Dice el viejo dicho que “para lo limpio no se necesita ni jabón..” y tal cual este aserto, el día de ayer en luenga reunión, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Nayarit acordó que la Secretaría de Administración remita al Órgano de Fiscalización Superior del Poder Legislativo, la cuenta pública institucional del trimestre enero-marzo de 2013.
En esta sexta sesión extraordinaria de los magistrados y jueces consejeros, que presidió Pedro Antonio Enríquez Soto, se dio a conocer que el Poder Judicial seguirá cumpliendo como ente fiscalizable su obligación de enviar en tiempo y forma la cuenta pública trimestral al OFS, para su registro y revisión.
De esta manera, los dilectos integrantes de este importante cuerpo colegiado, podemos decir que se ponen el huarache antes de espinarse, dado que sus pares no le dan tanto énfasis en esto del cumplimiento de sus obligaciones de claridad y transparencia en el manejo de los recursos públicos que ejercen en el delicado fin constitucional que le es propio.
CONTRA LOS NOTARIOS GANDALLAS
En otro punto del orden del día, el Consejo de la Judicatura dispuso que cuando se requiera la protocolización de un notario público u otro fedatario como producto de una sentencia, los jueces deberán enviar copias certificadas del cuadernillo de constancias y las copias fotostáticas irán por cuenta de la parte interesada. Es decir se termina esta añeja práctica de enviar los expedientes originales a los conspicuos notarios que hacía una y mil malabares en sus funciones de protocolizar las sentencias y resolutivos judiciales.
En los procesos judiciales que se requiere la intervención de un fedatario público para el cumplimiento de una sentencia están, la escrituración en beneficio de los sucesores en juicios testamentarios o la protocolización de una permuta.
Irónico, pues es notario público el magistrado Rafael Pérez Cárdenas, presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo, quién estimó que conforme al acuerdo de dicho cuerpo colegiado la cantidad de copias fotostáticas no debería rebasar las cincuenta; previamente se refirió al hecho de que desde el año pasado, también por acuerdo del Consejo, ya no se remiten expedientes originales de los juzgados a las notarías públicas para efectuar el respectivo trámite final.
Sin mencionar el origen ni las causas de las trascendentes resoluciones, los integrantes del CJE, han matizado de esta forma, el trabajo jurisdiccional y su inter relación con los justiciables y Notarios Públicos.
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