La Secretaría de Marina-Armada de México -Semar- es la institución encargada de coordinar las operaciones de alto impacto en el país. En los últimos nueves meses reportó 10 mil 485 operativos contra el crimen organizado.
De acuerdo con el texto del primer informe de gobierno, entregado por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso, la Semar coordinó las acciones de la Procuraduría General de la República y las secretarías de la Defensa Nacional y de la policía federal que se encuentra ubicada en la secretaría de Gobernación.
En el informe del presiente de los mexicanos se destaca que la Marina también encabezó los trabajos con gobiernos estatales y municipales en Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León, entidades donde se concentran las principales células de los cárteles del narcotráfico.
Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio del presente año se ejecutaron 10 mil 485 operaciones bajo la coordinación de los marinos, en las que participaron 2 mil 803 elementos, lo “que permitió disminuir, neutralizar y erradicar las actividades de distintos grupos delictivos que operan en dichos estados”.
En el apartado México en Paz, la administración federal hizo hincapié en que a lo largo de 2013 el Ejecutivo Federal realizó acciones de inteligencia mediante esquemas de coordinación, principalmente en lo relacionado con la delincuencia organizada.
En el documento se menciona que el programa nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia busca las zonas de más alto riesgo, donde se concentra más de 40 por ciento de los delitos. En tanto, para abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía, Ejército, Fuerza Aérea y Armada, así como PGR y Policía Federal, trabajan coordinadamente con un enfoque regional, haciendo mayor uso de inteligencia y resguardando los derechos humanos.
DERECHO HUMANOS, DEBIDO PROCESO EN RIESGO
Desde que en el sexenio presidencial pasado, se utilizó a las fuerzas armadas federales para que fueren el instrumento del estado mexicano en contra de la delincuencia organizada, el estado de derecho, se ha visto en graves predicamentos para justificar la violación sistemática con que las fuerzas federales, ejército y marina, llevan a cabo sus operativos que se pueden denominar de alto impacto.
Existen registros de indicios fehacientes sobre violaciones generalizadas a los derechos humanos en México, por casos de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, lo ha publicado la organización Amnistía Internacional, en su reporte anual del año pasado.
“Miembros del ejército, la marina y la policía municipal, estatal y federal fueron responsables de violaciones de derechos humanos graves y generalizadas cometidas en el contexto de operaciones de lucha contra la delincuencia y acciones realizadas en connivencia con bandas delictivas”, apuntó el informe Amnistía Internacional: El estado de los derechos humanos en el mundo.
“El gobierno se negó sistemáticamente a reconocer la envergadura y gravedad de los abusos y la falta de credibilidad de las investigaciones oficiales”,
Sucede lo mismo cuando los médicos no saben la terapia y aplican antibióticos a lo bestia; es decir, el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales –aún de los delincuentes- ni por asomo son respetados; aunado a la rijosidad indiscriminada que aplican en estos operativos en dónde presuntos delincuentes y personas terceras ajenas son detenidos fuera de todo procedimiento judicial y conculcadas las normas penales de las acciones previas al debido proceso.
El acuerdos nacionales de combate a la delincuencia, establecen protocolos estrictos para actuar bajo la figura del mando único y la coordinación interinstitucional, en el caso de lo ocurrido este fin de semana, el ostracismo de quienes ahí intervinieron ha dado pie a un sin número de trascendidos en donde subyace el autoritarismo, la rijosidad extrema de los marinos y por lo que se sabe, están pagando justos por pecadores.
¿Qué el fiscal general del estado, está actuando jurídicamente en defensa de los policías que fueron detenidos..? es lo obvio, por su talante y la fuerza expresiva que le impone a todas sus acciones; si en este caso, el proceso de investigación determina colusión de los estatales, solo un juez competente podrá determinarlo; mientras tanto, todas las especulaciones salen sobrando, y en nada abona el lenguaje soez de las suposiciones de los contestatarios por sistema.
Toda organización policial, integrada por hombres y mujeres con su fardo de atributos, virtudes y defectos, no está ajena de la contaminación delincuencial, no es prudente emitir juicios categóricos sin sustento, ni en este ni en ningún caso.
El patrimonio político y el amplio sustento social con que cuenta el gobierno de Roberto Sandoval, merced a la contundente actuación del fiscal de hierro Edgar Veytia no ha sido mellado por este ni por ningún otro caso; hemos sido testigos del cómo han sido consignados elementos de diversas corporaciones estatales y municipales que hacen un modus vivendi delincuencial.
Cierto, se trata de una densidad delincuencial que tiene que atacarse, empero este tipo de hechos, nos revelan circunstancias reiterativas, de la inaplicación del derecho.
Contacto: luisi48@prodigy.net.mx
