El concepto “feminicidio” que posteriormente daría origen a un nuevo tipo penal, nace en la década de los noventa, cuando feministas anglosajonas introdujeron el concepto. Aunque femicide, argumentó Diana Russell, ha estado en uso desde hace más de dos siglos y apareció por primera vez en la literatura, en A Satirical View of London (Inglaterra, 1801) para denominar “el asesinato de una mujer”.
Russell teorizó y realizó una ponencia sobre esa forma extrema de violencia contra las mujeres en 1976, ante el Primer Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres, celebrado en Bruselas; este evento, visto en perspectiva, fue un acontecimiento histórico y de vital importancia para la evolución que sufriría el concepto décadas después.
El Tribunal fue inaugurado por la activista, intelectual Simone de Beauvoir, quien advirtió: “Este encuentro feminista en Bruselas intenta que nos apropiemos del destino que está en nuestras manos”.
El término que hizo propio en el mundo del derecho penal “es el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres”. En 1992, Diana Russell y Jill Radford lo definieron como “el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres”.
Estas mujeres, autoras de ensayos, clasifican las distintas formas de violencia de género que padecen las mujeres y que se manifiesta con un creciente terrorismo sexual. Señalando de manera concluyente que los actos violentos que acaban con el asesinato o muerte de las mujeres son feminicidios.
Y es que, el feminicidio representa el extremo de un continuum de terror anti-femenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como: violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso sexual infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina, y en el aula), mutilación genital, heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada (por la criminalización de la contracepción y del aborto), negación de comida para mujeres.
Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, se convierten en feminicidios.
PROPUESTA DE REFORMAS DE ROBERTO
Con un excelente planteamiento en su exposición de motivos; el gobernador Roberto Castañeda, recién envió al congreso local, una iniciativa para reformar y adicionar el nuevo código penal vigente en la entidad, creando la figura autónoma del delito de feminicidio, complementando el de lesiones, violencia familiar y otras modalidades cometidas por ex policías y funcionarios gubernamentales en activo.
En esta exposición subyace que la meta del ejercicio de la violencia por parte de los hombres, deliberada o no, es preservar la supremacía masculina. Se trata de un concepto político-machista que permite visibilizar la posición de subordinación, desigualdad, marginalidad y riesgo en la que se encuentran las mujeres por el simple hecho de ser mujeres.
En este contexto, hoy los diputados conocen la intención del gobernante, crear disposiciones normativas específicas para sancionar la violencia familiar por razón de género; prever como agravante el delito de lesiones, actualizándolo a las hipótesis del feminicidio, cuando no se cause la muerte de la mujer atacada.
Se adecúa la penalidad, con sanciones de 30 a 50 años y de 35 a 60 años en la comisión agravada del delito; además incorpora la identificación de las condiciones objetivas y subjetivas que se consideran atentatorias de la dignidad de las mujeres.
Un muy ambicioso proyecto de ley que va implicar una remodelación de las funciones y entidades de la Fiscalía General del Estado, puesto que, dados los alcances de la iniciativa que se presentó, es menester la creación de una unidad altamente especializada que conozca y cubra todos los estándares del protocolo de investigación por la comisión de este delito.
El gobernador Sandoval, se imbrica en la corriente justicialista que llevan a cabo diversas entidades en el cumplimiento que el Estado Mexicano, está dando a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 16 de noviembre de 2009, denominada “Campo Algodonero”, tal cual se conoce al proditorio caso de las muertas de Juárez.
Sin duda estamos de acuerdo cuando el gobernador señala en su iniciativa que: “Ante la demanda social y debido a que somos -como ya se ha referido- un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, se adecua la penalidad, guardando proporción con el bien jurídico y la atrocidad de los hechos que dan pie a esta operación delictiva”. ¡¡Enhorabuena señores…!!
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