La iniciativa “Mérida” que se instrumentó hace algunos años, entre los gobiernos de los Estados Unidos y México, fue considerado como “un nuevo paradigma de la lucha contra el narcotráfico y la cooperación internacional” a finales del siglo pasado, se estableció este programa, era imperioso dado que al término de la primera década del siglo xxi, el crimen organizado y su expresión más acabada, el narcotráfico, se han vuelto, por varias razones, el eje principal de la seguridad nacional en la relación México-Estados Unidos.
De esta manera, al vincular el problema a un Estado extranjero, el propio gobierno mexicano reconoce que el crimen organizado de las drogas tiene expresiones trasnacionales, y su combate, por ende, se dará en el mismo nivel. Este es otro de los paradigmas de la seguridad nacional mexicana: que los problemas globales se solucionan con estrategias trasnacionales.
De allí que la Iniciativa Mérida sea la primera expresión en México donde se acepta un programa de cooperación con el extranjero, para atacar un fenómeno que se expresa en territorio nacional. México ha ido en la misma dirección de la totalidad de la comunidad internacional, al firmar la gran mayoría de los instrumentos mundiales vinculados con el combate contra el crimen organizado
Como parte de los esfuerzos de la Iniciativa Mérida para apoyar a México en la transición hacia un sistema de justicia acusatorio, el Administrador Asociado de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Mark Feierstein, el Embajador de los Estados Unidos Anthony Wayne, la Titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Dra. María de los Ángeles Fromow, y el Coordinador en México para la Iniciativa Mérida David Garay lanzaron en el 2014 Promoviendo Justicia (PROJUST), un programa de cinco años para facilitar la implementación de la reforma a nivel nacional.
Nayarit, a partir del gobierno que hoy fenece, supo trabajar a marchas forzadas para llegar a tiempo al término de la vacatio legis de 8 años, para que en la entidad se implementara el NSJP, el magistrado Miguel Ahumada, ha sido el titular de la secretaría técnica de la entidad estatal que hizo posible la hazaña de establecer el nuevo modelo de justicia de corte acusatorio en la entidad; él, fue responsable de la aplicación estricta de los programas que la USAID prodigó para la entidad.
El proyecto PROJUST, de $68 millones de dólares, otorga capacitación y asistencia técnica a profesionales que trabajan en el sistema de justicia penal, incluyendo a jueces, ministerios públicos, y defensores, y a quienes trabajan en programas de asistencia a víctimas en la Ciudad de México y los 31 estados de la República.
800 MIL DÓLARES PARA NAYARIT
El Embajador norteamericano en su momento señaló que “PROJUST es el programa más ambicioso de USAID para apoyar la reforma de justicia penal en México”, y que “esta reforma, además de ser una oportunidad para proporcionar a la sociedad un sistema legal más justo, equitativo y eficiente, servirá para fortalecer los derechos humanos y el empoderamiento de las víctimas”
En este cierre del sexenio de Roberto, hace unos cuantos meses, algo no quedó bién concretado, y para Nayarit se suspendieron los recursos previamente establecidos; Miguel Ahumada, previo y durante las vacaciones del poder judicial el mes pasado, angustiado, se dedicó a corregir lo necesario.
Y, la semana pasada, se terminaron de instalar en la Fiscalía General del Estado, -área de dirección de la investigación ministerial; en los Juzgados de Santiago Ixcuintla y en el juzgado para adolescentes de la ciudad capital, los más sofisticados sistemas de registro, servidores, rack´s, terminales de computadoras, cuya capacidad tiene un enorme potencial, que permitirá en su momento servir de base para la completa red del poder judicial y la fiscalía, en el incremento de las necesidades que reclama el NSJP.
Todo lo instalado, alcanza la cifra de 800 mil dólares, las licitaciones para la adquisición del equipo las hace USAID, y fueron hechas hace meses, con los dólares de cuya paridad con el peso era de las más altas. Recursos que, si no fuese por el activismo de Miguel Ahumada, se hubieren ido para otras entidades.
USAID con estas acciones colabora en el tema del fortalecimiento del Estado de derecho en México desde 2004 a través de varias iniciativas, hoy lo que maneja el magistrado Ahumada Valenzuela es la colaboración integral con las instituciones del sector justicia en el proceso de reforma penal a nivel estatal, y el fortalecimiento de la educación y la profesión jurídica.
Esto último ha tenido valladares, merced a la singular atomización de las organizaciones de letrados; sin embargo, estos logros lejos de ser justipreciados en su exacta escala de protagonismo y cumplimiento fiel de las responsabilidades de los hombres públicos, como lo que ha realizado el togado Miguel Ahumada, para el foro y el imaginario colectivo de nuestra sociedad, prácticamente pasan de noche; preguntemos a los agentes del MP, a los jueces, cómo se sienten ahora, trabajando con tecnología de punta…
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