Pues el largo comino que impuso la trascendental reforma del 18 de junio de 2008, cuando al adicionar la carta magna el Estado mexicano, impulsó una modificación completa y profunda del sistema de seguridad y de justicia; al menos en Nayarit, comienza a materializarse, son muchos y variados los temas de las adecuaciones, que impactan a los tres poderes, desde las inherentes cuestiones sindicales hasta un cambio en más de 70 figuras y puestos en las leyes orgánicas del poder judicial y de la fiscalía general.
La envergadura de esta reforma constitucional en materia de procuración y administración de justicia penal, no solo es un parteaguas en estos dos rubros; sino que debemos de considerarlo como el verdadero cambio de paradigma que todos los actores que conforman un Estado democrático de derecho, deben asumir con responsabilidad y compromiso.
A partir de la llegada al gobierno del Estado, de Roberto Sandoval, Nayarit inicia con un enorme retraso, la adecuación de sus instituciones para instaurar en la entidad, el nuevo sistema de justicia penal NSJP de corte acusatorio y adversarial; y gracias al talento y dedicación de dos letrados, Miguel Ahumada responsable de la secretaría técnica de la comisión estatal, creada ex profeso para la implementación del nuevo sistema, y de Pedro Antonio Enríquez, quien como presidente del TSJ, supo adaptar su gestión con un amplio programa de adecuaciones, normativas, administrativas y de análisis sobre el futuro inmediato de sus juzgadores.
La SETEC, de la secretaría de gobernación, ha dinamizado sus programas y tiene a Nayarit ya fuera de la olla ignominiosa que permaneció por su criminal inactividad en el sexenio gubernamental precedente; han sido varios los escenarios de las adecuaciones; en la Fiscalía general, desde la inherente reforma constitucional, su ley orgánica y la revisión profunda de sus sistemas de procurar justicia y, sobre todo, del perfil de sus funcionarios; cuáles abogados son los que pueden satisfacer los altos estándares que reclama la vigencia del NSJP.
El segundo, es de carácter normativo, se ha desarrollado en el seno del Congreso del Estado, con un presidente muy hábil y atento a las iniciativas que eran menester concretar en decretos; ahí, la presencia del abogado Javier Rivera, ha sido definitoria para que las reformas marchen como debe de esperarse con un tema de esa trascendencia; no podemos decir lo mismo de los diputados que fueron nombrados miembros de la comisión, pasaron de noche y el trabajo no les interesó.
Y el tercero, que se lleva a cabo en el seno de la propia comisión inter institucional a cargo del ahora magistrado Ahumada Valenzuela, su función que se ha desarrollado en niveles de independencia y secrecía, está a punto de culminar, se tiene ya el documento matriz de las reformas y adaptaciones administrativas; y ya se están construyendo las primeras salas que van a albergar los juzgados que tendrán conocimiento de los primeros delitos que pasarán a ser tratados con el NSJP.
LAS REFORMAS QUE FALTAN
Y en el poder judicial, que a la par de sus programas institucionales y de vinculación con la sociedad, se han llevado a cabo las adecuaciones a las normas internas, un cúmulo de cursos de capacitación para los nuevos operadores del sistema y las reformas a su ley orgánica; las que, fueron impulsadas por la Setec para la entidad.
A fin de fortalecer el sistema procesal acusatorio en la entidad los diputados integrantes de la Trigésima Legislatura, aprobaron en forma unánime el decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit.
En el contenido de estas reformas -iniciativa que presentó el Tribunal Superior de Justicia, a través de su Presidente, se estipulan tres grandes vertientes; la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, normar la actuación y el desempeño de los integrantes del Poder Judicial, así como normar el proceso para conocer de las responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial.
Dentro de los aspectos fundamentales de las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se especifica que se sientan las bases constitucionales para aplicar un nuevo modelo de justicia penal en el país; se fortalece el sistema procesal acusatorio, superando los rasgos inquisitivos y precisando los principios fundamentales en que debe sustentarse; además se implementan los juicios orales, para darle a los procesos mayor transparencia y se recupere la credibilidad del sistema penal.
Con esta enmienda legislativa, se amplían los derechos del acusado, que habrán de desarrollarse en la legislación procesal penal; se amplían los derechos de la víctima u ofendido del delito, y se precisa su nuevo rol en el proceso; incluyendo además el análisis de los procedimientos penales, elevando la capacidad de investigación, para abatir la impunidad y dar certeza al procedimiento.
De manera transitoria se plantea la creación de la Dirección para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, en el seno del Poder Judicial, el cual será un órgano que coadyuvará con el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, en la ejecución de los programas y acciones que faciliten la correcta y eficiente aplicación del Sistema de Justicia Penal en el Estado.
La característica del nuevo sistema impone antes que la oralidad de los juicios, un cambio de cultura en la víctima y en su exigencia para que el Estado le tutele su derecho agraviado; se deberán privilegiar la solución de los conflictos, mediante medidas alternas, justicia restaurativa, juicio abreviado, principio de oportunidad del MP; y es ahí en dónde estamos ciertos que la puerca va a torcer el rabo..!
Por las elementales condiciones socio sicológicas del mexicano, y, es en esta vertiente en lo que tanto a Edgar Veytia, Pedro Antonio Enríquez y Miguel Ahumada, les ha faltado, un adecuado programa de socialización del NSJP, pero a la voz de yá señores..!
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