De visita a nuestro ciudad capital, el viernes 9 anterior, el secretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, maestro Rafael Coello Cetina, manifestó que las autoridades judiciales, entre ellas los tribunales superiores, comprenden muy bien que la nueva Ley de Amparo no sólo tutela los derechos humanos sino también la ampliación del acceso de las personas a la protección de la justicia; en este sentido, agregó, están comprometidas con su debida aplicación.
Tuvo dos escenarios, el primero convocado por la Legislatura que preside el diputado presidente Armando García Jiménez, que se llevó a cabo en el auditorio de la UA de Contabilidad en la UAN, dónde disertó sobre la naturaleza del nuevo sistema del juicio de Amparo, que es ya la ley reglamentaria de los artículos 103, 107 y 1° de la Carta magna, por la amplitud de las categorías de su protección de los derechos humanos.
Muy didáctico, quizás un tanto técnico en sus definiciones, supo expresar los tópicos más importantes del “Amparo contra leyes”, utilizando su experiencia en cada una de las figuras que en este sentido establece esta nueva legislación; dejando muy claramente definida la distinción de lo que establece la Ley en comento, como “interés jurídico” e “interés legítimo” hubo preguntas que se quedaron sin exponer, dada la premura del tiempo, no admitieron los organizadores la interlocución del expositor con los ahí presentes.
Ya al mediodía, ante unas 150 personas en el auditorio Rey Nayar del edificio del Tribunal Superior de Justicia y por convocatoria del magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto, Coello Cetina ofreció por tres horas la conferencia “Reflexiones sobre la nueva Ley de Amparo desde la óptica de los tribunales superiores”.
Servidores judiciales, abogados en el ejercicio libre de la profesión, estudiantes de derecho y otras personas interesas en el tema fueron testigos de la ponencia del secretario general de acuerdos de la Corte, quien señaló que en la nueva Ley de Amparo se establece que las autoridades judiciales tienen la obligación constitucional de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos, tomando en cuenta los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad.
Luego de precisar que antes de la nueva ley ya existía tutela de tales derechos, reiteró que hoy se ha ampliado, pues si con la legislación ya derogada sólo era posible que los particulares solicitaran amparo respecto del Estado, ahora también puede tramitarse en relación con otros particulares; “es cuando hablamos del principio de universalidad”, expresó.
Estimó el ponente que la nueva Ley de Amparo va a provocar cambios muy interesantes en la jurisprudencia con la participación más activa de los tribunales superiores, por sus atribuciones de control difuso; añadió que por tal motivo los magistrados integrantes de dichos cuerpos colegiados deben de tener gran potencial de análisis de la Constitución, respecto de los intereses manifestados por las partes de un juicio.
Y aquí sí, no como sucedió en el campus de la UAN, luego de la conferencia tuvo lugar una amplia sesión de preguntas y respuestas, que permitió a los asistentes y a quienes siguieron la transmisión en vivo a través de la página web del TSJ, mayores conocimientos sobre el tema.
Desde este espacio consideramos como atinada la presencia del funcionario judicial de la SCJN, lo inadecuado, es que no se presentaron a las conferencias de Coello Cetina los jueces de Distrito radicados en la ciudad, quienes, con sus obsoletas prácticas y resolutivos, han hecho nugatorio el ejercicio de estas nuevas figuras protectoras del Juicio de garantías, que establecidas en la nueva Ley de amparo desnaturalizan sus categorías jurídicas y que siguen con su prácticas jurisdiccionales del siglo XIX, según el dictum de la ministra Olga Sánchez Cordero, que lo expresara en su anterior visita a esta ciudad capital.
Pero en fin, así se avanza en la difícil concreción de la nueva Ley de amparo.
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