Pues sí, las averiguaciones que el gobierno de Roberto debió consignar, y que por explicables razones no lo hizo, ahora la presente administración de Toño Echevarría ejecuta las órdenes de aprehensión; aprendieron al director administrativo de la secretaría de administración que Florencio Román Messina presidía, personaje de marras que al parecer –por las filtraciones en medios- también está como imputado en la misma causa penal.
Si lo aprehenden, muchos le aplaudiremos al fiscal; y si van en contra del jefe de todos ellos, entonces, le pondremos una estrellita en la frente al gobernador.
Empero, conforme a la ley no escrita, en este tipo de casos, la hebra se rompe por lo más delgado y en la semana anterior, detuvieron y consignaron a Sandra Edith Martínez, quien fungió durante cuatro años como la jefa de prensa del gobernador Ney González; su expediente penal 5317/2017, se le instruye por el delito de Peculado, Falsificación de documentos en su modalidad de uso y ejercicio indebido de funciones en agravio de la Secretaría de Administración y Finanzas de Nayarit, así como del Gobierno del Estado de Nayarit y de la sociedad.
De Sandra, tengo el mejor de los recuerdos, atenta y respetuosa a nuestro trabajo, de trato gentil aunque no estuviese de acuerdo con el tono de mis escritos; y ella, entiendo no pudo sustraerse del tráfico de influencias que hizo Ney y Messina, de lo que ya se conoce como el ejercicio patrimonialista del poder. De hecho, tuvo que actuar compelida por una fuerza superior, en acatamiento del principio de autoridad y la cadena de mando.
Tal cuestión puede ser la excluyencia de su presunta responsabilidad penal.
El derecho penal ahora usado como medio de control conminatorio y represivo es un medio fragmentario de actuación, esto es, significa un último recurso aplicable cuando la gravedad del hecho resulta intolerable para la sociedad y se aprecia como un acto doloso, el aprovechamiento ilegítimo del ejercicio del poder.
Esta fragmentariedad y como última ratio del derecho penal, rige para éstos delitos considerados como especiales, por su nivel de estridencia social.
DELITO Y OBEDIENCIA JERÁRQUICA
Teniendo en cuenta que en el delito de Peculado concurren dos aspectos básicos, por una parte el quebrantamiento al correcto ejercicio de la función pública y por otro lado, la afectación al patrimonio público, se tendría que estudiar el Peculado desde tres perspectivas axiológicas: como un delito de carácter meramente patrimonial, como un delito que se agota en el correcto funcionamiento de la administración pública o como un delito de naturaleza pluriofensiva.
La actual doctrina penal basándose en la distinta naturaleza jurídica que posee el Peculado concluye que el fundamento de la responsabilidad jurídico-penal de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios o servidores públicos radica en la infracción del deber de lealtad que tienen respecto del patrimonio del Estado.
Los ciudadanos y sobre todo, quienes ejercemos el periodismo, ya sabemos en demasía que los gobernantes y sus funcionarios son desleales con el patrimonio del estado y de sus normas. Sus bienes suntuarios no ocultos, los excesos de las muestras de riquezas adquiridas al amparo del poder lo evidencian; la deslealtad no es un criterio o elemento normativo del Derecho Penal sin un valor axiológico propio de la ética que ha estado ausente en la conducta de los gobernadores.
Hoy Sandra Edith, está en la picota del descrédito social, duerme en la cárcel y el proceso penal instruído en su contra no tiene piedad por su condición de género; Sed Lex Dura Lex, la ley es dura, por eso es la ley.
Empero, en una sociedad como la nuestra, en la cual de continuo se politiza la juridicidad, desnaturalizando su vigencia, el pópulo quisiera ver tras las rejas a Messina y al propio Ney, en lugar de la quien fuera la operadora final del aprovechamiento indebido del ejercicio público.
En el contexto de su vida personal, se le criticaban sus viajes al extranjero, empero, hemos de entender que si fue copartícipe de tales actos ilícitos, el par de gandallas señalados, dudo mucho que la hayan beneficiado ni con el 10% de las cantidades millonarias que hoy se les imputan.
Sandra al cumplir una orden emanada de un superior jerárquico, dictada conforme a derecho, origina a su favor algunas de las causas de justificación previstas en el artículo 39 del Código Penal vigente en Nayarit, que excluye la responsabilidad de quien obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho consignado en la ley.
A reserva de conocer el auto vinculatorio a su proceso, apuntamos que, los defensores tendrán que enfrentarse al supuesto de que si las órdenes que le dieron eran contrarias a derecho, su cumplimiento por parte de Sandra como inferior jerárquico en ningún caso puede recibir la misma solución, aun cuando se trate de un mandato “vinculatorio” para el subordinado, quien al obedecer actúa tan antijurídicamente como el superior que la dictó.
Consiguientemente, no se excluye la responsabilidad de quien obedece a un superior legítimo en el orden jerárquico, aun cuando su mandato constituya un delito, si esta circunstancia no es notoria ni se prueba que el acusado la conocía, no puede ser entendida como causa de justificación.
Mientras tanto, no podemos evitar las obvias consideraciones políticas de la inacción del gobierno de Roberto y los porqués de la administración que preside Toño Echevarría que si actúa en contra de aquellos funcionarios, cuando la vox pópuli le reclama que se actúe en contra de la gente del gobierno precedente.
Quizás el gobernador lo aclare con su dicho en una entrevista banquetera…
Contacto.- cronicaslip@gmail.com
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