Al cierre del ejercicio constitucional en el Ayuntamiento de Tepic, el bloque del poder que ganaron las pasadas elecciones, con el activismo político del presidente del Congreso el doctor Leopoldo Domínguez están decididos a confrontarse con el gobierno saliente y, ahora, inician una singular y peligrosa confronta con el Poder Judicial cuyo presidente Pedro Antonio Enríquez tiene ya la suficiente experiencia política para saber sortear el lance en contra de uno de los suyos.
El magistrado imputado es Ismael González Parra, integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, quien fue el ponente en los juicios de protección de derechos constitucionales, cuya autoridad responsable es, precisamente el Ayuntamiento de Tepic; cuyo cuerpo normativo está deficiente y desfasado al marco jurídico fiscal que rige en casi todas las entidades de la república.
Presidentes municipales han pasado y ninguno se ha atrevido a transformar su corpus iuris; este es el corolario de permanecer omiso a las reformas constitucionales; el lance político que impulsa el presidente del Congreso, tuvo la atinada respuesta de Pedro Antonio y sus muchachos, lo cual nos dimensiona un peculiar escenario de contienda política para el próximo gobernador que en breve entra en funciones, Antonio Echevarría García, encuentra un contexto jurídico, administrativo y político muy batido, merced a las prisas por juzgar y condenar políticamente al gobierno saliente.
En estas acciones, apresuradas y sin tacto ni urbanidad política, les pueden representar un responso a los votos del odio en contra del gobernador Roberto Sandoval, que los llevó al poder; empero, agitar de gratis el avispero, con medias verdades y exageraciones sobre hechos administrativos, a la postre, les pueden resultar contraproducentes; por lo pronto, ya sacaron boleto contra el poder judicial, que tiene la marca política del ex gobernador González; los magistrados reaccionaron como cuerpo colegiado y protegieron a uno de los suyos.
Hecho inédito en la historia reciente de Nayarit, en aguas procelosas pueden naufragar los impreparados; he aquí la respuesta institucional del poder judicial:
«Respecto de una demanda planteada al Poder Legislativo del estado por una autoridad municipal contra la determinación de uno de los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, este cuerpo colegiado reitera en forma unánime su compromiso constitucional de resolver con base en la ley, en las actuaciones que obren en los respectivos expedientes y con independencia de criterio, las controversias sometidas a su conocimiento.
Al efecto, el Tribunal Superior cumple las atribuciones que le confieren la Constitución del estado y las leyes secundarias, además de ejercer las prerrogativas que el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para los poderes judiciales locales.
De igual forma, el pleno que preside el magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto manifiesta que la división de poderes es un principio fundamental en un estado de derecho democrático y que las decisiones del Poder Judicial tienen alcance no sólo para los ciudadanos sino también para los órganos de poder público.
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia está consciente de que las resoluciones de los jueces y magistrados no siempre agradan a las partes, mas éstas tienen el derecho de interponer recursos ante los órganos jurisdiccionales y conforme a los procedimientos legalmente establecidos.
Por último y habida cuenta de la existencia de tales recursos, el Tribunal Pleno expresa su desacuerdo con todo intento de censurar por la vía política sus determinaciones sobre las controversias cuya resolución es parte de sus facultades constitucionales.»
A ver de cuál cuero salen mas correas…!
