La capacidad política del diputado presidente de la comisión de gobierno legislativo, Ing. Armando García Jiménez, será puesta a prueba en las siguientes semanas, en el seguimiento del informe de resultados de las auditorías y fiscalizaciones que hizo a diversas dependencias del gobierno estatal y a los municipios, la Auditoría Superior de la Federación del ejercicio 2011; y, los resultados no son del todo halagüeños para algunas dependencias.
Esto crea variopintas condiciones, puesto que dos cuatrimestres de ese año, fueron los finales del gobierno del sátrapa ney gonzález; y sin duda, el último, a partir del mes de Septiembre, poca o nula maniobra de operación financiero pudo tener el recién ascendido gobernador Roberto Sandoval Castañeda, lo que plantea la lógica de la eficacia de los gobiernos priístas, es, proseguir la receta que el ejecutivo estatal le recetó a su antecesor desde el mismo momento de la toma de posesión; inexistencia absoluta.
En el caso del resultado catastrófico de la fiscalización de la ASF para algunas entidades locales, se impone no el desconocimiento político, sino por el contrario, el claro y puntual deslinde de las responsabilidades que se derivan de las observaciones y dictámenes del auditor general de la república, algunas de las cuales no solo dan pie a que se cumplan acciones resarcitorias, sino al ejercicio punitivo ante Agente del Ministerio Público, por la comisión de ilícitos en el ejercicio indebido de funciones públicas.
El asunto, es algo más que seguir la ruta de las implicaciones judiciales y administrativas, la centralidad del tema es eminentemente político; dada la cultura del Pri, todo puede ser negociable, adictos al Quid pro quo; es posible que en este inédito escenario, tanto en el poder ejecutivo federal como en el estatal, se acuda a la fórmula de arreglarlo en interiores.
Sin embargo, lo recomendable en este caso, es, considerar la variable de que estamos en el arranque de un presidencia priísta restaurada, empero, con nuevas condicionantes sociales, jurídicas y políticas; y los mensajes del presidente Peña Nieto como del secretario de gobernación Osorio Chong, van en el sentido de que esta no será una versión del Pri corporativo, totalitario, omnipresente e inclusor en grado extremo, sino un partido de enorme experiencia que necesita adaptar su operación gubernamental al territorio contestatario de la transición empantanada.
¿Porqué tiene que discernir todo esto el diputado presidente..? ¿Porqué..?
LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS
El viejo contrato social, que tenemos en el mundo occidental, nos impide tomar la justicia por propia mano; de hecho, sólo en una excepcional condición, la legítima defensa es inimputable, tal cual lo establece esta figura típica en los códigos penales; tratándose de justicia social, es decir cuando el agraviado es la sociedad entera, como en el caso de las responsabilidades que determinó la ASF en sus auditorías; los procuradores de pueblos, son, precisamente los diputados.
Como representantes del pueblo, en el viejo esquema republicano de “pesos y contrapesos” son los miembros del Legislativo, conforme al marco legal actual, quienes le pueden dar vida a la voluntad de la Ley.
Independientemente de estas funciones sustantivas que se dan por sentadas en nuestro sistema político; conforme a su Ley Orgánica, el presidente de la comisión de gobierno legislativo, ejercerá la representación jurídica en asuntos en que el Congreso fuere parte; entre otros pues tenemos que las facultades de fiscalización de todas las entidades del Estado le corresponden; así como las resultas de sus dictámines, de modo que al diputado presidente, tarde que temprano se tiene que enfrentar al escenario de inter locución con la ASF.
Con el poder ejecutivo, donde el Secretario de la Contraloría llevaría este tipo de acciones, la fiscalización ha tomado el ritmo frenético de los quelonios, la relación inter institucional no podría estar mejor aceitada; luego de la recomposición de varios asuntillos en que incurrieron el trío de secretarios que andan de inteligentes haciendo intrusión en otras entidades a espaldas del gobernante, de modo que debemos colegir que no se tendrá una contradicción jurídico política entre el Legislativo y el Ejecutivo.
El tema sin duda alguna es árido y de escaso interés para la ciudadanía común; y tenemos que reparar en ello, si las magras oposiciones acreditadas en la actual legislatura no han demostrado el mínimo interés y la suficiente capacidad profesional, al menos para haber leído ya los dictámenes de la ASF y del Organo de Fiscalización Superior de la Cámara local, muy poco puede considerarse que sea de urgente resolución entre Armando García y Roberto Sandoval.
Estamos pues inmersos en un escenario político de transiciones, empantanadas la mayoría de las cuestiones que nos puede o podría hacernos un mejor país; mientras no tenga la sociedad, la gente y los políticos hechos gobierno una cultura de la legalidad, seguiremos en la simulación, la opacidad y la irregular rendición de cuentas, no habrá gobiernos transparentes; y en esta vaina, el menos culpable es el diputado presidente.
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