*Destacado jurista propone en Tepic mayor relevancia nacional de derechos constitucionales de los estados
*Suprema Corte debe favorecer coadyuvancia de poderes judiciales estatales en tutela de derechos humanos, considera
Son bienes jurídicos que, tienen en el foro mala prensa y son, desdeñados en ocasiones por los Abogados litigantes; sin embargo, en la evolución del derecho constitucional de nuestro país, han adquirido justificadamente razón de pertenencia y hoy, son parte integral del bloque de constitucionalidad que tenemos los mexicanos a raíz de la reformas de gran calado que fueron las adiciones a la Carta Magna en el 2011.
El Tribunal superior de justicia de Nayarit, bien empieza el año con actividades académicas de relevancia; la presentación del texto del docto visitante, fue un éxito, si consideramos que tales eventos no son para legos; abarrotado el auditorio y se tuvo la visita de estudiantes de universidades locales que estudian esta noble profesión. Un excelente acto académico que ponderó adecuadamente la importancia y trascendencia de los derechos constitucionales que están inmersos en las cartas locales.
Para el doctor César Astudillo, referente mexicano en materia de justicia constitucional local, el bloque de constitucionalidad de nuestro país debe evolucionar para considerar como fuente primigenia, además de la Constitución Política y los tratados internacionales, una tercera: los derechos de las constituciones de los estados.
De otra manera, agregó, se estará negando la calidad de derechos fundamentales a los contenidos en las cartas magnas de las entidades federativas. Cabe señalar, dijo a continuación, que “entre más derechos, más democracia; entre menos derechos, el tono democrático de un Estado queda en duda”.
El destacado jurista estuvo en Tepic con motivo de la presentación de su libro “Derecho procesal constitucional local” en el auditorio de la sede del Poder Judicial de Nayarit, donde señaló asimismo que respecto del amparo federal, la justicia constitucional local es una justicia más cercana para la ciudadanía y las o los abogados de las entidades federativas.
Pero advirtió que el número de asuntos de la justicia constitucional local no podrá incrementarse en México si la Suprema Corte no le da un espacio de actuación adecuado a los poderes judiciales de los estados para que coadyuven con ella en la tutela de los derechos humanos.
En este aspecto el doctor Astudillo coincidió con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado y de la Sala Constitucional, magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto, quien había señalado en el acto en su carácter de presentador del libro en mención: “Un sistema de justicia constitucional local que no atienda la defensa de los derechos humanos es un sistema imperfecto, es un sistema que solo está referido a una justicia constitucional de carácter político”.
El autor del libro indicó más adelante que el correspondiente modelo nayarita es un modelo integral, que dispone de un conjunto muy amplio de instrumentos procesales de tutela constitucional y a juzgar por el alto número de juicios que atiende el Tribunal tiene la confianza ciudadana, “pero así como este es un sistema ensanchado nos encontramos con que hay otros estados en donde esto no es así”.
Previamente, el magistrado Ismael González Parra, integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, señaló que este órgano jurisdiccional nayarita es en el que se tramita el mayor número de medios de control constitucional local de todo el país y ejemplificó que de 2014 a 2017 atendió en total 910 juicios de protección de derechos fundamentales, contenidos en la Carta Magna local.
El también presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior dijo acerca del libro del doctor Astudillo que “nos acerca al conocimiento de la evolución que el constitucionalismo local ha tenido en México, particularmente a partir de la reforma constitucional en Veracruz en el año 2000”. Indicó que además, el autor expone las características de los sistemas de justicia constitucional por él denominados “periféricos”, para distinguirlos del sistema central a cargo del Poder Judicial de la Federación.
