María de los Ángeles Fromow es, una experimentada abogada en cuestiones de justicia del Estado mexicano, cuando se instauró la fiscalía para delitos electorales, ella, como su titular hizo un digno papel; ahora, en este gobierno es la titular del organismo que tutela la implementación del nuevo sistema de justicia penal en la república; hace un par de días, en el periódico “Universal” hizo un análisis general del cómo se encuentran las entidades en su proceso de cumplir esta importantísima reforma constitucional.
Al señalar el avance que tienen los estados, solo Chihuahua se encuentra en el estatus “óptimo”; en “alto” están Nuevo León, México, Yucatán y Morelos; en el “medio alto” se ubican Querétaro, Durango, Coahuila, Guanajuato (que es pionero en estas vainas) Baja California, Distrito Federal y Chiapas; en el nivel “medio” se encuentran Aguascalientes, Tamaulipas, Guerrero, San Luis Potosí, Quintana Roo, Campeche, Michoacán, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecaz y Colima.
En el nivel “medio bajo” estamos junto a Baja California sur, Jalisco, Hidalgo y Nayarit. Y, en la cola por su desastre interior se encuentra Sonora. Dice nuestra amiga, -la Fromow- que han estado revisando la capacitación, dando seguimiento y trabajando para que se logre la implementación; este es un gran reto. Señala que son grandes los desafíos, algunas entidades por su propia conflictiva implican un mayor cuidado, apoyo, seguimiento y mecanismos que les ayude a cumplir.
Independientemente de los parámetros que usa la Setec para calificar el avance del nuevo sistema penal en las entidades federativas, tenemos que partir de un factor que es determinante, la voluntad política que tienen los gobernadores para cumplir el mandato de las reformas constitucionales; en Nayarit, con el sátrapa ex gobernante anterior, fue letra muerta; a la llegada de Roberto Sandoval sin ser abogado, supo asumir la impronta de las reformas y de inmediato, a unas semanas de su toma de posesión, impulsó la creación de la comisión interinstitucional para la implementación del NSJP en la entidad.
En esta tarea, el gobierno del Estado, en sus tres poderes ha hecho una actuación ejemplar, bajo la eficiente coordinación del ahora magistrado del TSJ Miguel Ahumada Valenzuela, ha sabido coordinar los recursos del poder judicial, la eficacia del legislativo en su respuesta oportuna a las reformas y adiciones del marco legal, y aquí destaco la fina operación del letrado Javier Rivera, el hacedor de milagros legislativos y normativos en el congreso local; y desde luego, la excelente actuación del fiscal general Edgar Veytia.
EL CASO NAYARIT
Miguel Ahumada no comparte los parámetros de la Setec, por la forma maniquea en medir a entidades diferentes, por ejemplo, el Distrito federal y el estado de México con sus descomunales recursos están al mismo nivel de nosotros, solo que sus acciones son de mayor impacto en los justiciables; sin embargo, en Nayarit tenemos tres municipios con el nuevo sistema Tepic, Xalisco y Santa María del Oro, con cinco delitos de los denominados no graves, se cubre el 60% de nuestro territorio.
Edgar Veytia, con la enjundia que hace su trabajo, señala que se ha cubierto el total de la demanda de los justiciables, y si vemos que el nuevo sistema le impacta en un 70% la carga de trabajo a sus dependencias, no se la ha colapsado el sistema, quienes está en déficit, son la policía del Ayuntamiento de Tepic, que no ha actuado en consonancia a las acciones gubernamentales, este sería el lado débil que tiene la entidad.
El presidente del TSJ Pedro Antonio Enríquez, ha sabido concretar sus acciones a la dinámica de la implementación del nuevo sistema, sus dependencias apoyaron a la comisión interinstitucional y sus jueces están a la altura de los retos que el modelo adversarial implica; tienen una enorme responsabilidad, darle credibilidad a los agentes del foro local, de cara a esta implementación, las entidades federativas, están muy por encima del poder judicial de la federación, que escapa a las mediciones de la Setec.
Lo que hoy sucede en Nayarit, es la dinámica de los cambios constitucionales, en breve tendremos dos adiciones más y en materias civiles, los conflictos familiares y los juicios hipotecarios que han colapsado los juzgados civiles de Tepic y de Bahía de Banderas, son miles de expedientes que con trabajos se desahogan sus instancias procesales; la justicia oral, es la respuesta.
Quizás, el único sector que está en ayunas sobre la implementación del nuevo sistema son los abogados litigantes, van a pedir ayuda, cursos y demás cuestiones inherentes, como la misma bibliografía y códigos al fiscal general; Miguel Ahumada ya se los dijo, ahí están los cursos en línea, y su participación ha sido mínima.
El enorme reto de la implementación del NSJP, va bien en la entidad considerando los atrasos del tiempo en ello; gracias a Roberto Sandoval y su gente, esto camina, y camina excelentemente…! La reforma constitucional será una actuante realidad entre nosotros…
Contacto.- cronicaslip@gmail.com
