Los nuevos consejeros del INE, el Plan B electoral de AMLO, y la reforma al Tribunal de Justicia Administrativa marcarán la agenda del Poder Legislativo.
De hecho, al iniciar este nuevo año, la Cámara de Diputados ya recibió el más reciente fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia que revocó -parcialmente- la convocatoria que los legisladores habían aprobado para el nombramiento de los nuevos consejeros del INE.
Ese documento, avalado antes del cierre del periodo ordinario de sesiones de 2022, incluía la conformación del Comité Técnico de Evaluación (CTE), colectivo que se encargará de analizar la idoneidad de los candidatos a consejeros electorales.
De manera unánime, los magistrados del Tribunal Electoral ordenaron a la Cámara baja modificar la convocatoria, toda vez que en esta se estableció la participación de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), integrada por los líderes de las bancadas de todos los partidos.
Entre lo aprobado por los diputados se preveía la participación de la Jucopo en los trabajos del Comité Técnico de Evaluación, lo cual era incorrecto, a decir de la Sala Superior del TEPJF, pues esa agrupación debe actuar de manera autónoma, sin la intervención de los coordinadores parlamentarios.
De igual forma, el Tribunal Electoral ordenó a los legisladores establecer en la misma convocatoria la obligación de que exista una quinteta exclusiva de candidatos a ocupar la presidencia del INE, además de que debe garantizarse la paridad de género en la integración de las cuatro quintetas de aspirantes a consejeros.
El fallo del TEPJF consideró que el artículo 41 de la Constitución establece que el Comité Técnico de Evaluación es un órgano autónomo, encargado de analizar que los candidatos a consejeros del INE reúnan todos los requisitos para el cargo. La disposición de la carta magna no incluye que ese colegiado informe a la Jucopo.
“Ni la Constitución ni la ley obligan al CTE a informar a la Jucopo de las distintas etapas (del proceso), solamente establece que tendrá que rendir o presentar la relación de cinco propuestas por cada cargo a elegir”, detalló el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón.
Será hasta febrero
El diputado morenista Ignacio Mier, presidente de la Jucopo, lamentó la sentencia del Tribunal Electoral, aunque dijo que será acatada en sus términos. El legislador añadió que, debido a que el fallo va dirigido al pleno de la Cámara de Diputados, será hasta el mes de febrero cuando se reanude todo el proceso para elegir a los nuevos consejeros electorales.
“Será el pleno quien lo determine, toda vez que inicie el periodo ordinario de sesiones, en tanto, quedan suspendidas todas las etapas consideradas tanto en la convocatoria como el proceso de integración del Comité Técnico”, puntualizó.
Los nuevos consejeros del INE, debido a las cuatro vacantes que se tendrán en este 2023, deben elegirse -para un periodo de nueve años- con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Las propuestas se votan en esa soberanía luego de que esta emite una convocatoria pública, en la que cualquier ciudadano puede inscribirse.
Es el Comité Técnico de Evaluación el que se encarga de seleccionar a los mejor evaluados. Este grupo calificador debe integrarse por siete personas “de reconocido prestigio”, de acuerdo con el numeral 41 de la Constitución: Tres son nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados; dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y dos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Como habrá cuatro vacantes en el Consejo General del INE, el Comité debe conformar igual número de propuestas a través de ternas conformadas por cinco candidatos. Es decir, los diputados tendrán que elegir de entre cuatro quintetas de aspirantes.
Plan B sigue pendiente
Otro tema que no estará exento de controversia en el Congreso es la conclusión del proceso legislativo de la reforma a las leyes secundarias en materia electoral. El llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador aun debe ser aprobado en definitiva por el Senado en algunas de sus partes que quedaron pendientes, luego de las modificaciones hechas en diciembre de 2022 por la Cámara de Diputados.
A partir de febrero, en el nuevo periodo ordinario de sesiones, los senadores deberán aprobar la eliminación que hicieron los diputados de la “cláusula de la vida eterna” en favor de los partidos políticos, disposición que permitía a esos institutos intercambiar votos entre sí, en caso de que alguno de estos estuviera en riesgo de perder el registro, al no alcanzar el 3% de la votación en elecciones generales.
Esta reforma a las leyes electorales, al contener varias trasgresiones a la Constitución, será impugnada en le Suprema Corte por los legisladores de oposición, quienes tendrán un plazo de treinta días naturales para promover una Acción de Inconstitucionalidad, después de que los cambios hayan sido publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Reforma al TFJA, aborto y mariguana
Además de los temas electorales, entre los pendientes del Congreso para este nuevo año se encuentra una reforma de gran calado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), instancia que se encarga de dirimir las controversias jurisdiccionales entre los particulares y las autoridades administrativas, incluyendo en estas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Los legisladores también deben aprobar una ley que reglamente el uso lúdico de la mariguana, luego de que la penalización de esta actividad ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo mismo debería suceder con la interrupción del embarazo, cuya penalización -hasta las 12 semanas de gestación- igualmente ya fue considerada por la Corte contraria a la Constitución.
Asimismo, sigue en suspenso en el Poder Legislativo federal la creación de un Código Nacional de Procedimientos Civiles, con el que se pretenden homogeneizar todos los procesos que en esta materia se llevan a cabo en las entidades federativas.
