Por su actitud de franco desacato, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, ya fue multada y podría ordenarse su detención.
La presidencia mexicana ha decidido, una vez más, desobedecer las determinaciones de los jueces del Poder Judicial de la Federación, acercándose a lo que suele suceder en los regímenes dictactoriales en el tema de la militarización de la Guardia Nacional, un proceso que se mantiene y que ya generó la primera multa que deberá pagar la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez.
Como se recordará, desde el pasado 24 de octubre, la jueza Karla María Macías Lovera, titular del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato, concedió una suspensión definitiva con efectos generales, que frena por tiempo indefinido la trasferencia de la Guardia Nacional al Ejército, debido a que esa medida trasgrede el artículo 21 de la Constitución mexicana.
Los efectos de esa suspensión definitiva incluyeron que no se transfiriera el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de que dicho organismo continúe bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
No obstante lo anterior, el Ejecutivo federal, a través del director de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad, le respondió a la jueza que no acatará la suspensión, lo que también implica dejar de observar la Constitución y la Ley de Amparo.
“Se informa a su Señoría que mi representada, conforme a nuestra Constitución, está obligada a acatar las Leyes que emite el Poder Legislativo, hasta en tanto no sean declaradas inconstitucionales por los órganos judiciales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha facultado para ello, lo cual a la fecha no ha ocurrido”, dice el documento de la Secretaría de Seguridad enviado a la jueza de Guanajuato, cuya copia posee ALTO NIVEL.
Así, con esta interpretación parcial y sesgada de las obligaciones constitucionales y legales del Poder Ejecutivo federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido actuar sin el contrapeso del Poder Judicial, pues todas las suspensiones que se conceden por los jueces federales deben acatarse, ya que estas son medidas precautorias previas a una posible inconstitucionalidad de alguna ley.
El desacato de la autoridad ya generó la imposición de una primera multa en contra de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que asciende a 9,622 pesos, la cual aumentará si se mantiene la desobediencia del Ejecutivo federal, e incluso podría implicar que la jueza Karla María Macías Lovera ordenara la detención de la titular de esa dependencia.
“Además, se dará vista al Ministerio Público por el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado”, detalla el auto de la titular del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato.
Continúan ataques y presiones
“Los jueces del Poder Judicial de la Federación están siendo presionados por la presidencia, por el Ejército”, y por la mayoría de las dependencias involucradas en este tema, dijo en entrevista con ALTO NIVEL Joan Antonio Ochoa, portavoz de las organizaciones civiles que hasta ahora han promovido 53 demandas de amparo en contra de las reformas con las que el Congreso concedió a la Sedena el control de la Guardia Nacional.
Los colectivos ciudadanos le piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que “deje los ataques constantes a quienes, desde un concepto apartidista, luchamos día a día contra las arbitrariedades de los gobiernos de todos los partidos políticos”.
Ochoa comentó que funcionarios de los juzgados federales en donde se deben resolver los amparos promovidos en contra de la militarización de la Guardia Nacional, ha admitido ante los demandantes que están siendo presionados desde el Poder Ejecutivo federal.
“Se les olvida constantemente, (…) que la Constitución es un instrumento del pueblo para frenar al gobierno, y no un instrumento del gobierno para controlar al pueblo”, apuntaron a su vez las organizaciones civiles en una misiva que le enviaron al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los ciudadanos que han demandado -vía amparo- que la Guardia Nacional no pase a ser un apéndice de las Fuerzas Armadas, le hacen “un llamado enérgico e imperante” al mandatario para que detenga sus ataques a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación.
Además, le recuerdan al presidente “que no puede amedrentar, denostar y mucho menos, intervenir en las funciones que desempeñan” los integrantes del Poder que se encarga de impartir justicia.
