El día de hoy, se llevó a cabo la audiencia inicial en contra del secretario de finanzas y administración del gobierno anterior que presidió Roberto Sandoval; como audiencia la familia, y pocos amigos del imputado, ninguno de sus ex colaboradores del gobierno anterior; Rafa Vargas Pasaye y el escriba, platicamos brevemente con el periodista Oscar Verdín, especializado en estos temas.
La unidad responsable de la Fiscalía General del Estado, contra delitos cometidos en la administración pública, inició la causa penal en contra del ingeniero Mario Pacheco Ventura, le imputan cuatro ilícitos 1. Abuso de autoridad 2. Ejercicio “ilícito” de funciones 3. Coalición de servidores públicos y 4. Peculado, tipos penales de muy difícil concreción, en base a la experiencia de casos bajo el nuevo sistema penal de corte acusatorio.
El caso se origina con una singular venta de un poco más de 12 mil metros cuadrados de la reserva territorial patrimonial que el gobierno obtuvo del federal para utilizarla en construcción de casas habitación; aparecen tres adquirentes dos hombres y una mujer, el terreno vendido se lo valúan en $ 5 millones 92 mil pesos, de los cuales pagan $ 2 millones y adeudan el resto.
Luego, sigue la narrativa de los MP el entonces director del Inprovinay hace todos los trámites de escrituración (al parecer el propio instituto es el que escritura) y al final de la cadena administrativa el entonces secretario de finanzas Mario Pacheco Ventura, firma la escritura correspondiente, en la cual aparece que el costo del terreno que vende el instituto ya fue pagado en su totalidad.
Aparece en los datos de prueba que solo una de las adquirentes, comparece ante el instituto y firma dos pagarés del adeudo original de un poco más de $3 millones de pesos, manifestando que “en cuanto le pague Wal Mart, la renta adelantada que le pedí, pagará el adeudo que tiene..”.
Es decir, la Bodega Wal Mart que está en la ahora colonia La Cantera, es la usufructuraria final de la compra; resulta inaudito que los agentes del MP que hicieron la imputación y la solicitud de vinculación a proceso, señalen que a la directamente y primera responsable de la afectación al patrimonio del Estado, la policía estatal investigadora presentó su informe señalando que “le llamaron varias veces por teléfono y nunca contestó, fueron a buscarla en su domicilio y salió un masculino y dijo que ahí no estaba..”!
Presentan varios peritajes sobre el valor actual del terreno, que asciende a más de $ 95 millones de pesos, y los agentes del MP solicitan la prisión preventiva justificada, por que el imputado “no tiene empleo, tiene papeles migratorios en regla, y la pena a la que se encuentra, ni siquiera alcanzaría una libertad en el caso del promedio mínimo de la pudiera imponerse..”
YERROS E INTREPRETACIONES SESGADAS
Como defensores particulares de Mario aparecen dos Abogados, un hombre mayor, medio calvo, de lentes, y una letrada que fungió antes como defensora de oficio; al momento de argumentar sobre la medida cautelar solicitada por la fiscalía, la defensa hizo una lene argumentación, le recordó al juez que en el dictamen de la unidad de medidas cautelares de la FGE, aparece que el imputado es dueño de dos terrenos urbano, además de su casa.
Dijo que requiere de atención médica permanente, señalo padecimientos de su esposa y de su menor hija, y que tiene como medio de manutención una escuela particular.
Poco exploró la jurisprudencia firme que existe en contra de la vinculación a proceso en base a la posible pena que se le impondrá al imputado que la SCJN ha señalado en reiteradas ocasiones es violatorio de los principios de presunción de inocencia, in dubio pro reo y otros.
Y lo inaudito, otra vez el juez de control César Armando Ramírez, nos dio una muestra de su singular inventiva, sobre los tesoros ocultos que tiene la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, cada vez que se encuentra en los entresijos de una causa, saca la carta de la chistera y se avienta una novedosa interpretación para jorobar a los imputados.
Desestimó los argumentos de los MP por los cuales pedían la prisión preventiva justificada, desdeñó de fea manera los trémulos argumentos del defensor y dijo que era procedente dictar la prisión no justificada, sino “oficiosa” porque el caso se ubica en el párrafo segundo del numeral 19 constitucional, al “homologar la figura típica..” dado que la acusación contra Pacheco es “ejercicio ilícito de funciones” es similar a la figura del fuero federal que es la de “ejercicio abusivo de funciones”. (el juez se equivocó al invocar el párrafo tercero como sustento)
Y Zás..! decreta como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, con ese cuestionable criterio de homologar tipos penales, del fuero federal al estatal, sin considerar el cortísimo tiempo de la vigencia de la reforma constitucional y en el que se cometieron los hechos que dieron origen a la causa penal; no tomó en cuenta que existen criterios de la SCJN sobre la irretroactividad de las normas en perjuicio de personas.
En fin, como periodista testimonio el acontecer de la audiencia inicial, y como Abogado litigante, me quedo con la inquietud de las disfunciones de sus operadores principales, los agentes del MP y los jueces de control, que están construyendo un híbrido con el NSJP de corte acusatorio.
Sin duda, nuestro amigo Mario Pacheco, merece un mejor tratamiento procesal, con nobleza, ética y profesionalismo de sus acusadores, y que el juez que asuma la primera y segunda etapa de su proceso, se ciña a la filosofía garantista que va implícita en la taxatividad del nuevo sistema que desde sus prolegómenos teleológicos es restauradora y no punitiva.
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