Tenía que ser un abogado, el que llegando a la titularidad del Organo de Fiscalización Superior de la Cámara de diputados, le dieran un rango superior en el ejercicio de sus acciones sustantivas; Roy Rubio Salazar, vino a dinamizar la dependencia a su cargo y desde hace algunas semanas, la sociedad conoce algo de sus acciones cotidianas que antes se llevaban a cabo son algo de sigilo y secresía.
En efecto, ya los medios lo han testimoniado, reuniones de su personal con tesoreros municipales, con los presidentes de los ayuntamientos, con titulares de los denominados entes fiscalizables; ¿esto que nos demuestra..? ¿porqué ahora sí, se hacen públicas las acciones que incluso de los funcionarios que son llamados a cuentas para darles su derecho de garantía de audiencia…?
Si se trata de las observaciones que traen consigo acciones resarcitorias y recomendaciones administrativas; el ahora titular del OFS, señala que “no queremos llenarnos de papeles que no sirvan para los fines de la fiscalización..” esto significa que la oralidad de las audiencias en dónde los funcionarios son llamados para que rindan cuentas de los porqués no acataron las recomendaciones que previamente les hizo el OFS, sirve para agilizar los procesos de fiscalización, abatiendo prácticas dilatorias.
Pues bién, a esta forma de actuar del auditor general, se le agrega, una trascendental reforma constitucional que el día de ayer, la cámara de diputados aprobó, y ordena su promulgación y publicación conforme a derecho; una iniciativa reforma que casi pasó desapercibida, se modifica una de las principales características de los órganos fiscalizadores de los Estados.
En efecto, inopinadamente, presentada por un diputado tricolor que tiene como profesión la ingeniería, y que actualmente preside la mesa directiva, Antonio González Huizar, esta iniciativa se presentó el mismo día en que el diputado panista, Rafael Valenzuela hizo lo propio con el proyecto de ampliar la justicia administrativa a todo el Estado, y que, como consecuencia de su inutilidad, desapareciera el tribunal de justicia administrativa, hecho que causó algo de revuelo en el foro (aprobando la medida) y generó el triste accionar de uno de sus magistrados.
La reforma ya aprobada ayer, le otorga facultades extraordinarias al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para fiscalizar en tiempo real la administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos financieros, egresos, fondos y en general todos los recursos públicos que utilicen los sujetos fiscalizables, a fin de verificar que su ejercicio se ajuste a las disposiciones legales.
Estas inéditas facultades, se ejercitarán, previa solicitud o convenio formulado con los sujetos fiscalizables.
REFORMA DE AVANZADA
Una de las características que tienen los órganos de fiscalización, es que su labor sustantiva, por buena y profesional que sea, siempre es, a toro pasado, es decir, la fiscalización y auditorías a los entes fiscalizables sobre el adecuado manejo de los recursos a su cargo y la evaluación al desempeño, por norma, siempre es a posteriori, o era, dado que Nayarit, ha dado un trascendental paso al establecer “facultades extraordinarias” a el OFS para auditar “en tiempo real” el manejo de recursos públicos.
Estas adiciones, en principio ya se encontraban en el texto constitucional, lo que no se había clarificado es, las situaciones extraordinarias, cuya naturaleza le permitirá a la entidad auditora que en tiempo real, vaya y esculque a tal o cual funcionario que evidentemente esté haciendo uso indebido de los recursos a su cargo.
Ahora, gracias a un avezado ingeniero estudioso del derecho público, Roy Rubio y sus muchachos tendrán estas importantes facultades, que tanto fueron criticadas por voces de la sociedad, dado que las resultas de sus auditorías, eran a toro pasado, (el denominado principio de posterioridad) y ya muchos de los funcionarios venales que se les acredita sus latrocinios ya no están en el cargo e incluso algunos pelaron gallo.
Aprobada ayer la reforma, se da un plazo, lo que los abogados conocen como “vocatio legis” para que la ley orgánica del OFS sea adaptada y se identifiquen con claridad cuáles son ésas “situaciones extraordinarias” que ameriten la intervención inmediata de los fiscalizadores, y ya no esperar hasta pasado un año para llevar a cabo la fiscalización.
Esta, sin duda es una hazaña legislativa la que obtuvo Roy Rubio, que, con la fuerza política del gobernador Roberto Sandoval, no tendrá problema alguno para llevar a cabo todo tipo de convenios para aterrizar esto que serán las “situaciones extraordinarias” en la ley orgánica y entonces, se le de vida operativa y no solo de derecho vigente a esta reforma, que, según sabemos, es la primera en el país; la exposición de motivos del avezado ingeniero González Huizar señala:
“se propone dotar de facultades extraordinarias al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para que sin perjuicio del principio de posterioridad, pueda en situaciones excepcionales o extraordinarias fiscalizar en tiempo real la administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos financieros, egresos, fondos y en general de los recursos públicos que utilicen los sujetos fiscalizables, a fin de verificar que su ejercicio se ajuste a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, asi como al cumplimiento de sus programas, ampliando de esta manera a las denuncias debidamente fundadas, los supuestos especiales de fiscalización cuando se realicen convenios con dichos sujetos, así como cuando se formulen solicitudes de auditoría por los propios entes públicos, de conformidad con lo previsto en los articulas 81, 82, 83,
84 Y 85 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; sin menoscabo de la potestad legal de la función de fiscalización a partir de la conclusión del ejercicio fiscal a revisar…”
De esta manera, se adiciona el artículo 121 de la Carta local, para quedar como sigue:
“Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales o extraordinarias que determine la ley de la materia, derivado de denuncias que acompañen elementos de prueba, convenios o solicitudes formuladas por los propios sujetos fiscalizables, podrá requerir a los mismos la información necesaria para su revisión durante el ejercicio fiscal en curso.
Si los requerimientos formulados tienen como origen una denuncia y no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado rendirá un informe especifico al Congreso y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes.”
Por los artilugios de la disciplina política, al carecer el titular del OFS de facultades de iniciar leyes o reformas referidas a la estructura orgánica de su dependencia, Roy Rubio ha logrado una trascendental reforma, los bienes jurídicos que protege, son los intereses superiores de la sociedad. Enhorabuena..! (tenía que ser abogado pues..!)
Contacto: luisi48@prodigy.net.mx
