De todo el torrente de cursos de capacitación y actualización que se han llevado a cabo en estos últimos dos años; podríamos colegir que tanto el personal operativo de la Fiscalía general del Estado, como jueces y secretarios de estudio del TSJ están ya con los conocimientos suficientes para hacerle frente a los retos de la implementación total del nuevo sistema de justicia penal.
Ahí entre ellos –de las dos dependencias- abundan abogados con maestrías y doctorados en derecho; de este tipo de profesionales la ciudadanía espera que cumplan con la expectativa de saber operar en función de los derechos de la sociedad y si son litigantes, los justiciables merecen una defensa eficaz en el nuevo edificio del derecho judicial.
Me viene a la mente lo anterior, a propósito de esa genialidad política que se les ocurrió al gobernador Roberto Sandoval y al diputado presidente del congreso Jorge Humberto Segura, de abrir una convocatoria a todas las voces de la sociedad para que opinen sobre la discutida iniciativa de reforma que adiciona el código penal en dos figuras, la de tipificar como delito los ataques a las vías generales de comunicación y aumentar en dos años la penalidad de los delitos contra el honor de las personas.
Ellos se vieron presionados por el ruido mediático que protagonizaron algunos diputados que según aprecio, ni tiempo tuvieron de leer adecuadamente la iniciativa que les envió el gobernador; y también las voces livianas e irresponsables de muchos neo opinadores que en las redes sociales se han erigido como la conciencia crítica de todo lo que diga o haga el gobierno del Estado, en el poder ejecutivo y en el legislativo.
Por eso se me ocurre que los letrados con lauros académicos le entren al toro de la consulta, para que eduquen a los contestatarios de siempre que tienen mucha enjundia para descalificar este proyecto…, sin estar debidamente capacitados para entender tecnicismos jurídicos y que bien pudieran explorar la dogmática de los delitos, qué son los bienes jurídicos que tutelan los delitos, y en el caso, específicamente los delitos en contra del honor de las personas.
Y es que la ignorancia unida a la irreflexión política es la madre de todas las rocambolescas actitudes; con la chabacanería y frivolidad con que ven el desarrollo de nuestra sociedad, los abogados preparados les pueden inducir a una educación compensatoria, para que puedan colegir que los códigos penales y sus figuras típicas son formas que tiene el Estado en una sociedad como la nuestra para mantener a raya la incidencia de todo tipo de delitos.
En este tipo de delitos, es vital dilucidar la naturaleza jurídica del honor desde una doble perspectiva: subjetiva y objetiva; el bien jurídico tutelado es inmaterial, el concepto amplio de honor. Algo inmaterial que solo se concibe en personas medianamente educadas y con un alto sentido de sí mismas.
Y este escenario de necedades, exageraciones y descalificaciones estólidas, me hizo recordar esta dura frase que no recuerdo a quién se la leí:
“Donde no hay raciocinio es peligroso tener la razón.., los imbéciles son mayoría..!”
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