«La constitución en su diseño institucional contempla el principio de la división de poderes; sin embargo la evolución de la doctrina nos indica acertadamente que lo que en realidad se divide es la función y no el poder que es único y reside esencialmente en el pueblo. »
por Francisco Javier Rivera Casillas.
La constitución en su diseño institucional contempla el principio de la división de poderes; sin embargo la evolución de la doctrina nos indica acertadamente que lo que en realidad se divide es la función y no el poder que es único y reside esencialmente en el pueblo. Este breve preámbulo, sirve de marco para afirmar que las funciones del gobierno siempre e invariablemente deben atender a las necesidades e intereses de la población.
La anterior conclusión no debe estar sujeta a discusión; sin embargo ante la indiferencia o incumplimiento, la población tendrá en todo momento la legitimación para cuestionar, reprochar y exigir que la función del gobierno no pierda de vista su razón de ser. Servir a la sociedad.
Servir a la sociedad se traduce en la obligación de atender y resolver sus problemas cotidianos como son el empleo, agua potable, poder adquisitivo, seguridad pública, acceso a la justicia, vivienda, educación, salud, y una variada lista de necesidades elementales.
La historia reciente nos demuestra con crudeza que ante la vertiginosa evolución de la sociedad, el gobierno y sus funciones – legislativa, ejecutiva y judicial-, en algunas materias ha quedado rebasado a partir de las marcadas carencias de nuestro entorno social.
Es la realidad y para resolver los problemas debemos iniciar reconociéndolos.
En este contexto, debemos coincidir con el señalamiento del titular del Poder Ejecutivo, a lo que él llama la significativa deuda social que existe en Nayarit en diversas materias. Deuda donde la población es la acreedora y demanda legítimamente a su gobierno para que le sea saldada. Ante dicho panorama, todo servidor público debemos acompañar con absoluta determinación el enfoque de solución y la perspectiva que se nos propone para colocar a Nayarit en el lugar que se merece. Dicho en otras palabras, el discurso y los hechos del Gobernador son persuasivos ya que siempre son optimistas y consistentes.
Seguramente habrá actores políticos que no coincidan, circunstancia que es natural si asumimos dicho diferendo con una lógica de política partidista. Evidentemente que todo diferendo es respetable. Así lo exige la democracia.
No obstante, lo que interesa es identificar las coincidencias, y una de ellas en la que todos debemos estar de acuerdo es que Nayarit requiere del empeño y participación de todos. La participación de todos no debe quedar en el discurso, debe ser la fórmula para lograr el objetivo. Las necesidades son mayúsculas, pero si delimitamos las funciones del gobierno, identificaremos a quien le corresponde atender y resolver cada uno de los los problemas.
Si la finalidad teórica que persiguen las instituciones públicas es el bien común de los integrantes de la sociedad, hagámosla realidad en los hechos.
Por ello, los órdenes de gobierno federal estatal y municipal, poderes, ayuntamientos, dependencias y órganos autónomos, están llamados a comparecer al emplazamiento que les hace la realidad y saldar respectivamente la deuda social que les corresponde.
En este orden de ideas cabe la pregunta, el Poder Judicial de Nayarit tiene deuda social?
No se requiere de un riguroso diagnóstico para señalar que en la administración de justicia también hay deuda social.
Afirmo lo anterior, si asumimos que una vertiente de la función del gobierno es la administración de justicia, que se traduce en la obligación de resolver conforme a la ley y en un tiempo razonable los múltiples y complejos conflictos que inevitablemente surgen entre los integrantes de la sociedad.
En este contexto, cabe otra interrogante.
Donde se ubica el problema que coloca al Poder Judicial en deuda social?
Independientemente a la materia, los cuestionamientos y críticas recurrentes del justiciable nos indican que la deuda la tenemos en la primera instancia, particularmente en el tiempo que demora la resolución de los conflictos propiciada por la falta de cobertura y el dictado oportuno de los diversos acuerdos que dan trámite a la eventual solución de los problemas legales que enfrentan las personas.
Qué hacer?
Las acciones deben ser diversas, sin embargo delimitando la estrategia de solución, se requiere de la implementación de una nueva organización y dinámica de trabajo que atienda con mayor eficiencia el alto volumen de asuntos que cotidianamente enfrentan la mayoría de los juzgados de primera instancia.
Es una realidad que el epicentro para lograr una administración de justicia de mayor calidad es privilegiando los esfuerzos y estrategias para fortalecer la primera instancia.
Si de deuda social hablamos, no podemos ignorar o desconocer la deuda que se tiene con los justiciables que no ven en el aparato de justicia un funcionamiento con mayor dinamismo; entendiendo con esto mayor celeridad en las diversas actuaciones que le corresponde realizar a la autoridad judicial.
Si bien es cierto por regla general el impulso de un juicio descansa en las partes (actor y demandado) no podemos negar que los acuerdos y sentencias de la autoridad judicial no siempre se dictan con la prontitud que los asuntos en litigio requieren.
La nueva dinámica de trabajo implica erradicar vicios y malas prácticas en la administración de los juzgados, que por consecuencia inciden en los tiempos en que se desahoga y culmina un procedimiento.
Por ello es imperativo implementar como política institucional, que cada juzgado adopte un sistema de gestión de calidad en el registro, control y seguimiento de cada uno de los expedientes, aspecto de la mayor relevancia para contribuir al dictado de una sentencia en un tiempo razonable.
La tarea no es sencilla pero es posible. Para lograrlo desde mi perspectiva es necesario que converjan cuando menos dos aspectos elementales.
La instrumentación y optimización de tecnologías, así como una renovada cultura de servicio del personal que labora en los juzgados.
Si bien es cierto el uso de las tecnologías es elemental en todo proceso de gestión de calidad, el factor humano es indispensable para lograrlo.
Se trata de asumir el compromiso para transitar de las formas obsoletas en la administración de los juzgados a modelos de gestión de calidad, incluso perseguir como objetivo lograr y mantener la certificación respectiva por parte de entidades externas.
Cada quien desde su ámbito de responsabilidad puede y debe contribuir para lograrlo.
Si bien es cierto, es la primera instancia la que requiere con mayor evidencia mejor infraestructura y un replanteamiento en sus formas de operar, la segunda instancia no está exenta de asumir mayor empeño para dar mejores resultados a la población que acude a solicitar nuestros servicios.
Del discurso a los hechos.
Debemos ser consecuentes y con determinación lograremos el objetivo y así saldar la deuda social con el justiciable que exige mayor dinamismo y eficiencia en la tramitación de sus asuntos, independientemente de la resolución que lo dirima.
Hagamos lo que nos corresponde, Por ello la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial, con el decidido compromiso del personal que la compone ( Ponencia y Secretaría de Acuerdos ) así como con el acompañamiento institucional, ha iniciado los trabajos preliminares para aspirar a la certificación del trámite en la substanciación del recurso de apelación.
Lejos de agobios y obstáculos, lo que en realidad existe es el empeño y entusiasmo del personal para lograr el reto que hemos asumido.
El talento y la disposición de la mayoría de los servidores públicos que laboran en la institución, debe impulsar el optimismo y la estrategia para colocar al Poder Judicial en una ruta de mejora continua y así corresponder con mayor eficiencia a la sociedad nayarita.
Decir y hacer. El compromiso es de todos!
*Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit.
