En el actual escenario de judicializar los resultados electorales, por varios de sus actores, el poder judicial del Estado, en el seno de la sala constitucional electoral, con sus resolutivos, manda el mensaje a la sociedad, a los partidos políticos y a las partes sub júdice, en el sentido literal y representantivo de sus sentencias, uno, el proceso electoral, tuvo yerros, pero de una significación menor que no incidió en el resultado final del conteo de los votos; y dos, el esquema jurisdiccional que tenemos, funciona de manera perfectible en la sala constitucional electoral del poder judicial de Nayarit
De esta manera, se cumplen las expectativas judiciales de los partidos y ciudadanos que impugnaron el resultado electoral; atentos a sus particulares intereses y diferentes puntos de vista sobre los resolutivos del Consejo local electoral, la ratificación del día de ayer, de las sentencias por parte de la Sala regional Guadalajara del tribunal electoral del poder judicial de la federación, le dan la razón al trabajo de Pedro Antonio Enríquez y magistrados que le acompañan.
El Recurso de Apelación; el Juicio de Inconformidad y el Recurso de Reconsideración, garantizan la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal.
El Juicio para la Protección de los Derechos político-electorales del ciudadano; el Juicio de Revisión Constitucional Electoral, garantiza la constitucionalidad de actos y resoluciones definitivas y firmes de las autoridades competentes de la República Mexicana para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos.
Así, en Nayarit acreditamos el federalismo judicial en el campo de los derechos electorales de los ciudadanos, y se cobijan los intereses políticos de los partidos y en general de la sociedad.
Este escenario reclama necesariamente la especialización del abogado constitucionalista, los magistrados de la sala local lo están acreditando; falta ver quiénes han sido los asesores de los ciudadanos y partidos impugnadores; incluso la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, a fin de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva y no dejar en estado de indefensión a los gobernados, cuando un acto o resolución en materia electoral no admita ser controvertido a través de un medio de impugnación previsto en la ley citada, las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultadas para formar un expediente de asunto general y conocer el planteamiento respectivo.
Este expediente debe tramitarse en términos de las reglas generales previstas para los medios de impugnación establecidas en la ley adjetiva electoral federal. Esta interpretación es conforme con lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que los Estados parte, deben adoptar medidas positivas para hacer efectivo el derecho humano de acceso a la justicia.
En fin, hemos dejado lo aldeano de nuestro sistema judicial en materia constitucional electoral; el togado (por cierto, ¿cuándo volverán a usar las togas los señores magistrados..?) Enríquez Soto y sus cofrades han cumplido en tiempo y forma sus obligaciones procesales, una condición que contribuye a la viabilidad jurídica y política del resultado electoral reciente; el congreso se instala en un par de días y en un mes más, los Ayuntamientos, el último recurso, con esta reciente resolución, parece inviable.
PROTOCOLO DE LA SCJN PARA DISCAPACITADOS
El día de ayer estuvo en la sede del Poder Judicial del estado el coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia del máximo tribunal del país, el doctor Carlos Pérez Vázquez, para presentar al poder judicial local y a la sociedad nayarita el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En su exposición, el distinguido visitante señaló que este documento pretende coadyuvar a la conformación de una cultura jurídica que tradicionalmente ha excluido y perjudicado a las personas con discapacidad, dijo que con una perspectiva de derechos humanos y con estas herramientas la SCJN y los órganos judiciales de las entidades federativas han avanzado en el respeto de los derechos de quienes padecen limitaciones físicas o mentales “y lo menos que podemos permitirnos es una regresión en este aspecto”.
Propuso que sea la comunidad que lleve a cabo una apropiación social del contenido de dicho documento, a fin de que se conozcan y reconozcan los derechos de las personas con discapacidad y se lleven a la práctica sus recomendaciones.
El presidente del Poder Judicial de Nayarit, el magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto, manifestó que tales derechos no sólo deben ser garantizados por quienes pertenecen al ámbito de la justicia sino por la sociedad en general, con el fin de no vulnerar el principio de igualdad entre las personas, los juzgadores deber ser muy objetivos y ordenados al disponer las medidas necesarias para el ejercicio pleno de derechos de quienes padecen alguna discapacidad.
Al término de su alocución hizo un público reconocimiento a las autoridades de la SCJN por expedir protocolos de actuación como el mencionado y manifestó la disposición de los juzgadores nayaritas a conocer y aplicar también los recién emitidos, como el relacionado con los derechos de los migrantes.
Durante la presentación de este protocolo de la SCJN, se abrió un espacio de preguntas y respuestas en el cual abogados con alguna discapacidad expresaron sus inquietudes sobre la concreción de las bondades del documento presentado, señalando incluso que los otros poderes han sido omisos en la aceptación de los nuevos instrumentos que tutelan los derechos de quienes se encuentran en este estado de excepción.
Los intervinientes exigieron cumplir el compromiso que las autoridades judiciales federales y estatales se han impuesto con este protocolo.
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