los menores en desgracia y a sus madres que son hoy, el sector más vulnerable de nuestra sociedad.
Ahí están los registros de las estadísticas del poder judicial, las controversias de carácter familiar son el número mayor de procesos judiciales que se tienen que atender a diario; y hoy se nos presenta el ejercicio de administrar justicia en esta materia, de una precariedad tal, que se impone, incluso, antes de implementar el nuevo sistema de justicia penal, la construcción del proceso familiar oral; porque solo de esta manera, se podrá modificar la prevaricadora conducta de servidores del poder judicial, que han desnaturalizado la asimétrica protección del menor y la familia.
Dado que han burocratizado los juicios, las dilaciones son consustanciales y la carencia del personal calificado para las evaluaciones sicológicas de los justiciables, se ha convertido en un oprobio, con la consecuencia inmediata del abandono en que se encuentran cientos, miles de familias, en donde la madre con hijos menores es la cabeza del hogar que tiene que trabajar para mantener al núcleo familiar y verse en las de Caín en los largos e ineficientes juicios de índole familiar.
IMPUNIDAD ES LA PALABRA
Se vive aún, en una sociedad machista, nuevas generaciones de hombres y mujeres protagonizan hoy el grotesco cuadro que ninguna sociedad quisiera tener; familias homoparentales que ocupan cada día más espacios sociales, y la disolución de la familia en su concepto básico y tradicional; el abandono de familiares como delito ha sido ineficaz para lograr el cumplimiento de padres desobligados.
Abogados venales que asesoran a padres de familia desobligados han hecho toda una práctica de machuiquecas legaloides, con las cuales desnaturalizan los preceptos de previo y especial pronunciamiento que pueden fijar de inmediato a la demanda una pensión alimenticia provisional, empero entre el emplazamiento y la litis contestatio, de manera venal se plantea una –a todas luces improcedente- reconvención que alarga en demasía la primera fecha de las audiencias respectivas.
Y luego, por la naturaleza de la actual representatividad de los justiciables por sus abogados, los demandados nunca acuden a juicio, eludiendo las resultas de un procedimiento que debiera ser ante todo protector de los derechos de los menores; y, dado el caso de tener vigencia la interpretación convencional, los jueces son omisos en el cumplimiento de estos nuevos paradigmas jurídicos que el estado mexicano ya reconoce en su legislación, como la carta IDH y las sentencias de la CIDH.
Si estableciera el gobierno del estado, el proceso familiar oral, de cara a sus acreedores alimentarios, con jueces probos y abogados que respeten el marco de derecho, se abatiría el enorme rezago que en este tipo de juicios se tiene actualmente; y sobre todo al agilizar tanto las medidas cautelares como las definitivas, los obligados alimentarios o pagan justo y a tiempo, o se van a penas privativas de libertad.
Este es el silente reclamo social de miles de mujeres, de familias en disolución, que el estado les proporcione un sistema judicial eficiente, para que les permita el acceso a la procuración y administración de justicia para resolver rápida y de manera eficaz, sus controversias familiares que se reducen a un enorme porcentaje en el abandono de las obligaciones alimentarias de hijos menores de edad.
Las familias enfrentan un futuro inestable, se han abandonado dos piezas fundamentales sobre las que descansaba el edificio de la sociedad; el matrimonio y el patrimonio, los juicios orales en materia familiar, es un reclamo que se debe atender de inmediato. Contacto: luisi48@prodigy.net.mx
