Una vez más, la pretendida comentocracia local, uncidos a la ignorante necedad que protagoniza el Sutsem, han hecho una descomunal exageración de las adiciones a los códigos penales que recién envió el gobernador Roberto Sandoval en iniciativa al congreso del Estado; y desafortunadamente, las acres y rijosas voces de condena son de personajes que desconocen el derecho penal, algunos de ellos que tienen títulos de licenciados en derecho, pero que no son abogados, dada su incultura e ignorancia del marco legal que rige a esta sociedad.
Leí dos veces, con acuciosidad la exposición de motivos que está en comisiones; leí y releí las adiciones a diversos artículos del viejo y del nuevo código penal para el Estado de Nayarit, y salvo dos o tres errores de construcción gramatical, no encuentro justificación válida para tal encono, y menos aún que se le denomine “ley mordaza”, es una soberana estupidez irse por la tangente, cretinizar el quehacer público, politizar un asunto que es, de absoluto tecnicismo jurídico.
El motivo de las adiciones a varios numerales es el avance de la sociedad, que avanza en la obtención de mejores espacios para el despliegue de los derechos ciudadanos, y le pone al Estado mecanismo de control y transparencia de sus acciones; empero todo este ruido mediático y la muestra de la capacidad de convocatoria de la matriarca sindical, a criterio de cualquier observador de la actualidad política medianamente informado, lo que prevalece en esta rijosidad y ofensiva contestataria, es la victimización artificial de una figura penal que no existe..!
Los delitos contra el honor, injurias, calumnias y difamación ya existen; los bienes jurídicos que tutelan es la salvaguarda de los valores intrínsecos de cada persona; la adición que se propone al legislativo, es incrementar la pena de dos a cuatro años, cuando el delito se comete utilizando un medio masivo de comunicación social o de divulgación masiva, obvio, como lo es la internet y sus redes sociales.
Se busca, la protección jurídica de la persona ofendida, por el grado de afectación que le prodiga a la honra personal, merced a la exposición del dicterio en un grupo mayor de espectadores.
Antes, este tipo de delitos se cometían en las cantinas, en los mercados, o en los lavaderos de Acayapan; hoy, un epíteto, un calificativo injurioso, cualquier imbécil te lo endilga en el Facebook, y más aún en el cobarde anonimato de conducirse con un perfil falso, a esta incidencia de delitos va orientada la adición para su disuasión, que es una parte de las obligaciones que todo gobierno debe tener para con sus gobernados. Jurídicamente la iniciativa está bien hecha.
LA EXCEPCIÓN DE LOS PERIODISTAS
Ahora que se le está haciendo mucho ruido mediático a esta reforma; me resulta extraño que un hombre a quien yo consideraba inteligente y políticamente maduro, el diputado Sebastián Mercado, se haya puesto la camiseta del Sutsem, y haya caído en la seducción de convalidar las injurias y ofensas que le hicieron en una entrevista publicada en Facebook en contra de la persona del gobernador Sandoval Castañeda.
Hoy tenemos que ver con suficiencia las consecuencias de la revolución audiovisual de nuestro tiempo, que violentó toda barrera que antes la censura gubernamental imponía a los medios, a la libre información y a la disidencia crítica; esto constituye un progreso para la cultura de la libertad; las manifestaciones que muestran claramente la cultura del desapego a la ley, no son hazañas libertarias, son libertinaje, o como dijo Fernando Savater, “son un liberticidio”.
Para todos aquellos periodistas de nuevo cuño y que solo han conocido los espacios del Facebook, que hoy opinan sandeces y descalifican por ignorancia de la juridicidad que impone un análisis serio de esta iniciativa de adiciones a los códigos penales vigentes en la entidad, debo de recordarles, que una de las perlas que nos heredó el sátrapa ex gobernador anterior, es el regalo de impunidad y de excepción que tienen los periodistas cuando, se ubiquen en los extremos del artículo 303 del viejo código penal, que señala:
“No se aplicará sanción alguna como responsable de difamación ni de injurias: II. Al que manifieste su juicio sobre la capacidad, instrucción, aptitud o conducta de otro, si probare que obró en cumplimiento de un deber, o por interés público, o que con la debida reserva lo hizo por humanidad, por prestar un servicio a persona con quien tenga parentesco o amistad o dando informes que se le hubieren pedido si no lo hiciere a sabiendas calumniosamente..”
El cuento es que no saben leer, o nunca lo hacen, existen sentencias de la SCJN que han delimitado perfectamente el territorio del periodismo y el de la comisión de delitos en contra del honor, como lo es la difamación; “el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho fundamental a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, el cual es base y condición de todos los demás, por lo que de él se desprenden todos los demás derechos en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad (por ejemplo el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal)”.
La frivolidad, la chabacanería con que se conducen estos indignados, en contra de las instituciones públicas solo son muestras de una cultura de desapego a la ley; la SCJN define al honor como el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social.
Todo individuo, al vivir en sociedad, tiene el derecho de ser respetado y considerado y, correlativamente, tiene la obligación de respetar a aquellos que lo rodean. En el campo jurídico esta necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada individuo de pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de responder a este tratamiento.
Estos son los bienes jurídicos que busca proteger las adiciones a los códigos penales, que van en la iniciativa del gobernador al Congreso local; dicen en mi rancho la inutilidad de buscarle chichis a las gallinas; son polvos de los tiempos de libertinaje expresivo que raya en lo delincuencial, no es dable ya la existencia de tanta impunidad…
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