A través de un acuerdo publicado en el DOF, el presidente incluye con esta característica a los sectores turístico, de salud y comunicaciones, entre otros
El documento contraviene los principios de legalidad y taxatividad que señala la Constitución, pues declara de interés público y seguridad nacional prácticamente la mayor parte de las actividades de la administración pública federal, argumentando que las obras realizadas por dependencias del Poder Ejecutivo deben considerarse prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional.
El acuerdo también excede las facultades que la carta magna le otorga al presidente, ya que en la publicación no solo se incluyen las obras actuales del gobierno federal, mismas que no se mencionan con precisión, sino que también se refiere de manera ambigua a las acciones futuras que, “por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
Es decir, con este acuerdo, López Obrador intenta que cualquier acción de su gobierno se lleve a cabo sin cumplir los requisitos de ley que norman a cada sector del Ejecutivo federal solo porque se les considera como de seguridad nacional. Lo que implica -en lo inmediato- dotar de opacidad a todo lo que realice la actual administración.
De igual forma, el mandatario les ordena a todas las dependencias de la administración pública federal “otorgar la autorización provisional” de los permisos o licencias necesarias para iniciar cualquier proyecto u obra en los siguientes sectores: Comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, y aeropuertos.
Esto último no solo contraviene la legislación que deben cumplir las dependencias del Ejecutivo federal, sino que también se intentan ignorar las reglas que señala la Constitución en materia de competencia y medioambiente.
Presidente sin freno
En síntesis, con este acuerdo, el presidente quiere dejar de cumplir lo que le ordenan la ley y la Constitución, convirtiendo a su gobierno en una gestión que pueda obviar los obstáculos normativos que, desde su perspectiva, son trámites engorrosos, cuando en realidad se trata de reglas no potestativas que fueron creadas para contener al poder en beneficio de la ciudadanía.
En ese tenor, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que el acuerdo sirve simplemente para “agilizar trámites”, y no para evitar la rendición de cuentas. “Ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para facilitar, y que podamos terminar las obras”, dijo el mandatario en su rueda de prensa matutina.
Sin embargo, el problema no es el tipo de documento que se publicó en el DOF, pues este puede ser incluso un decreto, lo importante y más grave está en su contenido, que excede las facultades del mandatario e intenta dotar a su gobierno de facilidades que no están contempladas en la ley, violentando el principio fundamental de legalidad al que están obligados todos los funcionarios, empezando por el presidente.
De igual forma, el concepto “seguridad nacional” no es un fundamento válido para que las obras de infraestructura se desarrollen con mayor celeridad, pues si un proyecto se retrasa porque no ha cumplido con la normativa, por ejemplo, medioambiental, en nada afecta a la seguridad del país.
Empresas afectadas
Además de la opacidad y del incumplimiento a la Constitución, el acuerdo del mandatario también traerá consecuencias negativas para los sectores productivos del país, pues las empresas que ya participan en obras gubernamentales -directa o indirectamente- tendrán que cumplir cualquier condición que les imponga el Ejecutivo federal, pues no hay regla ni norma administrativa que valga, ya que todos los proyectos oficiales son de seguridad nacional.
No solo estamos hablando de consorcios constructores y de proveeduría para las obras emblemáticas de la actual administración, sino de las empresas que se relacionan con otras áreas económicas como el turismo, la salud, y las aduanas, entre otras, que deberán seguir lineamientos conocidos solo por el Ejecutivo federal bajo el argumento de la seguridad nacional, lo que garantizará que el gobierno actúe de manera arbitraria.
No se trata pues de un documento interno para que se pongan de acuerdo las distintas Secretarías de Estado, sino de la punta de lanza para que el presidente incumpla su deber principal, que no es otro más que respetar las leyes y la Constitución.
