Aunque algunos estudiosos de la evolución del derecho constitucional han querido encontrar el antecedente de las comisiones de defensa de los DDHH en nuestro país en el siglo XIX, con la promulgación de la Ley de Procuraduría de Pobres de 1847 que promovió don Ponciano Arriaga en el estado de San Luis Potosí; la verdad es que es en la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia de una enfática demanda social en el ámbito nacional y de las transformaciones en la esfera internacional, que comienzan a surgir diversos órganos públicos que tienen como finalidad proteger los derechos de los gobernados frente al poder público.
En 1983, el ayuntamiento de la ciudad de Colima fundó la Procuraduría de Vecinos, que dio pauta al establecimiento de dicha figura en la Ley Orgánica Municipal de Colima del 8 de diciembre de 1984, siendo optativa su creación para los municipios de dicha entidad.
Tenemos como antecedentes directos de la CNDH, el 13 de febrero de 1989, dentro de la Secretaría de Gobernación, se creó la Dirección General de Derechos Humanos. Un año más tarde, el 6 de junio de 1990 nació por decreto presidencial una institución denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose como un Organismo desconcentrado de dicha Secretaría. Posteriormente, mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, se adicionó el apartado B del artículo 102, elevando a la CNDH a rango constitucional y bajo la naturaleza jurídica de un Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dándose de esta forma el surgimiento del llamado Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos.
Que luego fue replicado en todas las entidades federativas; las Comisiones estatales de DDHH, han sido en ocasiones antagonistas de la política de procuración de justicia de los gobernadores.
EL CONGRESO EMITE CONVOCATORIA
Llegado el tiempo señalado por su propia ley orgánica, el congreso del Estado emitió la convocatoria para registrar aspirantes que feneció su plazo la semana anterior, para la designación de Presidente y Consejeros de la Comisión de defensa de los DDHH en la entidad.
Faltando un día para que venciera el plazo, solo se había registrado un solo aspirante, un activista de los derechos humanos de la sierra, de origen huichol; y de manera sorpresiva en una cuantas horas, en el último momento, se registraron 26 aspirantes, 13 para presidente y 13 para ocupar uno de los seis escaños de los consejeros que son, honoríficos tal puesto, es decir no reciben remuneración alguna.
El día de hoy, el activo diputado Javier Hiram Mercado, quien preside la comisión de justicia de la XXXII legislatura, validará los requisitos de elegibilidad de todos los 26 pretensos ya registrados; luego, siguiendo la ruta marcada por los diputados, los días 5, 6, y 7 del presente mes, serán recibidos para ser entrevistados, y pasará el dictamen al pleno el día 13 del presente mes.
Se les ha calificado indebidamente como “ombusman” a los titulares de estas comisiones, sin embargo tal concepto, se refiere como una simple extensión del amplio concepto como se conoce en la tradición europea. No corresponde a la figura que establece nuestra legislación.
Aquí, conforme a nuestra cultura aldeana, se han registrado burócratas de la misma comisión estatal, y personajes pintorescos, quienes serán parte del escenario de la designación, que, por lo que sabemos aún no hay señal del dedo del titular del poder ejecutivo para quién será el próximo titular de la comisión estatal de los DDHH.
Encontrar un personaje capaz, de prestigio, con un marcado humanismo para ejercer tal responsabilidad, es buscar una aguja en un pajar, puesto que debe contar con una sólida cultura jurídica, de derecho constitucional y una biofilia a toda prueba.
Se requiere a un profesional que sepa que los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a individuos y grupos contra acciones que interfieran en sus libertades fundamentales y en la dignidad humana. Los derechos humanos se caracterizan fundamentalmente porque: 1. están avalados por normas internacionales; 2. gozan de protección jurídica; 3. se centran en la dignidad del ser humano; 4. son de obligado cumplimiento para los Estados y los agentes estatales; 5. no pueden ignorarse ni abolirse; 6. son interdependientes y están relacionados entre sí, y son universales.
¿ Quién será el Abogado o Abogada que reciba tal designación…?
Que los dioses buenos iluminen al gobernador y a sus diputados..
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