El día de ayer, en la sesión ordinaria del congreso del Estado, parecía que iba a ser otra macilenta etapa legislativa, con notorias ausencias de diputados y una dejadez en el desarrollo de la breve orden del día; en su primera edición, al final vino la intervención del diputado del MC Manuel Bernardo Carbonel con una interesante y singular propuesta de iniciativa de adiciones al Código penal del Estado de Nayarit.
En efecto, con una oratoria sencilla y convincente, el representante popular, señalaba en su introducción todas las abominaciones legales y extralegales en que incurren los bancos y financieras al ceder los derechos de cobro de créditos de particulares que han incurrido en mora por falta de pago, a los famosos despachos de cobranza que son unos auténticos vivales.
Luego, invocó el reglamento que la CONDUSEF estableció para normar la conducta de las entidades financieras y en especial a los despachos de cobranzas, que entró en vigor el 1 de enero del presente año; hizo una descripción de la naturaleza ilegal de las acciones de estas empresas.
Señaló el diputado que ante la persistencia del problema “debemos de explorar el sustrato jurídico que conlleva la aplicación de las acciones inherentes a los títulos de crédito; existiendo por ahí varias tesis de jurisprudencia que regulan las acciones de cobro, al haber cambiado sustancialmente el momento social y económico de la parte obligada, es la famosa interpretación a contrario sensu de la cláusula Pacta Sum Servanda.”
Señalando los fines justicialistas de las funciones de los diputados, propuso un par de adiciones a la figura típica del delito de amenazas que establece nuestro Código Penal para el Estado de Nayarit, que pudiese denominarse “HOSTIGAMIENTO A DEUDOR” o “COBRANZA ILEGÍTIMA”
LA NECESARIA PROPUESTA
La propuesta de Manuel Carbonel, consiste en la adición de dos párrafos cuarto y quinto, del artículo 276 del código penal de Nayarit, que tipifica el delito de Amenazas, en los siguientes términos:
“CUANDO LA AMENAZA SE GENERE POR ACCIONES DE COBRO, DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, FINANCIERAS Y DESPACHOS DE COBRANZA, EN CONTRA DE DEUDORES, FUERA DEL MARCO LEGAL DE MANERA VERBAL O ESCRITA, LA PENALIDAD SE INCREMENTARÁ CON UNA SANCIÓN DE SEIS MESES A DOS AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE CINCUENTA A CIEN DÍAS DE SALARIO”
“SE ENTENDERÁ COMO COBRANZA EXTRAJUDICIAL ILEGAL, EL USO DE LA VIOLENCIA VERBAL O LA INTIMIDACIÓN VERBAL O ESCRITA, YA SEA DE MANERA PERSONAL O A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO, PARA REQUERIR EL PAGO DE ADEUDOS, DERIVADOS DE ACTIVIDADES MERCANTILES, INCLUYENDO EMPRÉSTIOS O FINANCIAMIENTOS”
Al término de su alocución, se generó algo inusual, considerando la naturaleza del tema que exploró el diputado Carbonel, entre sus pares, no solo de las fracciones opositoras, también del bloque dominante tricolor, reporteros de medios y gente que asistía a la sesión, le prodigaron un breve aplauso, que sin duda sorprendió a los diputados de la mesa directiva y al mismo diputado presidente.
Al concluír la sesión el diputado del partido MC, fue abordado por los medios, mientras sus compañeros de cámara organizaban un festejo en honor del cumpleaños del diputado perredista Luis Manuel Hernández.
Sesión que se desarrolló entre la seriedad, lo de trámite y lo trascendente de la propuesta del diputado; que de aprobarse en el código penal local, los buitres de los despachos de cobranza, tendrán un valladar para la defensa de los derechos violentados de los miles de deudores que existen en la entidad.
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