Sí son falsas las más Recientes Pruebas del Caso Ayotzinapa, Afirman Expertos

Por Surya Palacios / Alto Nivel

Hay crisis en la indagatoria, 467 pruebas no sirven como tales, se confundió a los padres de los 43 normalistas, y el Ejército sigue sin entregar información.

Ya es un hecho: El actual gobierno federal mexicano falló en las investigaciones con las que pretendía resolver la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues no es posible determinar la autenticidad de las pruebas más recientes que sustentan, desde agosto pasado, el informe de la Comisión para la Verdad de este caso, de acuerdo con los análisis científicos realizados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Los integrantes de este colectivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son claros al señalar que hay una crisis en la indagatoria, producto de la impericia, las prisas y diversas presiones, lo que supone un riesgo para los pocos avances logrados con anterioridad.

Además, lo hecho por la Comisión de la Verdad no tiene relación con lo realizado en la Fiscalía General de la República (FGR), lo que ha generado confusión en los padres de los estudiantes desaparecidos.

El lunes, el GIEI confirmó que no se pueden utilizar como pruebas acusatorias 467 capturas de pantalla de mensajes telefónicos, en los que presuntamente se revelaba el modus operandi de los presuntos responsables de la desaparición de los normalistas, en septiembre de 2014.

“En un intento de acelerar los resultados del caso, sin las debidas medidas de investigación a tomar para ello, han conllevado (sic) a una situación de crisis en la capacidad de los entes investigadores, en la independencia, y en la confianza de los resultados de la investigación”, explicó Carlos Beristain, uno de los miembros del GIEI.

Al dar cuenta de los resultados de los peritajes forenses aplicados a las pruebas de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, que dirige el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, los expertos independientes no dejan dudas sobre la falsedad de las mismas.

“Como conclusión del presente informe forense se establece que los mensajes analizados no pueden considerarse como una prueba digital, teniendo en cuenta que no fueron extraídos directamente de los dispositivos que supuestamente fueron utilizados para el uso de la aplicación Whatsapp”, detalló Francisco Cox, otro de los integrantes del GIEI.

No coinciden los metadatos

Tras analizar científicamente los mensajes, presentados por Encinas como “nueva evidencia”, los expertos determinaron “que no es posible garantizar la originalidad” y autenticidad de los mismos, “dado que no es posible verificar la fecha de creación original”.

Por ejemplo, algunos de estos mensajes se emitieron el 8 de enero de 2015, es decir, presuntamente salieron de teléfonos celulares más de tres meses después de la desaparición de los 43 normalistas, sin embargo, “la metadata muestra fecha de creación el 1 de octubre de 2014, por lo tanto, no existe confiabilidad en la metadata, ya que no es posible obtener una captura de pantalla de un mensaje que aun no ha sido generado y enviado”, agregó Francisco Cox.

Es decir, hay capturas de pantalla de mensajes con fecha de 2014, pero que se enviaron hasta enero de 2015. Para que una captura de pantalla de un mensaje de Whatsapp pueda servir como prueba, la fecha del envío y de los metadatos deben coincidir, y en este caso hay datos y capturas de pantalla de mensajes de 2014, que en realidad se enviaron en 2015.

“Tampoco es posible verificar el tipo de dispositivo celular donde se encuentra configurada la cuenta de Whatsapp, de la cual se realizó la copia tipo screenshot o captura de pantalla, objeto del análisis forense solicitado”, añadió Cox.

Estos controvertidos mensajes presuntamente fueron entregados a la Comisión de la Verdad por un testigo colaborador, quien habría participado en la desaparición de los estudiantes al ser parte del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Según Alejandro Encinas, en esos mensajes se daba cuenta de la participación de elementos del Ejército en la desaparición de algunos normalistas. La semana pasada, el subsecretario de Gobernación reconoció que había 55 de estas pruebas cuestionadas, aunque aseguró que la Comisión para la Verdad cuenta con otros 99 elementos probatorios coincidentes con otras fuentes.

Sin embargo, el GIEI precisó que en 181 imágenes, de 467, no hay coincidencia entre los mensajes de Whatsapp y los metadatos respectivos, mientras los otros 286 presentan otras irregularidades como el ícono de videollamada, una característica de Whatsapp que no existía en 2014.

Otro elemento que sugiere la alteración o fabricación de los mensajes es la doble verificación, a través de los íconos de palomitas azules que aparecen cuando el Wahtsapp enviado es leído. Hay mensajes de octubre de 2014 con esta verificación, el problema es que la función de las dos palomitas fue habilitada por el servicio de mensajería hasta noviembre de ese año.

No obstante, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes consideró que no estamos ante una nueva “verdad histórica”, como la expresada por Jesús Murillo Karam en la pasada administración federal, cuando este era titular de la hoy desaparecida Procuraduría General de la República (PGR).

“Esto no es una nueva verdad histórica, pero es una torpeza, es una precipitación, hay problemas con metadata, hay problemas con consistencia de fechas, hay problemas de ambiente de Whatsapp”, enfatizó Francisco Cox.

Cerrazón del Ejército

Además de que estas pruebas de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa no pueden servir como tales en los procesos jurídicos en contra de nuevos o antiguos acusados, los miembros del GIEI reiteraron que el Ejército sigue sin entregar información.

Lo mismo ha ocurrido con la Comisión que dirige Alejandro Encinas, pues esta última instancia dio a conocer su informe -en agosto- sin informárselo previamente al GIEI y a los padres de los normalistas.

La “falta de información al GIEI y a los familiares, con anterioridad a la presentación de dicho informe”, y el hacer públicas las pruebas que no habían sido analizadas por el grupo de expertos independientes, “han aumentado la confusión y la perplejidad de las víctimas, también del GIEI y de la sociedad mexicana, y han puesto en riesgo los avances del caso, y el acceso a la verdad y a la justicia”, resaltó Carlos Beristain.

En cuanto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esta dependencia no ha proporcionado los archivos del Centro Regional de Inteligencia “que muestran que se tenía conocimiento de los hechos (de Ayotzinapa) en el mismo momento en que se estaban dando”, concluyó Ángela Buitrago, también integrante del GIEI.