Es el tema de moda en el Estado mexicano, primero por que ha sido una respuesta del Estado mexicano a los reclamos de las organizaciones críticas de la sociedad, ante la inacción judicial en contra de todo tipo de funcionarios, secretarios de Estado y los casos ya paradigmáticos de gobernadores en fuga, que hicieron de su mandato el mayor latrocinio de las finanzas de sus entidades; y no solo eso, al amparo del poder hicieron inauditos negocios al margen de la ley.
Los legisladores locales, han hecho lo propio en ello, dado que uno de los objetivos principales del nuevo Sistema Local Anticorrupción, es corregir las debilidades de las instituciones mediante la prevención, detección y sanción de los casos de faltas administrativas y actos de corrupción, acciones que serán aplicadas en el Poder Judicial del Estado de Nayarit, con la reforma recién aprobada por las diputadas y diputados de la Trigésima Primera Legislatura.
Las diversas reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de combate a la corrupción, aprobadas a finales de abril en Sesión Pública Ordinaria por los diputados del Congreso del Estado de Nayarit, contempla incorporar los principios rectores que rigen el servicio bajo legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito.
Esta renovada norma especifica que el Poder Judicial creará y mantendrá las condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado, la actuación ética y responsable de cada servidor público del Tribunal Superior de Justicia, y el Consejo de la Judicatura sea el que nombre a un representante que forme parte del Comité Coordinador en materia del Sistema Local Anticorrupción.
En lo que compete a materia electoral, el Poder Judicial ya no tendrá injerencia en esta materia, sino que será el nuevo Tribunal Estatal Electoral, quien se encargue de este tipo de asuntos, por ello se deja sin efecto lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit en los asuntos electorales.
De esta manera al efectuar la armonización del marco jurídico local para la implementación del Sistema Local Anticorrupción, Nayarit cubre esta impronta legislativa que ha hecho mucho ruido político y mediático; con estos ordenamientos innovadores en la estructura política y jurídica en Nayarit; el poder judicial, los otros poderes y todo el entramado de las instituciones públicas de los dos órdenes de gobierno, dejan el marco jurídico adecuado para atender este nuevo flagelo de nuestro sistema político.
Queda ahora a la sociedad y sus críticos el escenario legal para actuar cuando así lo estimen pertinente; a ver quién es el guapo que presenta las primeras denuncias; y a Pedro Antonio Enríquez le llegó la hora de integrarse con responsabilidad a este sistema anti corrupción, que esperemos no sea un elefante legislativo inoperante.
