El siglo XXI ha sido el tiempo en que no solo se fortalecen sino que se institucionalizan en los cuerpos legales de los Estados Nacionales, el bloque de derechos fundamentales que tienen todos lo ciudadanos que habiten en una sociedad que tenga la vigencia de un eficaz sistema de derecho; México lo ha hecho en su carta nacional; en Nayarit, con la ambiciosa remodelación del Tribunal Superior de Justicia, tiene el marco jurídico adecuado para cumplir las pretensiones de afectados en sus DDHH.
La sala constitucional del TSJ, está integrada por letrados que hoy, demuestran con singulares resolutivos, que el derecho que protege la amplia gama de garantías sociales e individuales, está vigente.
Por primera vez en nuestro estado se concedieron amparos locales a fin de que el Registro Civil modifique las actas de nacimiento de nayaritas que han solicitado el cambio de identidad sexual; la resolución de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia favorece a tres personas: dos aún registradas como personas del sexo masculino y otra como del sexo femenino.
En la octava sesión pública ordinaria de dicho cuerpo colegiado que preside el magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto, los integrantes del pleno resolvieron en forma unánime y en tres distintos juicios de protección de derechos fundamentales, conceder la razón a las personas promoventes, a quienes en su oportunidad el Registro Civil les manifestó su negativa a realizar el trámite para el reconocimiento de identidad de género y en consecuencia, elaborar una nueva acta de nacimiento, esgrimiendo que el Código Civil del Estado de Nayarit no contempla tal posibilidad.
Reunidos en el salón de sesiones “Prisciliano Sánchez Padilla” y al analizar uno de los tres casos de referencia, los cinco magistrados de la Sala Constitucional coincidieron en que la determinación adoptada por el Registro Civil se aparta del contenido de los artículos 7 fracciones I, II, III, XIII y XIV de la Constitución del Estado de Nayarit, así como 1°, 4° y 29 de la Carta Magna del país.
Explicaron la resolución “en la medida en que su actuar restringe el bloque de derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana que deben ser respetados, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los derechos inherentes al desarrollo integral de la personalidad, la vida privada, la intimidad, la propia imagen e identidad personal y la salud, así como al nombre y el libre desarrollo de la personalidad”.
En los dos casos restantes, las respectivas ponencias expresaron similares argumentos.
En consecuencia, los magistrados Ismael González Parra, Raúl Gutiérrez Agüero, José Miguel Madero Estrada, Miguel Ahumada Valenzuela y Enríquez Soto resolvieron en forma unánime conceder en cada caso la protección de la justicia constitucional local a las personas promoventes de los respectivos juicios y ordenaron al Registro Civil la expedición de nuevas actas de nacimiento.
Personal de la Sala Constitucional del Tribunal Superior ya notifica a las partes el sentido de las resoluciones.
Con la divulagación de estos resolutivos, sin duda surgirán mas demandas de este tipo…
