Fueron varios errores de operación política y mediática los que se encadenaron; con una interpretación falsa, alejada a la realidad del texto que se pretende adicionar a los códigos penales de la entidad, que se focalizó en los delitos de injurias, calumnias y difamación que ya están previsto en los textos penales, el gobernador Roberto Sandvoal y el presidente de la cámara de diputados, Jorge Humberto Segura determinaron un detente, ante lo inusitado de las voces rijosas en las redes sociales y en uno que otro periódico regional.
Se debe socializar la iniciativa enviada por el ejecutivo en dos de las figuras, ataques a las vías generales de comunicación, y elevar de dos a cuatro años la pena para las figuras de los delitos contra el honor de las personas; el asunto debe de adquirir el matiz de que el mismo Congreso sea la entidad convocante, para que todo aquel que haya opinado y condenado un proyecto de adiciones a las leyes que nos rigen, sin haber leído la iniciativa, vaya y diga de su ronco pecho lo que convenga a su particular interés.
El fiscal de hierro, en conferencia de prensa ex profeso, señaló que no existe tal “ley mordaza”, dado el estado de excepción que gozan los periodistas, merced al regalo que en el sexenio anterior, el sátrapa ex gobernador estableció en la fracción II del numeral 303, que es inaplicable estos delitos a periodistas que lo comentan con motivo de su trabajo.
Las broncas son entre particulares dijo Edgar Veytia, “tengo 55 denuncias de personas que no son periodistas y han visto su honra mancillada.., ¿qué les digo a los ofendidos..? ¿Qué la pena que les darán es de dos meses..? cuando el delito cometido en la internet ya es indeleble..!” los bienes jurídicos que se pretenden salvaguardar son la honorabilidad de los jóvenes, de toda persona agredida en sus valores personales y la pena que se busca es que sea disuadora y al aplicarla al infractor debe ser escarmentado.
Son delitos en contra del honor, que en sociedades avanzadas tienden a desaparecer; pero ¿en la nuestra..? cualquier imbécil en las redes sociales se solaza con dicterios, injurias y difamaciones sin que le reconvengan en absoluto, por su calidad de “periodista”; y luego la irresponsabilidad de algunos jóvenes que ardidos por la ruptura de una relación, se solazan cobardemente dando a conocer videos íntimos de las que fueron sus parejas; como se vea el contexto, estas acciones son delitos, cometidos de manera deliberada con la intención de causar un daño moral, por ende el Estado debe contar con instrumentos jurídicos para castigar a los infractores.
LOS FINES DE LA CONSULTA
En un país como el nuestro, con tan caras libertades vigentes sobre todo la de la libertad de expresión, que con el uso de las redes sociales ha caído en el libertinaje, debe abrirse la consulta, pero sin perder el rumbo la intencionalidad del gobierno; analizar, criticar, desmenuzar la iniciativa y colegir que nada tiene que ver con impedir la libertad de expresión de los comunicadores sociales; estos conceptos que constituyen las adiciones, son parte de la axiología jurídica que toda sociedad debe tener.
En la estimativa jurídica de nuestra filosofía política, existen principios básicos como la dignidad de las personas, los derechos fundamentales del hombre, el bienestar general y la salvaguarda de la honra de todo aquel que vive en nuestra sociedad.
Para determinar la esencia de lo jurídico, es necesario establecer las diferencias entre el derecho, la moral y las normas sociales; diputados y periodistas contestatarios, deben saber “que el campo de la moral es el de la conciencia, el de la intimidad del sujeto..” (Luis Recasens Siches)
En todo delito de tipo injurioso se precisa el dolo; en el caso que nos ocupa, calumnia, dicterios, ofensas, difamaciones, las debemos ver como figuras que tienen como objeto garantizar bienes jurídicos inmateriales, concernientes más estrictamente a la esfera de la personalidad propiamente dicha; el honor.
Sí, el honor es subjetivo; es la valoración que cada persona hace de sus propios atributos. El sentimiento de nuestra dignidad es el contenido primario de la idea de honor, por ello cuando se es lesionado, el Estado debe contar con mecanismos jurídicos para su salvaguarda.
Si vemos que algunos diputados no valoran sus personas, y que con absoluta liviandad y chabacanería inventan cuestiones que no existen en la iniciativa de decreto, abrir la consulta es una tarea para pedagogos, sociólogos y gente que nos hable de filosofía del derecho; porque el honor de una persona puede objetivarse, mediante la apreciación y la valoración que hacen los demás de las cualidades ético-sociales de una persona. Es la buena reputación de que se disfruta; el buen nombre es un patrimonio de elevada estimación, que solamente adquiere sentido en la estimación de los otros.
Todos los opositores al proyecto de reformas tienen que conocer que la injuria y la difamación, como todo otro delito, son incriminados en consideración a un interés público, y no solamente por intereses privados. Si no, ¿qué clase de sociedad tendríamos..? dónde cada gandul difama como modus vivendi.
Para sostener la imputabilidad en estos delitos, es preciso encontrar un derecho violado, porque no hay delito sin lesión de un derecho, y por lo tanto, es necesario poder sostener que injuriar a cualquier persona, se ofende ya sea por el motivo del afecto denostado, o ya sea por razón de un descrédito mediato.
Esta consulta debe ser un serio proceso de enseñanza para el entendimiento generalizado de todo lo que se pretende normar y dejarse de malabares idiomáticos para asustarse con fantasmas de una supuesta censura gubernamental que está muy lejos de existir.
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