¿Por qué es necesario que todo hombre o mujer que llegue al poder público tenga un mínimo de cultura sobre los interiores del sistema jurídico mexicano..? Para que tenga al menos rudimentos primarios que le permitan entender que vivimos en un país, que aún tiene un marco de derecho, que no está de adorno, sino que es imperioso que las autoridades se sujeten al mismo, so pena de actuar violentando las normas y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Nuestro sistema político es constitucional –no es autócrata- las atribuciones específicas que la ley les otorga a las autoridades, les conmina a que sólo pueden hacer precisamente lo que la ley les permite; a diferencia de los particulares, que podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe; este es el primer principio de interpretación formal “lógica” del marco de derecho en que vivimos.
Las autoridades del Ayuntamiento de Tepic –al igual que todo ente de gobierno- para actuar en el ejercicio de sus atribuciones y competencia, deben cubrir los extremos del numeral 16 constitucional, dado que al causar molestias y perjuicios a los particulares, no pueden actuar fuera del derecho, fuera de los fines, objetivos y materia que les señala la ley.
Existe un campo (el fiscal) para la autoridad en que sus facultades se otorgan en forma restrictiva, ahí no se puede hablar de facultades implícitas, sólo se puede admitir que se ejerciten las facultades expresas y limitativamente otorgadas; en el caso de la imposición de multas fiscales por carecer de licencia de funcionamiento de los negocios en la ciudad capital, es una actuación inconstitucional, que viola en flagrancia la fracción IV del artículo 31 constitucional.
Conforme al cual ningún cobro se puede hacer por la vía económica-coactiva ni aplicarse otra sanción a un particular, sin cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y, si no está claramente determinado en una ley (de ingresos, como es el caso actual) sin que las autoridades administrativas puedan ampliarse sus facultades al respecto por razones de interés público o de conveniencia en el ejercicio de sus facultades.
Desde hace más de veinte años, cuando se suscribieron los convenios de coordinación fiscal entre el gobierno de la república y las entidades federativas, se estableció que “no podrán gravarse las actividades mercantiles de los contribuyentes” porque son gravadas estas actividades por la legislación fiscal federal; quién a su vez retribuye a las entidades para que éstas a su vez le transmitan a los ayuntamientos sus participaciones.
EL CASO DEL AYUNTAMIENTO DE TEPIC
Han sido épicas las batallas que los comerciantes organizados de nuestra ciudad capital han protagonizado en contra de alcaldes torpes e ignorantes; ni el gobernador en turno, ni los diputados en turno han ilustrado a los alcaldes para que en la elaboración de sus leyes de ingresos establezcan con meridiana claridad que no puede existir rubro alguno bajo la denominación de “licencia municipal” o “tarjeta de identificación de giro”. O cualquier otro que tenga el mismo fin.
Porque viola la Ley de impuesto al valor agregado y los convenios de coordinación del gobierno federal con el estatal; pero la méndiga costumbre de aprovechar el principio de autoridad que se detenta, las autoridades municipales les han impuesto al comercio organizado o libre diversos rubros fiscales, multas y pago de derechos desorbitados.
Si en el trienio anterior, en esa cueva de ladrones que son los fiscales y la oficina de funcionamiento de negocios, se les imponía a loncherías exitosas cobros por el concepto de “licencias de funcionamiento” y “horas extras” cantidades de 50 mil, a 80 mil pesos; ahora bajo la presidencia del Dr. Leopoldo Domínguez, los angelitos se quieren servir con la cuchara grande, hay varios negocios exitosos a los que les impusieron la cantidad de $ 250 mil pesos..! por licencia de funcionamiento y por horas extras.
Pese a que el actual presidente del concejo directivo de la Canaco Tepic, está actuando como esquirol en contubernio con el gobierno municipal, los integrantes del concejo directivo de este organismo público y de consulta (nunca lo toman en cuenta en el congreso para la elaboración de las leyes fiscales de los ayuntamientos) ya tomaron la resolución de todo ciudadano ante la hijez de las autoridades y la violación de sus derechos fundamentales.
Seguir el camino de la legalidad implica enfrentarse a lo inaudito, en las oficinas del Ayuntamiento de Tepic, se resisten a recibir los escritos de los comerciantes o de la Canaco Tepic, para que informen del sustento jurídico por el cual, pretenden imponer tales descomunales arbitrios; ya ha transcurrido el término que la Ley de acceso a la información establece y los dilectos funcionarios del Ayuntamiento de Tepic, por una parte siguen mudos para contestar legalmente lo que el comerciante le reclama.
Y por la otra, persisten sus acciones de intimidamiento, extorsión, amenazas y cierre de negociaciones por carecer de licencia, del tarjetón de identificación de giro y, sobre todo, por no darles la consustancial mordida a los méndigos fiscales que amedrentan a los comerciantes.
Al actuar inconstitucional del Ayuntamiento que preside Leopoldo Domínguez, los comerciantes organizados, han cogido el camino de la legalidad que los llevará tarde que temprano a los juicios constitucionales; solo que en este instancia jurisdiccional, esperamos que la dorada burocracia del poder judicial de la federación, deje su consustancial pachorra y dejadez para que actúe con la celeridad que reclama la situación de excepción que vive el comercio de Tepic.
Todo este estado de ilegalidad que tienen los ayuntamientos de la entidad se debe a que los diputados no han cumplido con sus atribuciones meta legales, imponerles a los ediles orden y legalidad en la búsqueda de los dineros que solo los comerciantes les pueden dar; se impone la corrección de sus leyes fiscales y el respeto irrestricto, absoluto y sin ambages a los derechos fundamentales del ciudadano.
La libertad de comercio es uno de ellos.
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