La reforma trascendental de nuestra Carta Magna, ha derivado en esquemas judiciales de muy difícil concreción; la supremacía de los derechos humanos a inundado todo acto jurisdiccional, la interpretación convencional es un reto de tal magnitud que hoy jueces de Distrito y locales no saben qué hacer en su momento procesal cuando invocamos el Pacto de San José en juicios de garantías y del orden familiar.
De facto se ha parcelado el derecho judicial, un apartado enorme para la salvaguarda de los derechos de los niños, de los minusválidos, de los gay´s, y ahora de las personas y comunidades indígenas.
La suprema corte de justicia de la nación, ha implementado un nuevo protocolo para juzgadores, el cual tiene como objeto de casi un estado de excepción a los miembros de comunidades indígenas, y es a juicio del escriba, un problemón de enorme repercusión en la cotidiana tarea de juzgar a los miembros de las etnias locales, con la confluencia de los “usos y costumbres” y el derecho común.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del estado, doctor Pedro Antonio Enríquez Soto, manifestó el compromiso de jueces y magistrados nayaritas de convertir en herramienta cotidiana de su labor el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presentado este jueves anterior en Tepic.
La presentación tuvo lugar mediante un panel en que la representante de la Coordinación de Derechos Humanos y Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte, doctora María de los Ángeles Arcos García, manifestó que dicho acto es una excelente señal del compromiso del Poder Judicial de Nayarit frente a los retos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de la Ley de Amparo.
Tras manifestarse que Nayarit es la primera entidad fuera del Distrito Federal donde se presenta el mencionado protocolo, la doctora Arcos García reiteró que este hecho refleja el interés de las autoridades del Tribunal Superior de Justicia del estado por adecuar la praxis judicial a los instrumentos jurídicos internacionales.
Integrantes de grupos indígenas, abogados y servidores judiciales acudieron al TSJ, donde se dio a conocer el contenido del protocolo, que contiene los principios generales a la consideración de los juzgadores, entre ellos la no discriminación, la consideración de las especificidades culturales, así como la participación, consulta y consentimiento frente a cualquier acción que los afecte.
LOS CONFLICTOS QUE VIENEN
Al término del panel, el magistrado presidente, Enríquez Soto, reconoció la importancia de la tutela judicial de los derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, pero lo más importante —puntualizó— es su acceso a la justicia.
Agregó que al efecto el Consejo de Judicatura dispuso hace tiempo que los asuntos de habitantes de comunidades alejadas de Jesús María, cabecera de El Nayar, sean atendidos en juzgados de primera instancia más cercanos a ellos, aunque no pertenezcan a dicho municipio serrano. “Lo que sigue —dijo a continuación— es vigilar cómo estamos garantizando los derechos de los pueblos indígenas”.
Uno de los delitos recurrentes en las comunidades coras y huicholas, son los de índole sexual, incestos y poligamia son justificados por la manida condición de que son “usos y costumbres” ahora, con las sugerencias de este protocolo, cabe preguntarse ¿de qué manera resolverán los recurrentes casos de estupro..? es de todos conocido que a las niñas apenas púberes, en cuanto se les presenta su primer estro, ya son objeto de codicia sexual de sus mayores.
La interferencia de categorías jurídicas y la orientación hacia el justicialismo de los pueblos indígenas, de facto harán un estado de excepción de la vigencia de nuestros códigos penal y civiles; los derechos a su identidad, pertenencia y conservación de su cultura no son discutibles, empero, el diseño de la política de Estado para integrarlos al desarrollo común de nuestra sociedad, implica también la adecuación a nuestras normas, morales y legales sobre todo.
La declaratoria constitucional de que somos una nación pluriétnica es, sin duda un triunfo de los movimientos indígenas, que plantea una serie de contradicciones en la tarea de juzgar hechos punibles a la luz de nuestros códigos que no lo son en su derecho consuetudinario.
El estudio y conceptualización del derecho indígena ha sido precedido de enfoques diversos, entre los que destaca el planteamiento del llamado derecho consuetudinario indígena, o la «costumbre jurídica» o los «usos y costumbres», expresiones que anuncian subordinación del derecho indígena al derecho nacional predominantemente unicista y homogeneizador de la diversidad cultural.
Y este protocolo, sin duda, viene a parcelar el derecho judicial; a ver de qué manera se resuelven las consignaciones en los Juzgados de la sierra; y si los jueces de Distrito en materia de procesos penales marcan con sus prácticas el ejemplo a seguir.
Los pueblos indígenas aparecen en los hechos defendiéndose del Estado frente a la tendencia a su debilitamiento y adelgazamiento, se requiere un Estado fuerte para garantizar a los pueblos indígenas el ejercicio de derechos frente a intereses hegemónicos políticos y económicos.
Contacto.- luisi48@prodigy.net.mx
