El magistrado del Tribunal electoral del poder judicial de la federación TEPJF Manuel González Oropeza, es un dilecto doctor en derecho con una amplia hoja de vida, que hace enmudecer al más pintado, un letrado que tiene la sencillez del hombre culto y la bonhomía de un mexicano ilustre que representa a nuestro país en los foros internacionales del derecho constitucional y electoral; ayer, estuvo en el auditorio del TSJ, presentando un singular texto, del cual es coautor; se trajo a un secretario instructor junto con sus secretarios de estudio y cuenta.
Presentaron un texto cuyo título y contenido debiera avergonzar al legislativo federal, “Utilización de recursos públicos con fines electorales y su control constitucional” puesto que, se trata del cómo el poder judicial de la federación está creando jurisprudencia ante la irresponsable omisión del legislativo federal de no cumplir con el mandato constitucional, hacer la ley reglamentaria de un apartado del numeral 134 de la Carta Magna.
Y es, como le dije en una breve plática con el expositor, “los partidos políticos por conducto de sus legisladores federales, no se van a dar un balazo en un pié..” de ahí el porqué tienen ya nueve años que mandaron a la congeladora del descrédito político esta trascendente reforma. Se trata de normar de manera general o casuística, el cómo todo servidor público de los tres órdenes de gobierno está impedido –hasta de su propia persona- de utilizar recursos públicos para fines electorales.
Los abogados que le acompañaron tuvieron la atingencia en sus exposiciones de ser, ante todo didácticos –dado el público ahí presente- definiendo conforme al canon internacional, que es un “recurso público”, cuya definición abarca no solo los bienes patrimoniales o dinero que está a cargo del servidor, sino hasta el uso de la propia persona, quien por el prestigio personal o por el cargo que detenta, sí influye en el ánimo del electorado a la hora de los votos.
EL DICTUM DEL PRESIDENTE
Pedro Antonio Enríquez Soto, magistrado presidente del TSJ local, no nos hizo quedar mal ante la prosapia jurídica de los visitantes; con su dictum elaborado, disertó sobre la trascendencia no solo jurídica sino política del libro, señalando que sus autores aportan suficiente conocimiento del tema para que el legislativo federal haga lo que le corresponde.
Y además, como un oportuno, pertinente e invaluable aporte a la comunidad jurídica, a los partidos políticos y a todos los interesados en los procesos electorales, puesto que en éstos, se deben de respetar los fundamentales principios de equidad e imparcialidad.
Al hacer el análisis del tema del texto en comento, Enríquez Soto señaló que las omisiones en reglamentar el numeral 134 constitucional, constituye de facto una norma imperfecta, que establece claramente la prohibición de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos; y con el añadido que este enunciado no tipifica las conductas ni establece las sanciones que deben de imponerse cuando el servidor público deliberadamente vulnere la norma constitucional.
De ahí lo trascendente de la obra; a sus coautores les dijo que este vacío legal ha sido llenado por la Sala superior y las salas regionales del TEPJF, con todas las sentencias que son recopiladas en el libro que fue presentado; este ejercicio, dijo el togado, representa una aplicación directa de la carta magna ante la denuncia de casos específicos de ediles, gobernadores e incluso del mismo presidente de la república.
El magistrado Manuel González Oropeza, señaló enfáticamente que las omisiones legislativas no son nuevas en México, se refirió a un caso del porfiriato y expresó que debemos conocer “nuestras propias limitaciones como tribunal, pero evidentemente nuestras resoluciones son precedentes que pueden formar jurisprudencia y en ocasiones hay el buen tino en las autoridades legislativas de tomar estos precedentes como disposiciones legales..”
Finalmente y con un humor un tanto vitriólico el magistrado del TEPJF González Oropeza, dijo que en la materia electoral y ante esta grave omisión, no solo se requiere la acción legislativa federal, sino que también es posible y necesario que en ámbito local se pueda legislar al respecto, toda vez que se trata de una norma general.
Sin duda, un excelente evento, que valió la pena su espera; que nos confirma, que en México, los mejores hombres lúcidos y comprometidos con nuestro tiempo, son abogados, de dentro y de fuera de los poderes judiciales. Sí señor…
