Hemos reconocido en estos espacios y en algunos estratos de la sociedad por igual, se tiene el conocimiento que el ejercicio intelectual de la presidencia del tribunal superior de justicia, es una acción que pretende impactar a los justiciables y a los otros poderes de que el fin último del ejercicio jurisdiccional es contribuir a la estabilidad social, al resolver de manera pulcra, proba y expedita los conflictos de intereses que regulan las normas procesales.
La administración de justicia aquí y en China, reclama de algo mas; en efecto, nadie duda de las intenciones trascendentes de Pedro Antonio Enríquez, empero las cifras y logros del programa “soy legal” que ha diseminado en cientos de escolapios, maestros y padres de familia, los principios filosóficos de vivir y respetar el régimen de derecho, debieran desarrollarse -me dicen reiteradamente abogados postulantes- en el personal operativo de las instancias judiciales, que es, en donde se cometen todo tipo de oprobios e indignidades en contra de los justiciables más débiles.
Víctimas de la inequitativa distribución de la riqueza, nuestros miles de pobres están a expensas de los agiotistas, de las casas de préstamos y de las casas comerciales que anuncian bondadosas operaciones de créditos, que a la postre todos estos esquemas de financiación y créditos leoninos que son omisos, determinan los latrocinios legales de un grupo de abogados venales, que de manera alevosa e impune cometen todo tipo de delitos al exagerar los cobros y victimizar aún mas, a aquellas personas que no pudieron pagar a tiempo sus magros créditos.
¿De qué estamos hablando..? de que los juzgados mercantiles se han convertido en la eficaz agencia de cobro de los agiotistas, de las casas de préstamos y de las casas comerciales como elektra o coppel, cuyos abogados desarrollan juicios mercantiles ejecutivos que son un monumento al abuso, a la mentira, a la exageración para capitalizar intereses sobre intereses y así, dimensionar cantidades inusitadas y exorbitantes a cargo de los indemnes deudores.
Casos abundan, embargos en donde los ejecutores de los juzgados mercantiles son los cómplices de abogados gandallas para intimidar a los deudores con el manido concepto totalmente falso de que un embargo debe hacerse para garantizar tres veces el monto de lo reclamado en juicio.
Mucho tiene que hacer Pedro Antonio y el consejo de la judicatura para resolver la corrupción e impunidad de su personal operativo en los juzgados de primera instancia, por lo pronto, desde este espacio nos permitimos recomendarle que a sus abusivos secretarios ejecutores, los peritos del nacional monte de piedad, les den un curso para saber valorar los valores de los bienes que embargan, para que ya no se den ejemplos de injusticias e infamias notorias de que por créditos de cinco mil pesos, a la pobre gente le vacían la casa en donde sus bienes valen más de sesenta mil pesos..!
Ah..! y que el consejo de la judicatura, en su comisión de disciplina, dejen de hacerse patos y no sean cómplices que exoneran a los funcionarios denunciados por ejercicio indebido de funciones; la ropa sucia no se debe lavar en casa, en privado y de espaldas a la opinión pública.
Algo tan delicado como la falta probidad del servidor del poder judicial, cuando se le comprueban las faltas graves cometidas, deben ser castigadas conforme lo establece su legislación interna; so pena de que se le siga considerando una entidad omisa con la justicia social, en un juego perverso de máscaras que ocultan el estercolero de la corrupción que se niegan a reconocer su existencia en los juzgados de primera instancia.
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