En el desquiciante ejercicio legislativo del sátrapa que precedió en el poder ejecutivo del Estado, hubo locuras que, de no ser por el valladar que pusieron el entonces diputado presidente Manuel Narváez y el sub secretario jurídico estrella Pedro Antonio Enríquez, hoy tuviéramos un mamotreto absurdo e inconsecuente con la seriedad que implica la responsabilidad de gobernar una entidad como la nuestra.
Aún así, las modificaciones que esta legislatura ha implementado, con el buen juicio y tino político que le impone el diputado presidente Armando García a los apoyos políticos e inter institucionales que concerta con Roberto Sandoval; de manera paulatina se va restaurando el texto de nuestra Carta local; faltan varias y trascendentes contra reformas.
Hoy, la Constitución Política del Estado de Nayarit cumple noventa y cinco años de haber sido promulgada por José Santos Godínez, primer gobernador constitucional del Estado; y valga este aniversario para echarle una oteada a nuestro documento y analizar si es veraz el aserto que el Ayatola del constitucionalismo náyaro José Miguel Madero ha escrito en sus libros que giran en rededor del tema de nuestra Carta local.
Dice el actual magistrado del TSJ, que la Constitución de la entidad, es el reflejo de lo que somos como sociedad, e imbricados en el contexto jurídico federal, no se ha estudiado la Carta local como se debiera, y que los hombres públicos se “han enfermado de estrabismo al desatender el rezago institucional crónico que ha vivido Nayarit, por obstinarse que el gobierno es el tema más importante de la agenda y no las razones del subdesarrollo de nuestro régimen constitucional:
La aplicación irrestricta de sus mandatos; la organización y control del poder; un ejercicio de autoridad mesurado y cooperativo, sometido completamente al orden constitucional, así como la vigencia de derechos individuales y sociales cuya defensa y eficacia naveguen sin contratiempos, y todo ello no sea, como hasta ahora, el paisaje del futuro y el discurso grandilocuente del cambio” (noviembre de 2002)
La realidad que vivimos nos impone un juicio veraz, para la sociedad, para la ciudadanía común, el texto constitucional le vale gorro; el deterioro del gobierno, los partidos políticos y los hombres públicos, viven en la burbuja de sus percepciones y con sus conductas no acreditan que son obsecuentes con las líneas generales que se supone deben regir nuestro sistema político.
Si José Miguel les llama bizcos a los gobernantes; Juan Pueblo hoy, en el contexto actual, con la puerilización del ejercicio del poder, sus calificativos son pues, impublicables; y es que, la horneada de la nueva clase política no muestra un perfil que acredite una filia constitucionalista, el marketing político es el instrumento sustituto del marco jurídico constitucional que si bien está vigente, poco podemos calificarlo como derecho positivo.
LAS TAREAS PENDIENTES
La actual Legislatura por sí y con la interdependencia de los intereses del poder ejecutivo ha dado muestras de racionalidad política, ha abrogado algunas de las inopinadas reformas que el sátrapa gobernador anterior instrumentó para darle curso a sus apetitos políticos y financieros; sin embargo, el modelo actual reclama varias y trascendentes contrarreformas, una de ellas, es la disminución del número de magistrados del Tribunal superior de justicia.
En el poder legislativo, se impone regresar al modelo original al Organo de Fiscalización superior, puesto que, la reforma que trajo a los auditores especiales y demás funcionarios que integran el “consejo consultivo” que determina el rumbo y los alcances de las auditorías y fiscalización a los entes que la ley establece, fue realizada para acotar el poder de los Montenegro que pusieron al auditor general y hoy, con un gobierno absolutamente consolidado, no se explica su vigencia, salvo que sea, un espacio para llenarlo de recomendados.
El Tribunal de Justicia Administrativa, no ha justificado la razón de ser de su existencia; se impone su liquidación y las funciones sustantivas de las que conoce, bien pueden trasladarse a la Sala constitucional del TSJ que tienen una dorada beca con tan poco asuntos por conocer y juzgar.
Siguiendo la dinámica de la “unicidad judicial” la Junta local de Conciliación y Arbitraje, debe desaparecer por la enorme ineficacia y mayúsculo retraso que tienen en la Juntas especiales para substanciar los juicios laborales, e integrase como una Sala especializada del TSJ.
Y las Secretarías “patito” que se crearon de manera inopinada en el tramo final del sexenio del sátrapa que precedió al gobierno actual, desaparecer varias de ellas, por infuncionales y que su existencia en el rango de “secretaría” no se justifica en absoluto.
Conforme a la doctrina, el derecho constitucional se encuentra en una dinámica expansiva, sobre todo hacia el garantismo y la supremacía de los derechos humanos.
Los ciclos de los cambios políticos de nuestro país, se inician en 1977, cuando se inicia la expansión del pluralismo político y se gesta un sistema de partidos realmente incluyente y para dotar de derechos a las minorías.
Nuestra Constitución política, cumple años, hay que ver cómo la festeja este gobierno, si aprovecha la oportunidad para darle rumbo y racionalidad al quehacer público y restaurar su texto, a la altura de los retos actuales.
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