Es una de las actividades sustantivas de la cámara de diputados, cuyos resultados no siempre dejan satisfechos a funcionarios, a diputados opositores ni a la opinión pública o los hacedores de prensa; merced al protocolo de conducta política que han asumido, tanto el auditor superior, como el presidente del congreso que es a su vez el responsable de la comisión de hacienda, cuenta pública y presupuesto, de la que, orgánicamente depende la entidad fiscalizadora local, ya denominada Auditoría Superior del Estado.
Se han homologado las prácticas de fiscalización en la entidad, respecto de los lineamientos que ha establecido en los últimos años, la Auditoría Superior de la Federación; incluso, una de las áreas locales, la de auditoría de desempeño, ha sido reconocida por la ASF como una de las más eficaces del país, que sigue el pie de la letra, los métodos para obtener resultados en esta área.
Y sin embargo, el velo de la sospecha prevalece por la experiencia previa de Roy Rubio, el auditor superior, quien hace esfuerzos por acreditar que sabe respetar las formas republicanas y es plenamente consciente de lo que significa la autonomía de gestión de la que ahora goza la entidad que preside; sin embargo, merced a la condición que prevalece en Nayarit, bajo el gobierno de Roberto Sandoval, que es una administración consolidada, su ejercicio ha sido endogámico.
Roy se dedica con empeño a lo suyo, y les corresponde a los diputados hacer la otra parte de la fiscalización, exigir y señalar cuáles son las áreas mas sensibles a las que tiene que avocarse la ASE para hacer creíble su resultado al cierre del sexenio; de esta manera, para fiscalizar la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 y cumpliendo con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, el Reglamento Interior que rige a la Auditoría Superior del Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, el Presidente de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, diputado Jorge Humberto Segura López, recibió del Auditor Superior Roy Rubio Salazar el Programa Anual de Auditorías 2017.
Este programa de auditorías se tiene que realizar en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los 20 municipios, así como en organismos autónomos, descentralizados estatales y municipales; Roy Rubio llevó la información privilegiada al diputado presidente, la parte de planeación que comprende el análisis de información financiera, patrimonial, programática y presupuestal, que identifica los sujetos a fiscalizar y el alcance de los trabajos que se realizarán.
Con la exigencia del legislativo federal, a fin de fortalecer el alcance de la fiscalización superior de la Cuenta Pública correspondiente a 2016, se van a realizar auditorías coordinadas en el marco del convenio de coordinación y colaboración que la Auditoría Superior del Estado tiene suscrito con la Auditoría Superior de la Federación, con lo cual participará en la revisión coordinada del gasto federalizado, que contempla los recursos federales transferidos por medio del Ramo 28 Participaciones Federales y el Gasto Federalizado Programable.
Es decir, ya no habrá ni uno solo de los programas de inversión y coordinación financiera que escape a la fiscalización de su ejercicio, de los dos órdenes de gobierno.
La Auditoría Superior del Estado con la experiencia que ya tienen sus empleados, llevará a cabo cada una de las auditorías conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Incluso, podrá fiscalizar programas del presente ejercicio, cuando exista la denuncia ciudadana que pueda acreditar que se está haciendo mal uso de los recursos públicos, del presente ejercicio fiscal del 2017, se terminó la taxativa de que solo se actuaba a posteriori.
Los diputados de la XXXI legslatura, cumplen de manera perfectible con lo que establece el marco jurídico local en materia de fiscalización, contribuyendo a través de la Auditoría Superior para que el ejercicio de los recursos públicos lo lleven a cabo con pulcritud y sentido de responsabilidad todos los funcionarios públicos locales, estatales y municipales.
