Hace tiempo, en su momento en este mismo espacio lo registramos, derivado de una serie de comunicados medio ofensivos y prepotentes de un Juez Federal del Cefereso “El Rincón” a un juez de primera instancia del fuero común, el magistrado presidente Pedro Antonio Enríquez, inició con el apoyo del Consejo de la Judicatura estatal, la inédita acción de cobrarle al poder judicial de la federación los gastos que implicaron hacerles –a todos los juzgados federales y Tribunales Unitario y colegiados concede en esta ciudad- casi siete mil diligencias de notificaciones de sus resolutivos.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha dado trámite y se encuentra en estudio una controversia constitucional derivada de una respuesta a la solicitud del Poder Judicial de Nayarit para que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación le restituya los gastos que, en 2011, representaron las diligencias ordenadas por las instancias federales y que fueron realizadas por los juzgados de primera instancia y las salas del Tribunal Superior de Justicia del estado.
Esta solicitud acordada el 10 de julio de 2012 por el pleno del Consejo de la Judicatura estatal se explica que los tribunales colegiados y unitarios de circuito, así como los juzgados de distrito, ejercen jurisdicción en todo el estado de Nayarit y por tanto les aplica el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir ellos deben realizar, por sí mismos o por conducto de personal secretarial o actuarial expresamente facultado para ello, las mencionadas actuaciones.
Pese a su marco legal y presupuestal, se ha convertido en una práctica común y cotidiana que en lugar de efectuar tales diligencias, “su celebración les sea exigida a los jueces del orden común, incluso bajo requerimientos, y con apercibimiento de multas”. De ahí que con elementales criterios de corte federalista y en aras de la equidad presupuestaria, se solicitó la restitución de los gastos correspondientes al Consejo de la Judicatura Federal.
Dos meses después de presentar esta demanda, en octubre de 2012 el director general de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal respondió elusivas señalando que el CJF no cuenta con atribuciones constitucionales para resolver la solicitud de su similar de Nayarit, pues aborda cuestiones que son ajenas a sus facultades, como la asignación de recursos de carácter público y la interpretación de índole jurisdiccional.
En diciembre pasado Pedro Antonio Enríquez Soto, interpuso una controversia constitucional a fin de que sea revisada la respuesta del director general de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal a la solicitud de su similar de Nayarit.
EN AUDIENCIA
Y ayer en la sede de la Suprema Corte de Justicia en la ciudad de México, el magistrado presidente dialogó al efecto con la ministra Olga Sánchez Cordero, quien tiene a su cargo el estudio de la controversia y en su momento someterá el correspondiente proyecto de resolución al pleno del máximo tribunal del país.
En el encuentro el magistrado Enríquez Soto al ejercer su derecho de audiencia, de facto les cobró los milloncitos que le deben al poder judicial del Estado, desde luego sin desdoro alguno a la investidura de la ministra Sánchez Cordero.
En esta demanda ante la Suprema Corte, el presidente del Poder Judicial de Nayarit expone razonamientos que justifican cabalmente por qué al Consejo de la Judicatura Federal tiene el carácter de sujeto pasivo para ser demandado en la vía de controversia constitucional y solicita el pronunciamiento del Alto Tribunal para resolver el conflicto por la vía que considere pertinente, es decir, la ministro Olga Sánchez Cordero y sus pares, deberán actuar como curadores en esta singular cobranza del poder judicial de Nayarit, por las acciones realizadas a los dilectos jueces y magistrados federales.
Se hará historia de este asunto, que ya tiene en un brete a los togados del alto cuerpo jurisdiccional, toda vez que son varios los presidentes de Tribunales estatales que le solicitaron a Pedro Antonio, copias de la demanda, toda vez que esta inusual práctica es cosa común en todo el país.
Alguien tenía que ponerle el cascabel al gato…
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