El narcotraficante le pidió auxilio al presidente mexicano porque en EEUU ya le rechazaron todos los recursos legales que había promovido.
El delincuente, de 65 años, solicitó el auxilio del mandatario a través de un correo electrónico que su abogado envió a la Embajada de México en Estados Unidos, argumentando que en ese país se le han violado sus derechos humanos, a lo que López Obrador respondió que la petición sería analizada.
En realidad, el otrora líder del cartel de Sinaloa recurre al gobierno federal mexicano porque ya todos los recursos legales que tenía a su alcance le fueron rechazados en las Cortes estadounidenses, incluyendo un habeas corpus que desestimó un Tribunal de Distrito en Colorado, demanda en la que el capo se quejaba de las condiciones de vida que tiene -desde 2019- en el complejo penitenciario ADX Florence.
Si bien López Obrador dijo que no descartaba apoyar la petición del narcotraficante, “porque a cualquier persona se le tiene que garantizar” el derecho a la vida, el canciller Marcelo Ebrard, quien se encargará de explorar el tema, admitió este miércoles a la prensa que no ve posibilidades para el regreso del “Chapo” a México, porque “está cumpliendo una condena allá”.
Además, Estados Unidos no suele regresar a sus países de origen a los narcotraficantes que condena en su territorio, mucho menos si se trata de reos de alta peligrosidad con antecedentes de haberse evadido de la justicia.
Quiere un psiquiatra y más comida
En el último recurso que le fue rechazado, un habeas corpus que equivale al Juicio de Amparo en México, el “Chapo” se queja de las autoridades de la prisión de máxima seguridad ADX Florence, uno de los centros penitenciarios más severos de Estados Unidos, en el que -por ejemplo- los presos deben aprender a caminar con grilletes en los tobillos, en caso de que se les conceda salir de su celda.
En la sentencia que le negó la protección que solicitaba, cuya copia posee ALTO NIVEL, el magistrado de la Corte de Distrito de Colorado, Gordon P. Gallagher, le respondió al “Chapo” que el habeas corpus no es la vía para demandar mejores condiciones carcelarias, pues este recurso en realidad sirve para asegurar la liberación de una persona cuando esta se encuentra detenida de manera ilegal.
En su demanda, el narcotraficante mexicano argumenta que se ha violado en su contra la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe las fianzas y multas excesivas, así como las penas crueles e inusuales, al no tener acceso a ejercicio y oportunidades educativas.
Guzmán Loera se duele también de que le niegan productos de limpieza, no puede comprar agua embotellada; no se le proporciona atención médica; no le han dado porciones más grandes de comida, a pesar de que las ha solicitado en reiteradas ocasiones; en tanto que no se le permite enviar y recibir cartas.
Por todo esto, el delincuente solicitaba a la Corte su extradición a México, o en su caso, la posibilidad de que se le permita hacer ejercicio al aire libre durante 10 horas a la semana, se le proporcionaran materiales educativos traducidos al español, agua embotellada a la venta, “y visitas semanales de un profesional de salud mental de habla hispana”.
Nada de esto se le concedió al “Chapo” Guzmán porque él mismo, en la acción intentada, al proponer alternativas para mejorar sus condiciones de vida en reclusión, reconoce tácitamente que es legítimo su encarcelamiento, el cual podría mejorar “sin liberarlo de la custodia”, detalla la sentencia.
“Por estas razones, el Tribunal concluye que las condiciones de reclusión del peticionario no son reconocibles con el habeas corpus”, concluyó el magistrado Gordon P. Gallagher.
Seguirá en el Alcatraz de las Rocosas
El narcotraficante mexicano es el reo número 89914053 en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, ubicada en el desértico estado de Colorado, donde también están presos Zacarías Moussaoui y Ramzi Yousef, exmiembros de Al Qaeda; Dzhojar Tsárnayev, culpable del atentado en el maratón de Boston (2013); y Theodore Kaczynski, el matemático graduado de Harvard conocido como el Unabomber.
Conocida como el Alcatraz de las Rocosas, en referencia a la isla-prisión que fuera cárcel de máxima seguridad en los años treinta del siglo XX, frente a la Bahía de San Francisco, esta cárcel posee el mayor nivel de seguridad entre las prisiones de su tipo en la Unión Americana, además de que cuenta con un área especial para los delincuentes más peligrosos.
De hecho, en el caso del “Chapo”, este debe permanecer 23 horas al día en una celda de siete metros cuadrados, cuya principal característica es su insonorización. Ningún sonido sale al exterior, y lo único que puede escucharse que provenga de fuera es la alarma que avisa la apertura de la primera de sus dos puertas de acero.
Ocasionalmente, el capo mexicano puede salir de su celda para que tome el sol unos minutos, aunque para ello debe portar grilletes en los pies e ir esposado de manos. Estas medidas de seguridad se le quitan solo cuando ingresa a una jaula de menos de cinco metros cuadrados que se encuentra al aire libre, donde -en completa soledad- puede hacer algo de ejercicio.
De acuerdo con reportes de Amnistía Internacional, el confinamiento extremo y la falta de estímulos sensoriales a los que son sometidos los reos en ADX Florence generan un estado de deshumanización, lo que también incluye el desarrollo de severas enfermedades mentales en los presos, quienes en pocos meses pueden perder el contacto con la realidad y experimentar episodios psicóticos.
Dado que en términos éticos y jurídicos no puede tenerse simpatía por estos delincuentes, el propósito de este tipo de reclusorios, y en especial de ADX Florence, es mantener -en primer lugar- la seguridad del personal penitenciario, y en segundo, confinar a los presos bajo un control estricto para que estos consigan un comportamiento “progresivamente responsable”, tomando conciencia de la gravedad de sus delitos.
Por eso sorprende que el presidente Andrés Manuel López Obrador responda que analizará la petición que le hizo “Chapo”, a quien el mandatario se refiere siempre como “el Sr. Guzmán”, pues se trata de uno de los peores delincuentes que ha tenido México en décadas, cuyas actividades ilícitas han ocasionado cientos de homicidios, y el gasto de enormes cantidades de recursos públicos, usados para su búsqueda cuando se escapó en 2001 y 2015.
