En la dinámica de cambios jurídico políticos que están sucediendo en el país, con las reformas constitucionales que ha promovido el ejecutivo federal, destaca la abolición de la figura del salario mínimo como medida monetaria para aplicarla en un sinnúmero de materias, desde multas a conductores que violen reglamentos de tránsito, hasta proyecciones en sentencias judiciales.
Y precisamente, al llegar a las legislaturas locales, los mandatos constitucionales en relación a la desindexación del Salario Mínimo, los legisladores nayaritas, están actuando en consecuencias, de esta manera en reunión de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Investigación Legislativa, los diputados locales analizaron y aprobaron el decreto que vendrá a reformar diversas disposiciones del corpus iuris del Estado de Nayarit.
Esta iniciativa fue presentada por el diputado Francisco Javier Jacobo Cambero, que busca se establezca la desindexación, esto es, se implica sustraer el Salario Mínimo de los temas administrativos, penales y fiscales para dejar a éste en su justa naturaleza que es laboral, por ello la importancia de la reforma a la Constitución General de la República y la necesidad de adecuar algunos ordenamientos legales de la entidad para su actualización.
El dictamen propuesto por los legisladores, señala que la Trigésima Primera Legislatura adecúa la Unidad de Medida y Actualización en sustitución del Salario Mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones modificando diversas normas del marco jurídico nayarita, para aplicarlo en: la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit; Ley de Agua Potable y Alcantarillado; Ley de Cultura Física y Deporte; Ley Ganadera del Estado de Nayarit; Ley de Obra Pública y la Ley de Educación del Estado de Nayarit, entre otras.
El uso del salario mínimo como unidad de media de variopintos usos, se sustituye con la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el Salario Mínimo podrá funcionar como un instrumento de política pública independiente y pueda cumplir con el objetivo constitucional de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
De esta manera, el dictamen que aprobaron en la sesión de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Investigación Legislativa será analizado y en su caso aprobado por los representantes populares nayaritas en la próxima sesión pública ordinaria.
Los diputados siguen haciendo su chamba…
