Sin duda alguna, las derivaciones mediáticas y políticas que se siguen suscitando del bochornoso caso del edil de Sanbolas, sin que sus detractores se percaten que lo están insuflando en demasía, del modo tal que se aplica el viejo dicho aquel de que “hacerle caso a los pendejos es engrandecerlos”. Grave, si, por el hecho de que la abominación se dio precisamente en los días de la celebración de la efeméride del “Día internacional de la mujer”.
Y en la tardía respuesta del gobierno, específicamente del poder legislativo, nos encontramos que dentro de la dinámica de reformas constitucionales, habiendo llegado una a la cámara de diputados hace unos días, el escriba esperaría que dada la envergadura y la trascendencia de la misma, los señores diputados y las dilectas diputadas hubieran hecho un verdadero estudio y divulgación de lo que significa la imposición de disciplina financiera a entidades federativas y municipios.
Este tema, es uno de los torales que trajo el actual presidente Enrique Peña Nieto en su campaña; luego de los primeros acuerdos y de las reformas trascendentales del primer y segundo año de gobierno, los disensos y mezquindades de los legisladores federales en ambas cámaras, venían dilatando estas adiciones a la carta magna.
A juicio del escriba, estas reformas a la constitución, son, las que van a remodelar el nuevo rostro del federalismo financiero de los tres órdenes de gobierno; dado que le faculta al Congreso de la Unión, expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria, en relación al manejo de sus finanzas de la federación, estados y municipios.
Se incorpora a la carta magna el principio de estabilidad de las finanzas públicas; regula con meticulosidad las operaciones de conversiones de deuda y los financiamientos de estados y municipios.
Establece una instancia bicamaral para conocer y emitir observaciones cuando algún Estado pretenda que la federación avale deuda con las participaciones federales, sobre todo si se trata de Estado que presentan un nivel elevado de deuda, tal cual lo dispone la ley.
Faculta al poder legislativo federal para expedir una ley general relativa a las normas de endeudamiento de estados, municipios y el DF; que aborda los límites y las modalidades para afectar las participaciones en garantía; se crea un sistema de alertas sobre el manejo de deuda pública y sanciones aplicables a los gobernadores y ediles que incumplan con la normatividad.
Establece específicamente la responsabilidad de los servidores públicos en el manejo de los recursos de la deuda pública, fijando los elementos de esta responsabilidad financiera en la contratación de deuda pública de Estados y municipios.
EL IMPACTO DE LAS REFORMAS
A los órdenes de gobierno, esta trascendental reforma les impondrá la prohibición de contratar deuda pública para el pago de gasto corriente; y les advierte a las legislaturas estatales su correspondiente corresponsabilidad en este escabroso asunto.
Y además, se amplían las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, para fiscalizar deuda pública, sobre todo las garantías que otorgue el gobierno federal respecto de préstamos a Estados y municipios, fiscalizando el destino y el ejercicio de estos recursos, que hayan hecho uso de ellos los gobiernos locales.
¿Qué es lo que no han atendido los dilectos diputados de esta XXXI Legislatura..? qué con estas reformas, se le pone el cascabel al gato; se acota el indiscriminado endeudamiento del Estado y de los municipios.
Se busca de manera obligada que el servidor público haga uso eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos.
Revisa meticulosamente el sistema de fiscalización de los recursos; y, busca terminar con la comodina opacidad y discrecionalidad con que hasta la fecha se han manejado estos temas entre los poderes estatales y las complicidades mutuas en los ayuntamientos.
Y como estoy cierto de que no han leído la minuta, ni el documento ejecutivo que debió de haberles redactado el eficiente “hacedor de milagros” Javier Rivera, y si lo hicieron no tienen la cabal concepción de su trascendencia política, imagino que, por tal motivo dedicaron ayer sus afanes a discutir en comisiones el punto de acuerdo de la comisión de gobierno que censuran los deleznables hechos protagonizados por el cínico edil de Sanbolas.
Mientras tanto, con el sigilo de siempre, el auditor general Roy Rubio haciendo lo que le corresponde, yendo a la fiscalía general a presentar las denuncias correspondientes en contra de diversos funcionarios que incurrieron en responsabilidad penal.
Trascendió la inhabilitación de la actual tesorera del Ayuntamiento de San Blas, Argelia Ramírez Cruz por once años para ejercer cualquier cargo público y la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Hubo algo de especulación, dado el frenesí con el caso de Huaristemba, dadas las responsabilidades en que incurrieron los servidores de Sanbolas, aprovechando el crisol mediático, se aprehendería a algunos; incluyendo al mismo presidente municipal.
Sépa..! ojalá y mejore su política de comunicación social el OFS.
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