El gobierno de Antonio Echevarría García, ha cruzado su Rubicón, por vez primera un gobernador en ejercicio permite que su aparato de procuración de justicia finque responsabilidades penales al gobernador que le precedió; ayer, una agente del Ministerio Público llevó a cabo las diligencias del caso y aseguraron varias fincas que son propiedad de Roberto Sandoval y de su familia cercana.
La causa penal -se ha dicho hasta la saciedad- fueron las querellas que presentó la autodenominada “comisión de la verdad” que encabeza Rodrigo González Barrios, un irrredento perrediano cuyo protagonismo tiene más fondo político que jurídico; y esta circunstancia es el motivo del título de la presente nota; el nuevo sistema de justicia penal, impone una serie de requisitos y supuestos de un hipergarantismo que, protege a los presuntos imputados.
Desde fuera, lo que se aprecia es la dudosa legitimidad de quienes pudiesen ser considerados ofendidos por los delitos que haya cometido Roberto Sandoval en el ejercicio indebido de sus funciones como titular del poder ejecutivo; hoy, el hecho delictivo “es la circunstanciación fáctica de los elementos normativos, objetivos y subjetivos del tipo penal” y en el caso de los ilícitos imputados, es la mar de difícil acreditar la tipicidad subjetiva.
Estimamos que Petronilo, debe ser exigente en grado sumo en la integración de la causa penal, es mucho el riesgo que corre el gobierno y sobre todo, el primer y último responsable de todo lo que haga o deje de hacer el poder ejecutivo a su cargo; Toño Echevarría ha dicho que confía en el ejercicio de la ley en contra de los funcionarios venales; empero me recuerda la vieja anécdota de aquellos campiranos que acusaban a los promotores de Banrural que les escamoteaban los dineros, “oiga señor gobernador, los acusamos de ratas, no de pendejos..”
Orgánicamente, debiera ser el secretario de la Contraloría quien presente las querellas en contra del exgobernador y de sus funcionarios, cuando se trata de una acción institucional del actual gobierno, dada la precaria legitimidad que pudiese tener la “comisión de la verdad”, sin embargo, no se ha seguido esta ruta y ya se inició la causa penal con tales denunciantes.
Se impone una pulcritud jurídica, el respeto irrestricto al marco de derecho y, por si alguien lo ha olvidado, uno de los principios del NSJP, que es el principio de la presunción de inocencia, ha existido mucho ruido mediático en los supuestos latrocinios que cometió Roberto Sandoval; y pese a todo, también tiene derechos que deben ser respetados por la autoridad ministerial.
Toño Echevarría García, puede tener la adhesión de muchos ciudadanos, agraviados o nó, que apoyan estas acciones, empero, los hechos jurídicos no deben ser matizados por el encono político, en este lance sin duda, está en juego parte de la viabilidad política del actual gobernante.
Razón de más para actuar con sumo cuidado…
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