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Los retos de Rocío Esther González
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Abatir la corrupción y dilaciones judiciales
En esta sociedad cada vez más crítica e incrédula, todo lo que sucede al interior y al exterior de la conducta de los y las jueces es altamente cuestionable, el inicio de este año es un escenario espléndido para que la actual magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, acredite que esta ola de empoderamiento de las mujeres, es algo más que un intento social y político de concretar la igualdad de género al frente de los poderes de la entidad.
Los procesos judiciales son el imperativo al que acudimos todos los ciudadanos para demandar una obligación incumplida, la violación punitiva de una afrenta o el pago de deudas; los juicios sucesorios para asumir la transmisión de bienes y derechos, todo ese universo que son la materia de la jurisdicción.
Y ahora con la impronta de concretar la unicidad judicial al incorporar los juicios orales en materia laboral; son cada día mayores las responsabilidades de quienes son los operadores del derecho, jueces, juezas con su carga de erudición e ignorancia, son los artífices de que la declaración del derecho se cumpla y obedezca en las inter relaciones de los ciudadanos.
La conducta de las partes, la que define una situación concreta de las personas, así como los bienes que operan en la sociedad, nos la da la justicia; y quienes no pueden acceder a la justicia, sus derechos y posesiones se encuentran en situación de incertidumbre, de una irrealidad operativa; y en materia penal si no tiene un defensor apto, es posible que sea condenado injustamente.
En este contexto, el juzgador es el eje rector de que la práctica de la justicia se lleve a cabo con racionalidad, erudición y sobre todo honradez e imparcialidad.
EL FACTOR HUMANO
Un distinguido Abogado litigante señala; “¿cómo puedo confiar en una persona que es juez que, con su salario trae una SUV Mercedes, que vale más de un millón de pesos..?”
Cuál es el principal supuesto que regula la conducta de los jueces..? su honradez y honestidad. Ergo es válido que un juez vaya de vacaciones cada año a los casinos de Las Vegas..? sí, si los recursos que utiliza han sido obtenidos honradamente, con otras fuentes de ingresos legítimos.
En el poder judicial de Nayarit, se tiene este flagelo y los jueces lo saben, entre ellos se conocen y saben de lo que son capaces, así como en la procuración de justicia existe la dilación como norma para integrar las carpetas de investigación y dimensionar un escenario para que el Abogado litigante estimule al MP, de lo contrario, juicios y carpetas duermen el sueño de la inepcia burocrática.
Este el quid del asunto; no bastan los buenos deseos del gobernador Miguel Ángel Navarro en promover mejores salarios para jueces y secretarios, ni la disposición de Rocío Esther para sanear prácticas y hacer eficiente la administración de justicia, es necesario terminar con las simulaciones que hacen en el Concejo de la Judicatura cuando se denuncia a un juez corrupto, cuyo procedimiento de responsabilidad se empantana en dilaciones de meses, para que al final salgan con el inaudito de que no procede la queja.
Es necesario sacudir la abulia y la deshonestidad del aparato judicial, no es admitible que en los juzgados foráneos se tarden meses para dictar un acuerdo, las consustanciales dilaciones en los juzgados es la primera expresión de deshonestidad.
De ahí que sea necesario dar ejemplos aleccionadores, no puede existir una sana administración de justicia con jueces y magistrados amañados; el problema sigue siendo el factor humano, y esas son, sin duda las tribulaciones que debe tener Rocío Esther González, distinguida letrada que hace esfuerzos por darle dignidad a la magistratura que ostenta.
De ahí que una de las vertientes para sanear el accionar jurisdiccional, sea la transparencia, se impone socializar las sentencias, darle información veraz y puntual a la sociedad del cómo se procesan los resolutivos judiciales, en un sano proceso comunicacional de educación complementaria para que la ciudadanía entienda a cabalidad que la práctica de la justicia puede –y debe- ser perfectible.
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