- Se impone reunión de los plenos del CEJ y del TSJ
- La función jurisdiccional, vital para la ciudadano
El día de ayer, el gobierno de la república emite resolutivos que, debemos de decirlo, en estricto sentido jurídico, no son vinculantes para las instituciones que involucra ni para los particulares, porque no ha existido un decreto de la presidencia de la república que sustente las medidas en el texto constitucional y en los numerales 427 fracción VII y 429 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo.
Señalan cuáles son las actividades esenciales que no pueden suspenderse en ninguna forma, seguridad, servicios de salud y entre otros justicia, entendido esto como la procuración y su administración; con el añadido de que las personas mayores de sesenta años, que trabajan en éstas áreas tendrán que permanecer en sus domicilios y ser suplidos por otro personal.
El poder judicial del Estado de Nayarit, los plenos que preside el magistrado Ismael González Parra determinaron la suspensión de las actividades jurisdiccionales, para reiniciarlas el día 20 de abril; sin embargo, pese a las precariedades jurídicas de los anuncios del Consejo general de Salud, de una u otra manera, tendrán que reunirse para debatir el anuncio y resolver en consecuencia.
La lógica de la conducta institucional de Ismael González y sus muchachos, nos indica que tendrán que sesionar en breve los dos plenos del Concejo de la Judicatura y del Tribunal superior de Justicia, sin que haya necesidad de asistir físicamente al edificio sede, tienen la tecnología necesaria para estar reunidos mediante video conferencias y tomar las decisiones del caso.
Tiempos inéditos en la república reclama respuestas congruentes e inteligentes de los hombres que tienen a su cargo la conducción de las labores institucionales; la administración de justicia es una de las funciones del Estado mexicano que reclama pertinencia, honradez y expeditez a toda prueba.
Hoy, los jueces, secretarios de acuerdos, proyectistas y magistrados que integran el TSJ, tienen mayores responsabilidades, porque esta jornada de suspensión de las actividades jurisdiccionales, no son vacaciones pagadas, sino la excelente oportunidad para ser mejores en lo suyo; lo que nos puede dejar esta crisis es trocarla en fasta..!
Todos los que integramos el foro, la Fiscalía General del Estado, el Poder judicial, los justiciables y los Abogados litigantes, debemos de renovar nuestros votos con la justicia y el derecho, y debemos reanudar la función jurisdiccional siendo mejores seres humanos, mejores Abogados, al servicio de las mejores causas de los justiciables y de la sociedad.
Y también nos deja a enseñanza al interior del poder judicial local, es una nueva tarea para su presidente y el concejo de la judicatura, establecer la firma electrónica de los Abogados litigantes, para darle viabilidad a un viejo proyecto, establecer las demandas mediante la internet, hacer los juicios en línea y las sentencias mediante las video conferencias.
La tecnología debe estar al servicio de las necesidades de la sociedad; y como lo dice el decreto, esta es una de las actividades esenciales del Estado mexicano.
A darle…!
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