Pese a las buenas intenciones y la opacidad en el actuar del ahora magistrado designado, Miguel Ahumada, como secretario técnico de la comisión inter institucional para la implementación del nuevo sistema penal en Nayarit; este es un tema de enormes vacíos en los poderes legislativo y judicial; y en el ejecutivo, solo se cuenta con el protagonismo del fiscal de hierro que hace todo lo posible por que el personal a su cargo se capacite de manera trascendente para enfrentar los duros retos que implica el nuevo sistema penal.
No solo las organizaciones de abogados litigantes están en babia; lo más grave del tema es que no se ha sabido socializar el nuevo sistema, en las instancias municipales, en los Ayuntamientos de la entidad; cuando les menciono el tema a los presidentes municipales, aducen ignorancia y que el asunto no es de su competencia.
Esta grave condición, es producto de que la comisión inter institucional, nombró a los funcionarios de primer nivel del poder ejecutivo y del judicial, para llenar el organigrama, sin que dejaran sus actividades fundamentales en los puestos en que se encuentran; los trabajos en la comisión, son accesorios.
La comisión de la entidad, que tiene menos de dos años trabajando ha recibido un poco más de diez millones de pesos de la Secretaría técnica, la entidad del gobierno federal responsable de la implementación del NSJP en el país; y en general, tanto los diputados como la comunidad jurídica –dixit Pedro Antonio- desconocen en qué se han aplicado; se le puede llamar ¿opacidad, descuido del responsable o del titular de comunicación social?
El NSJP exige nuevas estructuras en las instituciones que habrán de operarlo, la transformación de los tribunales, la fiscalía, los defensores de oficio y los penales, son cuestiones de trascendencia, estructurales, son las meras tripas del poder; y en Nayarit, los reclamos de los abogados litigantes que se han escuchado en contra de la comisión y del poder judicial, son sintomáticos; a pesar de que han sido cobijados –desactivados- un tanto por el fiscal de hierro.
El nuevo proceso penal de corte acusatorio y oral, reclama la conjunción de esfuerzos de la federación y los estados, tienen que actuar bajo los ejes: planeación; normatividad; asistencia técnica; capacitación y difusión; y evaluación y seguimiento; según la página de internet de la comisión, los proyectos aprobados, tienen evidencias probatorias de su cumplimiento, destacando el contrato de difusión con la UT por cifras millonarias que solo Héctor Béjar y Miguel Ahumada conocen.
DISEÑO DE MP, PERITOS, DEFENSORES, JUECES
Todas las instancias deben de reestructurarse, y tienen que partir de algo que aún no existe! el código de procedimientos penales, cuyo redacción sigue la suerte de que primero se tuvo que vencer las reticencias de muchos, para que finalmente el congreso federal tenga atribuciones para elaborar un código procesal adjetivo penal único; muchos de los afanes (y dinero ejercido) del talentoso abogado del gobernador Sandoval, se fueron a los caros pagos de las asesorías que contrató con el ITSM, desde la formulación elemental de los expedientes técnicos hasta el proyecto de Código de procedimientos penales para la entidad, que se quedó en el estudio de comisiones del congreso local.
No sabemos si ya existe el necesario diseño que para asignarle al Ministerio Público las funciones centrales de investigar -obtener datos y medios de prueba- y litigar bajo los principios del sistema acusatorio adversarial y oral; ya lo saben los agentes del MP tienen que fundamentar adecuadamente su teoría del caso, argumentar en audiencias ante el juez de control y probar la acusación en el juicio oral; y saber desenvolverse ante el ejercicio de los recursos que ejercite la defensa de imputado.
Con las reformas constitucionales, el ministerio público tendrá una función transversal de hacer efectivo el respeto a los derechos humanos de los indiciados, como pre requisito de la garantía de cumplimiento del debido proceso; el sistema acusatorio parte de una eficiente y eficaz actividad policial de inteligencia y de investigación para la recolección de datos y medios de prueba; para su ulterior producción en el juicio oral, todo el procedimiento que debe estar bajo la dirección del Ministerio Público.
Lo que exige el NSJP es una rigurosa investigación policial-científica que haga prevalecer las estrategias criminalísticas y de información, sobre las de reacción típicamente policiales.
Y tratándose de las nuevas funciones de los MP´s deben existir las entidades intermedias, responsables de aplicar el principio de oportunidad en la averiguación previa, para discernir adecuadamente en la aplicación de la justicia restaurativa, que tiene entre otros objetivos disminuir la sobrecarga de trabajo de la fiscalía, sin perjuicio de la protección de los derechos de las víctimas o los ofendidos denunciantes.
¿Qué funcionario será capaz para desestimar causas no penales, pedir alternativas al juicio oral y aplicar el criterio de oportunidad? de forma transparente, que garanticen los derechos de las partes en controversia.., ¿¡quién..!? ¿¡quiénes..!? como se aprecia, caro lector, las respuestas pendientes del ya togado Miguel Ahumada son varias, y algunas de previo y especial pronunciamiento…
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