Los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia que preside Pedro Antonio Enríquez Soto en singular acto público hicieron profesión de fe; atender a los usuarios -y demandantes de justicia- con respeto, vocación de servicio, honestidad y transparencia.
Estos altos funcionarios del poder judicial, suscribieron con su firma en un documento que incluye su fotografía e indica, además del mencionado compromiso, que la información y trámites que en las oficinas se proporcionan a los usuarios son gratuitos. Fue una resolución del Consejo de la Judicatura, que se hará extensivo al personal de todas las áreas jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial de Nayarit.
El acto se llevó a cabo en presencia de decenas de integrantes de la institución e invitados como el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Poder Legislativo local, Roy Rubio Salazar, así como los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, Ramiro Antonio Martínez Ortiz y Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez.
Enriquez Soto explicó que documentos como los suscritos por los magistrados estarán a la vista del público en cada escritorio de quienes laboran en las salas del Tribunal o en los juzgados y aparecen números de teléfono, así como una cuenta de correo electrónico, para presentar en su caso quejas, denuncias o felicitaciones.
Al término de los honores a la Bandera correspondientes a agosto y también en presencia del comandante de la Décima Tercera Zona Militar, general de brigada Leobardo Quezada Ávalos, Enríquez Soto expresó que el referido es un compromiso, principalmente, de atender a los usuarios con decoro y calidad.
“No se trata —subrayó— de un mero cumplimiento de la ley, a lo cual estamos obligados sin ninguna justificación; se trata más bien de un compromiso de carácter ético que cada uno, al estampar nuestra firma en este documento, al mostrar nuestra fotografía y nombre de manera transparente y pública, asumimos con el principal beneficiario de nuestro servicio público: el usuario”.
En el discurso oficial del acto cívico celebrado en el exterior de la sede del Poder Judicial de Nayarit, el magistrado José Miguel Madero Estrada, integrante de la Sala Constitucional, señaló que con la nueva legislación nacional en materia de transparencia y acceso a la información pública “ha quedado atrás, por fortuna, la etapa de leyes y políticas estatales de publicidad dispersas, donde todo dependía de la voluntad de los gobiernos locales”.
Dijo asimismo que para que la información y la transparencia cumplan su cometido es necesario no solamente que los ciudadanos puedan observar al gobierno, sino que utilicen la información críticamente.
Casi al término de su alocución, Madero Estrada expresó su confianza en que la ley no cederá ante la opacidad y el secretismo; que los entes responsables proveerán la información actualizada y oportuna; que no habrá simulación y los ciudadanos tendrán acceso efectivo a los archivos y portales del gobierno.
Pero —puntualizó— si eventualmente fuera negada la información; si se retarda deliberadamente, se condiciona su entrega o se omite la respuesta a las solicitudes, o bien hay un uso indebido de sus datos personales o las páginas de transparencia son deficientes, “tengo confianza en que los ciudadanos sabrán defender sus derechos”.
Añadió que los ciudadanos tienen la alternativa de acudir ante dos instituciones donde laboran funcionarios profesionales y técnicamente preparados para estudiar y resolver sobre la violación institucional. “Me refiero al Instituto de Transparencia y a la Sala Constitucional del Poder Judicial”.
Este tipo de lances un tanto mediáticos, y hacia el interior de la burocracia del poder judicial, son producto de la imaginería que le echa a diario el magistrado presidente, buscando fortalecer el sentido de pertenencia de los mandos medios y superiores del TSJ, de llevarse a cabo al menos una buena parte de los propósitos que alentaron la creación de este compromiso público, ya se habrá avanzado en la constitución de una entidad de verdadero estado democrático de derecho.
Lo que falta, y en eso se la ha insistido al magistrado presidente, conocido es, que dentro de los jueces y magistrados que juzgan, no todos son impolutos, existen casos conocidos de venalidad y corrupción, sin que el foro y la sociedad conozca si el CEJ les ha aplicado las sanciones que fueren pertinente aplicar; mientras no se despida a un secretario extorsionador, a un juez corrupto, o a un magistrado que litiga por interpósita persona, para la percepción generalizada de integrantes del foro y de la sociedad, este tipo de manifestaciones quedará como una expresión de buenos propósitos.
