Desde la inopinada reforma constitucional por medio de la cual, el tribunal estatal electoral se troca en sala constitucional electoral, sus integrantes fueron objeto de ácidas críticas de los legos y uno que otro abogado del foro local; su poco trabajo sustantivo es una de las aflicciones que sus críticos esgrimen en su contra; por su parte, Pedro Antonio y cofrades que le acompañan, han hecho de todo para justificar su existencia y la presencia en el aparato del poder judicial.
Ahora que es tiempo electoral, ellos son los recipendiarios de toda demanda de militante alguno, que bien pudiesen inconformarse si es que en los procesos de nominación de los candidatos electorales, no se hayan cumplido las formas estatutarias y se hayan violado los derechos políticos de tanto suspirante por una candidatura; hace un par de meses, recibieron la a todas luces improcedente demanda del Prd local, que tontamente se inconformó en contra del dictamen del IEE que le negó el registro a la alianza con el Pan por obviedad expósitas, incumplimiento craso de la ley de la materia.
Litigaron en apelación y en revisiones hasta la sala constitucional del poder judicial de la federación; les dieron tres palos a los demandantes obtusos, no cambiaron en nada los tribunales de alzada los resolutivos de la sentencia dictada en nuestra sala constitucional local; pocos repararon en ello, y debió de ser motivo de un lene reconocimiento a la labor de estos magistrados, que, como no tienen mucha chamba, cuando la tienen la hacen de manera perfectible.
Hace un par de días, los magistrados integrantes de esta sala constitucional-electoral de Nayarit recibieron la visita del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República, maestro Alfredo Orellana Moyao. Intercambiaron impresiones sobre el escenario actual de campaña y de lo importante que resulta que el poder judicial local cuente con el espacio jurisdiccional para garantizar los derechos políticos de ciudadanos, candidatos y partidos en la contienda.
El magistrado presidente Pedro Antonio Enríquez Soto y demás integrantes de esta sala, coincidieron en manifestar que mediante el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales seguirán contribuyendo con instituciones como la FEPADE para garantizar equidad, legalidad y transparencia en las elecciones locales.
Enríquez Soto indicó que si partidos políticos y candidatos, ciudadanos, autoridades electorales y servidores públicos cumplen las normas correspondientes, este proceso será el testimonio de la madurez política de los nayaritas, que tiende al desarrollo democrático de nuestro estado.
Este tipo de reuniones, permiten garantizarle al peticionario de la justicia electoral, que la instancia local está presente, actuante a la demanda de quienes ejerciten sus derechos constitucionales; habremos de ver quienes los ponen a trabajar.
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