Como en contadas ocasiones, hace añales una administración estatal no contaba con un funcionario que tuviese el reconocimiento social y que fuera cobijado por las diversas organizaciones de abogados, con la reforma constitucional, Edgar Veytia es ungido como el Fiscal General del Estado; su nombramiento tuvo la unanimidad de los representantes populares, el mejor signo para reconocerle que su trabajo en este año y medio del sexenio, ha sido eficaz.
Al arribo del gobierno de Roberto Sandoval, uno de los factores del deterioro social y político que dejó el sátrapa que le precedió, era la seguridad pública; nuestras calles, colonias, regiones de la entidad, eran presa de una delincuencia densa y omnipresente, nada fácil era la encomienda para el entonces sub procurador de justicia; meses de trabajo constante, peligros a cada rato, atentados en su contra y de manera frontal, sin ambages se pacificó el Estado; y lo más importante, la ciudadanía confió en un gobierno que le regresó la paz y la tranquilidad social.
Estamos en el territorio de las reformas de la procuración y administración de justicia, nuevos paradigmas jurídicos procesales nos anuncian el sistema penal acusatorio; la parte primera que se tiene que transformar es la parte del Estado que conoce el hecho delictivo, policías investigadores, peritos, agentes del ministerio público están siendo capacitados, mientras en el Poder Judicial, hacen lo propio, una labor titánica de ambas entidades, ahora con la figura de la Fiscalía General del Estado, se actualizan sus funciones en el nuevo marco legal.
Es una reforma que nos atañe a todos, la sociedad debe ser informada para que se entienda a cabalidad que el nuevo sistema de justicia penal, es un cambio de 360 grados, un concepto garantista, donde la justicia alternativa será la norma y el juicio oral la excepción.
Más allá de las explicaciones técnicas jurídicas y jurisprudenciales que tenemos sobre el modelo que se está implementando en la entidad; lo que se reclama por todos aquellos que participamos en su construcción, es tener claridad y certidumbre.
Estamos ante el inicio de los cambios que serán vertiginosos; en la Fiscalía General es imperioso investigar el parámetro jurídico para interpretar eficazmente la dinámica del nuevo modelo; para descubrir lo más claramente posible, las mejoras, desventajas, repercusiones sociales, aciertos y desaciertos, de todo este proceso que sigue en la expectativa de sus actores, protagonistas y de la sociedad en general.
CAPACITAR A TODOS
Gracias a la telebasura de Televisa y TV Azteca, se tiene la percepción generalizada que los juicios orales, son como en los Estados Unidos de América, es decir que al delincuente lo juzga un jurado popular; y el juez solo impone la pena; y nada hay más alejado del modelo que se implementa en México; es una mezcla del que tienen Costa Rica, Argentina y Chile.
Se necesita funcionarios probos, para que la sociedad reconozca sus esfuerzos y confíe en las nuevas instituciones jurídico penales que se están implementando; policías investigadores que apliquen métodos científicos en los casos de su conocimiento; servicios periciales de excelencia, que apliquen su técnica con el mayor rigor metodológico.
Pero antes que nada, se requiere una mística de trabajo en todas las dependencias de la Fiscalía general, para que la gente entienda y comprenda los grados de dificultad a los que se van a enfrentar, porque los cambios son torales, una nueva cultura judicial, nuevas formas de resolver las consecuencias legales de los delitos.
En el sistema acusatorio deben estar presentes todos y cada uno de los principios que forman el debido proceso: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Solo será posible, si concebimos al nuevo sistema acusatorio desde el punto de vista de un sistema de audiencias públicas como el método y el espacio que se requiere para que se cumplan tales principios.
Pero debemos de conocer que antes de toda confronta oral ante juez de control o juzgador, el eje rector del sistema acusatorio es la justicia alternativa; de ahí el porqué los agentes del ministerio público requieren de nuevas especialidades para dirigir la investigación primera y como investigador jurídico en la salvaguarda de la cadena de custodia y de la teoría del caso.
Los nuevos roles del ministerio público, serán fundamentalmente importantes en el discernimiento del principio de oportunidad para la aplicación de las medidas de justicia restaurativa y alternativa, para instrumentar entre la víctima y su ofensor los acuerdos reparatorios o restitutorios.
Con el nuevo sistema procesal penal acusatorio, se privilegian las formas alternativas de justicia entre víctima e imputado; este es el nuevo escenario para resolver las controversias, en el marco de la justicia oral surgen los medios alternativos sobre la justicia ordinaria.
Y hasta ahora, para implementar estas reformas, haciendo sinergia con el magistrado presidente Pedro Antonio Enríquez, en el poder ejecutivo Edgar Veytia, está demostrando que puede con el reto; enhorabuena por el gobernante, y, sobre todo por los justiciables.
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