Cada año, en el proceso de elaborar las leyes de ingresos de los Ayuntamientos que integran esta entidad federativa, me nace la convicción de que, si los diputados y el secretario general del congreso, hacen bien su trabajo, siendo congruentes con la realidad socio política que campea en esta tierras de Dios, tendríamos el inicio de una relación fisco-causante, que venga a paliar la tradicional precaria situación de las haciendas públicas municipales.
Una de las cuestiones en las que menos piensan los candidatos a ediles, es, el de incrementar sus fuentes de financiamiento de los Ayuntamientos que presiden; le ponen poca o nula imaginación, parte quizás de la base que así como el Estado es financiado por el gobierno de la república; así, los municipios, deben siempre ser subsidiados por los recursos del gobierno estatal.
He platicado al respecto con algunos diputados; y son reticentes ante mis comentarios sobre lo imperioso que resulta la adecuación de la figura de la ley de ingresos de cada Ayuntamiento; señalan que ellos no quieren pasar como “el diputado que aumenta los impuestos” y al señalarles la urgencia de ampliar la base gravable de los rubros fiscales municipales, específicamente aquellos que son su fuente natural: el predial y el pago de los derechos por servicios de agua potable, pues se quedan en estado catatónico.
Esto lo sabe perfectamente Luis Apaseo, el super subsecretario de Finanzas, quien ha recibido de la Secretaría de Hacienda la conminación de que, ellos como Estado deben de conminar a su vez a los Ayuntamientos para que incrementen sus rubros fiscales, predial y agua potable; con la misma condición desde hace lustros, en la medida de que se incrementen estos ingresos municipales, la federación en esa misma proporción incrementará las participaciones federales para los fondos municipales.
Y esta es, la actual circunstancia, cuando los diputados locales, tienen frente a sí, las siguientes jornadas, en comisiones y en el pleno, la discusión y aprobación de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos de los municipios; para estas alturas ya deben saber que existe una gran irregularidad en la figura arcaica que aún cobran los ayuntamientos; la de las licencias municipales, que han sido declaradas inconstitucionales desde hace lustros, y que ahora la encubren con un ilegal “catálogo de giros” en dónde de manera desigual, se aplican criterios restrictivos sobre los negocios.
Estos cobros, violan los convenios de coordinación que tiene celebrado el gobierno estatal con la SHCP, y aún atentan en contra de la ley del IVA, que de quejarse las Cámaras de comercio locales, pueden desatar una investigación de la permanente de funcionarios fiscales, que puede llegar al inaudito de suspender tales convenios y decirle al gobernador que mientras pervivan estos cobros irregulares, la federación suspende la ministración de los recursos convenidos.
LAS PETICIONES DE LOS NUEVOS ALCALDES
Veremos en breve, si los nuevos ediles, acuden al congreso a defender su proyecto de ley de ingresos; y si como es de esperarse estas contemplan el incremento de los porcentajes de los factores de aplicación de las tasas catastrales, las que por cierto en muchos municipios, tienen más de quince años sin incrementarse, dándose el absurdo de que el mercado inmobiliario tienen precios muy altos sobre los valores catastrales que prevalecen en sus registros.
Los Ayuntamientos, no tienen de momento capacidad recaudatoria, llegaron con una ley de ingresos que no conocen, que mal aplican y que poco entienden; si juzgamos lo que sucede en el Ayuntamiento de Tepic, cuando Polo Domínguez, hizo un llamado a que “regularizaran” sus asuntos fiscales los comerciantes locales, basándose en el vilipendiado “catálogo de giros para el comercio de Tepic”, nos revela que su equipo jurídico no conoce el grave predicamento en que se encuentran las finanzas públicas municipales.
Los índices del esfuerzo recaudatorio es mínimo en la entidad; no contamos con serios estudios sobre el impacto que tiene en la recaudación de los Ayuntamientos, estos rubros fiscales, predial y agua potable, lo deben entender fisco y contribuyentes, que son las fuentes “naturales” de esta entidad de gobierno, y mientras sigan la política de no entender la realidad tal cuál es, sino como ellos quieren que sea, seguiremos en este juego torpe y absurdo de seguir financiando la existencia de administraciones municipales, con empréstitos.
Esta condición de vivir de prestado llegó a su final; las últimas administraciones –al menos la de Tepic- tocaron fondo; y el caso es que ante la corrupción e impunidad de los funcionarios públicos pasados, la sociedad en general está reticente a que le suban sus impuestos municipales; pese a que, el predial en Nayarit y en general en todo México, es uno de los impuestos más bajos del mundo.
Es pues, necesario que se reordene la relación fisco-contribuyente, que entendamos a cabalidad que pagar impuestos beneficia todos, solo que este tiempo no está para bollos, no hay conciencia fiscal entre la ciudadanía por la contundente condición de que los gobernantes hacen uso patrimonialista del poder; al banalizar el tema de la corrupción, ante la persistencia de la impunidad de funcionarios que han depredado los recursos públicos de manera escandalosa, ningún diputado se avienta el tema para tocarlo en la tribuna.
El asunto no es menor, se trata de una política pública que tarde que temprano deben reconocer sus omisiones todos los ediles, la ambiciones políticas de los nuevos presidentes municipales hoy, se enfrentan a la dura realidad, finanzas colapsadas, exceso de nómina, personal sindicalizado no indispensable y, con la urgencia de presentarle al congreso sus proyectos de leyes fiscales municipales.
Los diputados, sobre todo los del Pri, tienen la grave responsabilidad de dotar a los Ayuntamientos de una ley de ingresos para el próximo ejercicio fiscal, que no tenga visos de irregularidades; tienen que operar en forma óptima el ejercicio legislativo, con estudios veraces, en contra de la costumbre de aprobar formatos arcaicos que repiten vicios y no tienen la racionalidad jurídico-política que se impone ante el tiempo de transformaciones que vivimos.
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